El régimen de Irán ejecutó este jueves a tres hombres detenidos durante las protestas de enero de 2026, en los primeros ahorcamientos oficialmente reconocidos por las autoridades relacionados con esas manifestaciones. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron colgados al amanecer en la prisión central de Qom, al sur de Teherán, tras ser condenados por moharebeh —enemistad contra Dios—, el delito capital que establece la sharia iraní, según informó la agencia judicial Mizan.
El caso que concentró mayor atención fue el de Mohammadi, que acababa de cumplir 19 años y era miembro del equipo nacional de lucha libre, con participación en competiciones internacionales. Fue condenado por su presunta implicación en la muerte de un agente de policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. Según la organización noruega Iran Human Rights (IHR), la condena se fundó en una confesión obtenida bajo tortura. Su abogado de oficio no logró que el tribunal admitiera las pruebas de descargo, incluidas imágenes de cámaras de vigilancia que, según los allegados del joven, no lo situaban en el lugar de los hechos.
Amnistía Internacional señaló que a Mohammadi se le negó una defensa adecuada y fue forzado a confesar en procedimientos tan acelerados que no se parecieron en nada a un juicio real. El monitor jurídico Dadban añadió que los tres condenados carecieron de acceso efectivo a abogados independientes y que, en esas condiciones, el uso de la pena de muerte equivale a una ejecución extrajudicial. Davoudi fue acusado de matar a dos policías con armas blancas; Ghasemi, de llevar a cabo acciones operativas a favor de Israel y de incitar a la violencia para desestabilizar el país, según la versión oficial.
Las ejecuciones se produjeron un día después de que las autoridades ahorcaran a Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, por espionaje en favor del gobierno israelí, el tercero ejecutado en 2026 por ese motivo, según IHR. La canciller sueca Maria Malmer Stenergard declaró que el proceso legal no fue jurídicamente sólido, y la Unión Europea también condenó la ejecución.
Las protestas estallaron a finales de diciembre de 2025 con movilizaciones de comerciantes contra el alza del costo de vida, y se extendieron a más de cien ciudades, convirtiéndose en las mayores manifestaciones desde la Revolución de 1979. Las jornadas más cruentas fueron las del 8 y 9 de enero. El régimen de los ayatolás admitió más de 3.000 muertos entre manifestantes y efectivos de seguridad, y atribuyó la violencia a terroristas financiados desde el exterior. La agencia estadounidense HRANA documentó más de 7.000 muertes, con la mayoría entre los propios manifestantes, y advirtió de que la cifra real podría ser mucho mayor.
IHR calcula que centenares de detenidos enfrentan cargos que podrían acarrearles la pena capital. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que no habrá clemencia para quienes resulten condenados por actos violentos.
La organización teme que la guerra en curso —iniciada el 28 de febrero con los ataques que causaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei— sirva de pantalla para acelerar los ajusticiamientos. “Estas ejecuciones se llevan a cabo para sembrar el miedo en la sociedad, pues la República Islámica sabe que la principal amenaza a su supervivencia proviene del propio pueblo iraní”, señaló IHR.
Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones tras China; el año pasado registró al menos 1.500 ahorcamientos, según IHR. La ejecución de Mohammadi evocó de inmediato la del luchador Navid Afkari, ahorcado en 2020 pese a una campaña internacional que no logró detener el ajusticiamiento. El régimen responde hoy a una presión exterior todavía mayor con la misma lógica: más horca, menos ruido.