La inminente modificación en la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzará a regir en enero de 2026, plantea interrogantes sobre la precisión de las estadísticas oficiales en materia de inflación en Argentina. El cambio, que ajustará la ponderación de cada rubro, permitirá conocer recién en febrero los primeros resultados del nuevo índice. Mientras tanto, la medición de enero continuará utilizando la base de diciembre de 2025.
El principal problema del IPC actual radica en que su estructura responde a un patrón de consumo relevado en 2004. En más de 20, las costumbres de los hogares y el avance de la tecnología han modificado la composición del gasto familiar de manera profunda. Sin embargo, hasta el cambio previsto para 2026, las estadísticas oficiales seguirán atadas a una canasta desactualizada, lo que genera distorsiones en la medición de la inflación.
La canasta que utiliza el Indec se construye a partir del análisis de los gastos de lo que denomina una “familia tipo dos”: un matrimonio heterosexual de 30 años con dos hijos pequeños
La canasta que utiliza el Indec se construye a partir del análisis de los gastos de lo que denomina una “familia tipo dos”: un matrimonio heterosexual de 30 años con dos hijos pequeños. Este hogar, según la metodología oficial, consume regularmente productos como carne, papas, fideos, ropa, medicamentos, utiliza transporte público, alquila vivienda y abona servicios como luz, gas y agua. Cada uno de estos rubros recibe una ponderación determinada, es decir, un porcentaje del gasto total mensual.
El problema central es que estos porcentajes, establecidos en 2004, no reflejan los cambios en los patrones de consumo ni la aparición de nuevas necesidades. Por ejemplo, el rubro Alimentos y Bebidas representa el 37,8% del IPC, pero dentro de él, carnes y sus derivados tienen un peso del 12% y pan y cereales, un 12,1 por ciento.
En 2004, el consumo anual de carne vacuna por habitante era de 63 kilogramos; en 2024, esa cifra descendió a 50 kilos. La caída obedece, entre otras razones, a la pérdida de poder adquisitivo y a la sustitución por otras carnes como cerdo y pollo. Sin embargo, la ponderación de la carne vacuna en el índice sigue arrastrando datos antiguos.
Otro ejemplo es el alquiler de vivienda. Según el Indec, este gasto representa solo el 3,5% del presupuesto familiar mensual. Sin embargo, un departamento de dos ambientes en el Gran Buenos Aires difícilmente cueste menos de $400.000 al mes. Si se toma un ingreso mensual familiar de $1.600.000 (según el Ripte) y se asume que todo se destina al consumo, el gasto en alquiler asciende al 25% del ingreso, muy lejos del que reconoce la estadística oficial.
Según el Indec, el alquiler representa solo el 3,5% del presupuesto familiar mensual. Sin embargo, un departamento de dos ambientes en el Gran Buenos Aires difícilmente cueste menos de $400.000 al mes
Una situación similar ocurre con los servicios de medicina prepaga. El Indec sostiene que la familia tipo destina el 3,2% de sus gastos mensuales a la cobertura médica. Sin embargo, una prepaga básica no baja de $200.000, lo que equivale al 12,5% del ingreso mensual bajo el mismo supuesto. El desfase entre la realidad y la ponderación oficial es evidente.
La obsolescencia del IPC se aprecia también en los consumos tecnológicos. En 2004, los teléfonos celulares carecían de acceso a internet y cámaras fotográficas; hoy son herramientas imprescindibles. El costo de los servicios asociados se ha incrementado y la forma de consumir información y entretenimiento ha cambiado: la lectura de diarios impresos cedió terreno a los portales digitales y las plataformas de streaming desplazaron a las salas de cine tradicionales.
La consecuencia directa de mantener un IPC antiguo es la subestimación sistemática de la inflación real. Por eso, para gran parte de la población, el índice oficial no refleja el encarecimiento que perciben en sus bolsillos. Esta brecha alimenta la desconfianza en las cifras oficiales y genera un desfasaje en la percepción social sobre el verdadero costo de vida.
Efectos sobre otros indicadores de la economía
La distorsión también impacta en la medición de los salarios reales. Si se observa la evolución del índice de sueldos del sector privado formal, ajustado por el IPC, la estadística muestra que para octubre de 2025 (último dato disponible), el salario real estaba en niveles similares a los de noviembre de 2023.
Según estos datos, tras una caída hasta marzo de 2024, los salarios habrían experimentado una fuerte recuperación, para luego acompañar la inflación informada por el Indec.
Sin embargo, la sensación generalizada es que el dinero alcanza cada vez menos. Esto se explica porque el IPC subestima la inflación, y como resultado, el aumento nominal de los salarios supera al índice, sin que ello se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo.
La mayor proporción de los ingresos se destina a cubrir gastos ineludibles como vivienda, servicios públicos, transporte y salud, dejando un margen cada vez menor para alimentos, vestimenta o esparcimiento. Por eso, el consumo no repunta y la recuperación salarial resulta, en los hechos, insuficiente.
El impacto de un IPC desactualizado se extiende al análisis del tipo de cambio real. Si la inflación está subestimada, el tipo de cambio ajustado por el IPC muestra un peso más fuerte de lo que es en realidad, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas sobre la competitividad de la economía. Esto se traduce en una combinación de salarios reales más bajos y un tipo de cambio distorsionado, que afecta el consumo, la actividad y la supervivencia de las empresas.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, cerraron 15.050 empresas, golpeadas por la pérdida de competitividad y el encarecimiento relativo de los costos internos.
La introducción de un nuevo IPC en enero de 2026 supone una mejora, aunque parte de una base atrasada
La introducción de un nuevo IPC en enero de 2026 supone una mejora, aunque parte de una base atrasada: la canasta de bienes y servicios se actualizará con una demora de diez años. Si bien es preferible a continuar con el esquema de 2004, el índice de 2016 tampoco refleja por completo los cambios más recientes en los hábitos de consumo.
En definitiva, la falta de actualización oportuna del IPC genera cifras que no logran captar la dinámica real de los precios, distorsionan el análisis macroeconómico y afectan la credibilidad de los datos oficiales. La consecuencia es una brecha entre la estadística y la experiencia cotidiana, que erosiona la confianza y dificulta la toma de decisiones tanto en el ámbito familiar como en el empresarial.