El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, aprovechó la visita del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, para dejar claro que su gobierno no aceptará “de ninguna manera” injerencias en los asuntos internos del país. El mensaje, emitido tras una reunión oficial, respondía directamente a recientes declaraciones del ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchi, quien había respaldado públicamente la negativa del grupo terrorista Hezbollah a acatar una decisión del Consejo de Ministros libanés que ordena al Ejército preparar, antes de fin de año, un plan para desarmar al grupo chií.
Salam calificó esas palabras como “una flagrante desviación de las normas diplomáticas” y una “violación del principio de respeto mutuo de la soberanía”. Rechazó que ningún actor extranjero, aliado o no, cuestione decisiones tomadas en el marco de las instituciones nacionales. “Las decisiones del Líbano las toman únicamente los libaneses, que no aceptan la tutela ni las imposiciones de nadie”, subrayó.
El plan para restringir las armas al control exclusivo del Estado se apoya en el Acuerdo de Taif de 1989 y en la declaración ministerial del actual gobierno. También se enmarca en una presión creciente de Estados Unidos y varios países europeos para reducir la influencia de milicias armadas y fortalecer al Ejército como única autoridad militar legítima. Washington ha condicionado parte de su ayuda al cumplimiento de este objetivo y ha pedido un calendario claro para su implementación. La iniciativa cuenta con respaldo formal del gabinete libanés, que encargó al Ejército la elaboración del plan antes de que termine agosto.
La respuesta de Hezbollah no se hizo esperar. La organización, estrechamente ligada a Irán, calificó el plan como un “pecado grave” y lo presentó como un alineamiento del gobierno con intereses israelíes. La tensión se agravó con las declaraciones de Araghchi, que repitió el argumento de Hezbollah y criticó abiertamente la decisión oficial. Irán, que desde hace décadas es el principal proveedor político, militar y financiero del grupo, insiste en que su presencia armada es esencial para la defensa frente a Israel. El gobierno de Salam, sin embargo, sostiene que la defensa nacional es competencia exclusiva de las fuerzas estatales y que cualquier ayuda exterior debe canalizarse por los mecanismos institucionales.
En este escenario, el presidente libanés Joseph Aoun coincidió con la postura del primer ministro y advirtió a Larijani que “no se permitirá que ningún grupo armado opere fuera del control del Estado”. Esta afirmación, aunque diplomática en el tono, supuso un recordatorio directo a Teherán de que la relación bilateral debe basarse en el respeto a la soberanía. Larijani, por su parte, negó que Irán interfiera en los asuntos internos libaneses y culpó a Estados Unidos de imponer el plan de desarme. También ofreció cooperación en la reconstrucción del país, siempre que sea solicitada de forma oficial.
La disputa sobre el armamento de Hezbollah no es nueva. Desde 2019, movimientos de protesta en Líbano han denunciado la influencia de Irán y el peso político y militar del grupo en la parálisis institucional. El debate se agudizó tras el reciente conflicto con Israel, que dejó a Hezbollah debilitado y al país en una crisis económica y humanitaria aún más profunda. Arabia Saudita, Francia y otros actores regionales han vinculado su ayuda financiera a reformas estructurales y a avances concretos en el monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Para Salam, el asunto trasciende el enfrentamiento con Israel. Su posición busca frenar cualquier intento de convertir a Líbano en plataforma para disputas regionales. “El Líbano es un país pequeño que ha sufrido durante mucho tiempo la injerencia de otros y no aceptará ser utilizado como escenario para mensajes regionales”, declaró tras el encuentro con Larijani. En sus palabras, la unidad nacional y la independencia en la toma de decisiones son “líneas rojas intocables”.
La cuestión central sigue siendo la misma: si Líbano puede recuperar un control pleno sobre su seguridad sin desatar una nueva crisis interna. El desarme del grupo terrorista Hezbollah implica un desafío directo a uno de los actores políticos más poderosos del país y a su principal aliado internacional, Irán. En un entorno donde las alianzas sectarias y geopolíticas pesan tanto como la legalidad interna, la apuesta de Salam supone un pulso diplomático que podría definir el rumbo de la política libanesa en los próximos años.
A la vez, la presión internacional para resolver este asunto refleja la complejidad del tablero regional. Estados Unidos, Israel, Irán y Arabia Saudita observan de cerca cada paso, conscientes de que el equilibrio interno del Líbano influye en la estabilidad del Mediterráneo oriental. La visita de Larijani y las respuestas de Salam y Aoun marcan un nuevo capítulo en una relación bilateral que, aunque histórica, se encuentra ahora bajo tensión abierta.