Kevin Orozco, un joven venezolano detenido por razones políticas, fue excarcelado la mañana de este domingo, pocos días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación y falleció de un infarto mientras aguardaba una respuesta del régimen chavista.
Orozco llevaba meses privado de libertad. Su madre, de 38 años, había denunciado públicamente su situación y participaba de vigilias frente al centro penitenciario de Tocorón para exigir información sobre su caso. La noche del 21 de enero, tras una de esas jornadas de espera, Salas sufrió un infarto y murió sin haber visto a su hijo en libertad.
La excarcelación de Orozco se produjo días después, en el marco de un proceso anunciado por el régimen de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Según datos de la Plataforma Unitaria Democrática, hasta el mediodía del domingo se habían confirmado 221 excarcelaciones en distintos puntos del país, aunque persisten diferencias entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes.

La muerte de Salas generó conmoción en su comunidad. Vecinos y allegados de San Pedro de los Altos expresaron su pesar por lo ocurrido y señalaron que la liberación llegó demasiado tarde. La mujer había sostenido durante meses reclamos públicos para que se revisara la detención de su hijo, en un contexto en el que numerosas familias denuncian la falta de información y la demora en los procesos judiciales.
Organizaciones de derechos humanos que siguen casos de detenidos por motivos políticos advirtieron que muchas de las privaciones de libertad registradas en los últimos años se produjeron sin el debido proceso. En un comunicado difundido tras la muerte de Salas, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que “esta excarcelación llega terriblemente tarde” y agregó que el caso evidencia “el impacto devastador que la detención arbitraria tiene no solo sobre quienes son privados de libertad, sino también sobre sus familias”.
En ese pronunciamiento, la organización sostuvo que la mujer murió “tras una vigilia marcada por la angustia, el cansancio y la esperanza de una buena noticia que nunca llegó”. También señaló que la espera prolongada genera efectos psicosociales profundos en madres y familiares que acompañan estos procesos.
El caso de Orozco se inscribe en un escenario más amplio de revisiones de detenciones tras la crisis política desatada luego de las elecciones de 2024 y la posterior captura de Maduro. Desde entonces, las autoridades chavistas han anunciado liberaciones progresivas, aunque sin detallar públicamente los criterios ni el alcance total de las medidas. La jefa del nuevo régimen, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que más de 600 personas fueron liberadas, una cifra que no coincide plenamente con los registros independientes.
El Foro Penal, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de personas detenidas por razones políticas, reportó este domingo 80 excarcelaciones verificadas y señaló que el proceso continúa en distintas regiones del país. Sin embargo, advirtió que aún permanecen privadas de libertad cientos de personas por causas vinculadas a protestas y hechos políticos.
La muerte de Yarelis Salas puso rostro humano a esas estadísticas. Su hijo recuperó la libertad cuando ella ya no estaba con vida, un desenlace que reavivó el debate sobre la duración de las detenciones preventivas y el impacto que estas generan en el entorno familiar. Mientras continúan las excarcelaciones, el caso de Kevin Orozco quedó marcado como uno de los episodios más trágicos de este proceso en curso.
(Con información de EFE)