Bolivia enfrenta una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, una situación que se refleja de forma concreta en uno de sus alimentos esenciales: el pan subsidiado, según menciona en un reciente informe la agencia AP.
La reducción sistemática en tamaño y la calidad del pan de batalla, muestra rostros afectados, malestar y la incertidumbre de consumidores y productores a las puertas de un proceso electoral incierto, que se llevará a cabo el 17 de agosto.
Transformación del pan de batalla: de alimento básico a símbolo de precariedad
Durante años, miles de habitantes acudieron a panaderías estatales en barrios populares y mercados urbanos para comprar el tradicional “pan de batalla” de 100 gramos, vendido a cincuenta centavos bolivianos gracias al subsidio estatal.
Sin embargo, la promesa del acceso a un producto esencial a precio congelado empezó a desmoronarse. Juan de Dios Castillo, panadero, utiliza una balanza antigua que hoy marca sesenta gramos por pieza, cuando dos años atrás el pan mantenía su volumen y textura originales, según relató a AP.
La merma progresiva, de ochenta gramos a principios del año pasado, luego setenta y finalmente sesenta, ha sido evidente. “Es como comer un poco de aire, una oblea de comunión, ya no llena,” explicó Rosario Manuelo Chura, de cuarenta años, a la agencia AP, mientras mojaba el pan en su café matutino en La Paz.
Para los clientes, la insatisfacción crece ante un pan cada vez más pequeño, más liviano y de inferior calidad.
Los panaderos también muestran su descontento. Obligados a mantener el precio fijo durante diecisiete años y enfrentando un incremento constante en el coste de insumos, especialmente la harina importada, muchos han visto la rentabilidad desplomarse.
“Esta situación no es sostenible”, afirmó Castillo a AP mientras cerraba el horno en el que trabaja. El precio permanece, pero el negocio se erosiona a la vista de todos.
El contexto económico y el agotamiento del modelo de subsidios
El “pan de batalla”, cuyo origen se atribuye a las raciones entregadas a los soldados bolivianos en la guerra del Chaco durante la década de 1930, ha pasado de símbolo histórico a evidencia de un modelo estatal desactualizado.
Según AP, la incapacidad de importar suficiente trigo, ya que el país solo cultiva una cuarta parte de lo que consume, genera desabastecimiento, largas filas y estanterías vacías en mercados de La Paz. Las demoras en la importación han forzado al gobierno a reducir o suspender entregas de harina subsidiada a las panaderías.
La escasez de dólares, moneda utilizada en el comercio exterior boliviano, es el eje central de la crisis. Esta carencia no solo limita la compra de trigo, también afecta la adquisición de diésel, fundamental para el transporte y la maquinaria agrícola. Los recortes en el suministro de combustible han aumentado el costo en toda la cadena de alimentos, profundizando la crisis.
Frente a este escenario, miles de bolivianos eligen entre hacer fila para adquirir pan al precio oficial en panaderías estatales o pagar veinte centavos adicionales en panaderías privadas por una pieza más sustanciosa. Los relatos recogidos por AP muestran cómo la inflación supera los salarios y empuja a los sectores vulnerables a sus límites.
Impacto de la inflación y factores internacionales
Bolivia, que antaño tuvo una inflación inferior a la de Alemania, figura hoy entre los países sudamericanos más afectados. Según datos oficiales citados por AP, los precios al consumidor subieron un 25% en julio respecto al mismo mes del año anterior.
Pese a este aumento, el precio del pan se mantiene congelado desde hace diecisiete años, sostenido por un subsidio cada vez menos ajustado a los costos reales de producción, disparados tras el encarecimiento de los suministros importados.
El trigo, que llega principalmente desde Argentina, ha duplicado su precio ante la política económica del presidente Javier Milei y la apreciación del peso argentino.
Por otro lado, el peso de la historia presiona sobre el Ejecutivo: la memoria nacional de Bolivia recuerda crisis desencadenadas por el alza en los precios de productos básicos, como la Revolución Francesa o los disturbios venezolanos de 1989.
Por ello, el gobierno del Movimiento al Socialismo evita cualquier ajuste en el precio del pan, a pesar de que la economía muestra señales claras de agotamiento.
“El día que sube el precio del pan de batalla se termina todo”, aseguró Jacobo Choque, contador de cuarenta años, a AP, en una panadería privada de La Paz, donde los clientes resignados pagan más por calidad, mientras otros solo buscan conseguir alguna pieza subsidiada.
La crisis del sistema de subsidios alimentarios
Las consecuencias operativas son palpables: la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) ha dificultado la logística, retrasando y en algunos casos deteniendo completamente la entrega de harina. Los panaderos, atados por contrato a un solo proveedor, deben invertir de sus propios recursos para obtener insumos alternativos.
Muchos consideran que el subsidio es ahora una carga, más que una ayuda. “Lejos de ayudarnos, los subsidios nos perjudican”, expresó Castillo.
El ambiente se tensa aún más con las acusaciones contra EMAPA de distribuir insumos con favoritismos y de que existen redes de reventa de harina subsidiada en el mercado negro. La entidad oficial niega irregularidades y justifica el endurecimiento de los controles debido a la proliferación de abusos, como el uso de aditivos de bajo costo o el desvío de la harina.
En los mercados y panaderías, la tensión social se exhibe a diario. Las vendedoras soportan reclamos constantes por la reducción o ausencia de pan, y canalizan la frustración de los clientes hacia el gobierno. Raquel de Quino, con más de treinta años en el oficio, resumió a AP el sentir general: desea que esto se resuelva en el próximo gobierno.