El miedo a la deportación a una nación en crisis cunde entre la diáspora de Haití en Estados Unidos tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ordenó la Administración de Donald Trump para más de medio millón de ellos pese a la prohibición de viaje a ese país por la violencia de las pandillas.
La decisión del Gobierno de Trump de eliminar el TPS para 521.000 haitianos a partir del 2 de septiembre ha causado un temor nunca antes visto entre los exiliados en Estados Unidos, donde ya casi no salen a las calles, contaron este lunes integrantes de la Red Nacional de Funcionarios Electos Haitiano-Americanos (NHAEON, por sus siglas en inglés).
“Los miembros del clero pueden hablar de ello. Nuestras iglesias están vacías ahora o cuando hacemos eventos vemos menos personas por la amenaza del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la amenaza de no saber si las van a deportar o no”, indicó Mary Estimé-Irvin, presidenta de la NHAEON en una conferencia.
Entre ellos está el pastor Gregory Toussaint, de la iglesia Tabernáculo de Gloria, quien advirtió de la agudización del “desastre humanitario” en Haití, donde ya hay un récord de 1,3 millones de personas desplazadas por la violencia a nivel interno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
“Haití no es seguro en este momento, puedo atestiguarlo personalmente, como un pastor y como alguien que tiene iglesias en Haití. En los últimos 18 meses he tenido al menos cinco líderes en Haití que han recibido disparos, y tres de ellos han muerto”, relató Toussaint.
¿Un país “seguro” o uno en “crisis”?
En particular, los líderes de origen haitiano cuestionaron que, para eliminar el TPS, el Gobierno de Trump argumentó que el ambiente “ha mejorado lo suficiente” en Haití, pero semanas antes, el 4 de junio, anunció una prohibición de viaje al país ante el crimen y disturbios civiles por la violencia de las pandillas.
Toussaint alertó de las consecuencias de deportar a 521.000 personas al país, donde el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) depende de la diáspora haitiana, que envió 4.100 millones de dólares en 2024 a la nación caribeña, cuya mitad de la población vive inseguridad alimentaria, según la ONU.
“Estamos echando a las personas en medio de un huracán, así que le pedimos a la Administración Trump que reconsidere”, expresó.
Tessa Petit, haitiana que llegó a Estados Unidos en 2001, denunció que los funcionarios tendrán “sangre en sus manos” por estas deportaciones, al recordar que en Haití, con más de 11 millones de habitantes, han asesinado a más de 2.500 personas en lo que va del año, según datos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La mujer, quien ahora dirige la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), criticó que el fin del TPS también se justifique con presuntas amenazas a la seguridad nacional estadounidense.
“Vuelven a decir esto sobre líderes de pandillas, miembros de pandillas y todas las cosas que surgen cuando quieren etiquetar a los haitianos como terroristas. No somos 500.000 miembros de pandillas. Estas son familias que han estado aquí por décadas”, manifestó.
Florida, un epicentro de la crisis
El fin del TPS es un tema que afecta en especial a Florida, donde vive uno de cada tres migrantes con este estatus de protección en Estados Unidos, con el 35 % de ellos de origen haitiano, por lo que el estado tiene a la mayor diáspora de este país.
En la región, los inmigrantes también temen a las medidas del gobernador, el republicano Ron DeSantis, como la construcción de la prisión ‘Alligator Alcatraz’ que abrirá este martes en medio de los pantanos llenos de caimanes, o los acuerdos locales entre la policía y el ICE.
“Durante los 42 años que he estado aquí, nunca he recibido tantas llamadas de personas (asustadas), de miembros de familias, de madres, de padres. Solo imagínense, han estado aquí desde 1988”, declaró Marleine Bastien, comisionada (concejal) del condado Miami-Dade, nacida en Haití.
(EFE)