El Parlamento de Israel aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinatos tipificados como terrorismo, con aplicación central en los tribunales militares que juzgan a palestinos en Cisjordania.
La norma fue sancionada con 62 votos a favor y 48 en contra, tras más de diez horas de debate, y fija que la ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días desde la sentencia.
La ley convierte la pena capital en la sanción por defecto para los palestinos sometidos a la jurisdicción militar israelí en territorio ocupado. Solo en “circunstancias especiales”, que el texto no desarrolla en detalle, podrá sustituirse por cadena perpetua.
Para los ciudadanos israelíes juzgados en tribunales ordinarios, en cambio, los jueces conservan mayor margen para optar por prisión perpetua en lugar de la ejecución.
La reforma fue promovida por el partido ultranacionalista Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y recibió el respaldo de la mayor parte de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien asistió personalmente a la votación en el pleno y votó a favor.
La normativa también define el procedimiento de ejecución. El Servicio Penitenciario israelí deberá concretar el ahorcamiento dentro del plazo establecido, bajo un régimen estricto de aislamiento del condenado, acceso limitado a familiares y supervisión de funcionarios específicos. Otro cambio es que la sentencia podrá ser adoptada por mayoría simple del tribunal, sin necesidad de unanimidad, una modificación sustancial respecto del marco anterior.
Durante el debate, la oposición cuestionó la medida. El diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, la calificó de “populista, inmoral y no igualitaria”, mientras que legisladores árabes y sectores opositores remarcaron que la aplicación práctica recaerá sobre palestinos y no sobre colonos o ciudadanos judío-israelíes involucrados en ataques similares.
Uno de los puntos más discutidos fue precisamente el alcance territorial y judicial de la reforma. Al operar principalmente sobre tribunales militares en Cisjordania, la ley se proyecta sobre palestinos residentes en un territorio ocupado, una cuestión que expertos legales israelíes y organismos internacionales consideran especialmente sensible desde el punto de vista del derecho internacional.
El debate se prolongó durante casi doce horas, en una sesión marcada por intervenciones emotivas de familiares de víctimas de atentados y por discursos de los impulsores de la norma, que la presentaron como una herramienta de disuasión.
La diputada Limor Son Har-Melej, una de las principales promotoras, sostuvo que se trata de “un momento de justicia histórica” para quienes perdieron familiares en ataques.
En la parte final del proceso legislativo, la aprobación coincidió con otra señal política: la consolidación interna de la coalición de Netanyahu tras el aval a los presupuestos 2026, lo que dio margen para avanzar con una de las banderas más sensibles del bloque de Ben Gvir.
La reforma marca además una ruptura con la práctica histórica israelí. Hasta ahora, la pena de muerte solo estaba prevista para casos excepcionales, como genocidio o crímenes de guerra, y solo fue aplicada una vez en la historia del país: la ejecución de Adolf Eichmann en 1962.
Con esta votación, la Knéset reinstala la pena capital en delitos de terrorismo bajo un esquema de aplicación rápida, ahorcamiento obligatorio y foco en la jurisdicción militar, una decisión que reconfigura el marco penal israelí en medio de la guerra y que abre una nueva etapa de disputa política y judicial dentro y fuera del país.
(Con información de EFE y Europa Press)