Una planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni en Potosí, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que su país debe impulsar una nueva ley para el sector de recursos evaporíticos, centrada en el litio, que establezca reglas claras para atraer inversiones y, al mismo tiempo, resguarde los intereses nacionales. Durante un acto en la región andina de Potosí, donde se localiza el salar de Uyuni —la principal reserva de litio del país—, Paz criticó los contratos realizados durante el Gobierno de Luis Arce para la explotación de este recurso, señalando que “nadie conoce” los detalles de esos acuerdos.

El mandatario subrayó que Bolivia necesita fortalecer su capacidad en el desarrollo de químicas básicas, elemento clave para la fabricación de plásticos e industrias relacionadas, como vía para fomentar la inversión bajo condiciones transparentes. Paz aseguró que sostendrá diálogos para la firma de nuevos contratos de explotación del litio “con aquellos que quieran hacer contratos transparentes, pero no discursos populistas”, y remarcó que la región de Potosí es la más rica en minerales del territorio boliviano, aunque sus habitantes siguen en situación de pobreza.

El presidente expresó que el país busca evitar el saqueo de sus recursos, pero a la vez está abierto a recibir inversiones y establecer alianzas sólidas. “Con reglas claras, que vengan a invertir para desarrollar el punto minero más importante del mundo”, declaró. También advirtió que los productos mineros solo adquieren valor cuando logran exportarse, por lo que instó a frenar los bloqueos de carreteras, una práctica frecuente de sindicatos y sectores sociales que, según Paz, ahuyenta la inversión privada.

De acuerdo con estimaciones del anterior Gobierno, Bolivia cuenta con reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría ubicadas en el salar de Uyuni, que abarca una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. En 2023, el país inauguró en Uyuni un complejo industrial estatal con capacidad para producir 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio, mediante un sistema de piscinas de evaporación. Sin embargo, la planta solo logró operar a menos del 20% de su capacidad y presentó defectos de diseño.

Gobierno boliviano inicia el pago de un bono social para mitigar la crisis

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. EFE/ Luis Gandarillas

Por otro lado, Paz inició este lunes el pago de un bono de 65 dólares dirigido a madres, personas mayores y sectores vulnerables, con el fin de mitigar el impacto de la crisis económica que atraviesa la nación andina. El gobierno de Paz enfrenta la mayor crisis económica en cuatro décadas y ha implementado una serie de ajustes, como la eliminación del subsidio a los combustibles, que ha provocado que su precio se duplique en el mercado local.

Hasta la fecha, Bolivia adquiría combustibles a precio internacional y los vendía al 50% de su valor en el mercado interno, lo que deterioró las reservas internacionales, ya afectadas por la disminución de los ingresos derivados de la exportación de gas. Paz puso en marcha el pago de la primera cuota del bono en la región de Potosí, donde instó a ancianos, madres y niños a acercarse a cobrar el beneficio. “Esto viene ahora para que tengamos base social. Hay que comer, hay que salir adelante”, afirmó el mandatario durante el evento.

Según el gobierno, los fondos para este bono provienen del ahorro generado por la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que provocó diversas protestas en el país. Además, Paz explicó que parte de los recursos se obtuvo tras la supresión de contratos laborales fantasma que, según él, mantenían los gobiernos de izquierda en los últimos veinte años.

Rodrigo Paz lleva poco más de dos meses al frente del Ejecutivo y busca transformar el modelo económico estatista y reducir la tasa de inflación, que el año pasado cerró en 20%. En paralelo, su administración ha gestionado créditos con organismos internacionales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de 7.600 millones de dólares.

(Con información de EFE y AP)