El Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo en el Congreso, prevé una reducción de 155.000 pensiones por discapacidad. La previsión, incluida en los números para el año próximo, es previa a la medida judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir las 119.033 suspendidas este año.
Así, la concreción final de los recortes está supeditada a decisión de la Justicia.
Vale recordar que esto ocurre en medio de la polémica por presuntas coimas en Andis, causa que involucró a Diego Spagnuolo, su ex titular, quien fue desafectado del cargo.
De acuerdo al análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de los $71 billones asignados a prestaciones previsionales —que incluyen jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas—, $3,8 billones se destinarán al pago de bonos. El monto es prácticamente igual al previsto para este año, lo que implica la continuidad del bono de $70.000 sin incrementos durante 2026.
En tanto, la cantidad de jubilados y pensionados pasaría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026 (-1,5%), “motivada básicamente por la caída en de titulares en las pensiones por invalidez”, lo cual implicaría 155.000 beneficiarios menos.
De aprobarse el proyecto de presupuesto, el gasto en las pensiones por invalidez sería de $4 billones, una reducción en términos reales de 10,6 por ciento. Como porcentaje del PBI, pasaría de 0,5% a 0,4% el próximo año.
Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) explicó que esa previsión se debe a las revisiones que tiene que hacer la Andis.
Sucede que la Casa Rosada considera que “las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco, se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de X en agosto pasado.
Desde el Ministerio de Salud habían afirmado: “Las auditorías implementadas por la actual gestión tienen como objetivo reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares, lo que se observa en cómo crecieron las pensiones entre 2003 y 2023, de 200.000 a 1.250.000″.
Colina detalló que previo al recorte inicial había 1 millón de pensionados y opinó que una disminución de esa cifra es viable pero con buena gestión, “ahí es donde el Gobierno es débil”.
“Puede revocar las pensiones si se comprueba que la persona beneficiaria no posee una discapacidad del 67%. El problema es que se suspendieron un montón sin fundamentos”, explicó.
Mientras avanza el debate legislativo en comisiones, días atrás el Ejecutivo acató la orden del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, y restableció las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que había eliminado. La decisión tiene como antecedente la cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim).
La sentencia ordena que la Andis “restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorias con base en la normativa cuestionada (dec. 843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.
En Andis confirmaron que la auditoría fue interrumpida por el fallo judicial.
Dado que todavía no se resolvió la cuestión de fondo en la Justicia, Rafael Flores, economista especializado en presupuesto apuntó: “Lo que recomendarían las buenas prácticas presupuestarias es que el recorte de pensiones se considerara un pasivo contingente. Es decir, un pasivo que no está asumido, pero que es posible que se tenga que pagar. Eso se detalla como parte de los riesgos fiscales que habrá a lo largo del ejercicio y que es necesario considerar porque cambian las cuentas públicas”.
El magistrado manifestó que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.
Por otra parte, la OPC indicó: “Para asignaciones familiares se prevé un gasto de $10,1 billones (1,0% del PBI), lo que arroja un incremento real de 3,7% respecto del cierre estimado para 2025″. Pero “se proyecta una merma en la cantidad de asignaciones familiares por hijo, pasando de un promedio mensual de 4,5 millones este año a 4,4 millones en 2026″.
Otros puntos importantes que resaltó la OPC en su informe son:
- Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.
- La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales.
- El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.
- El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6 por ciento.
- Las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año y a universidades 8,8 por ciento. No se identifican giros a CABA por el servicio de seguridad.
- Las empresas públicas recibirán de la APN $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
- Los ingresos totales permitirán un excedente, por lo que las necesidades netas de financiamiento serán de -$0,2 billones.