El Interamerican Institute for Democracy (IID) presenta este jueves la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín.
El evento se desarrolla en la sede del IID, ubicada en Miami, Florida. La conferencia, moderada por Francisco Endara Daza, cuenta con la participación de Iliana Lavastida, quien hablará del caso de Cuba; Luis Galeano (Nicaragua), Beatrice Rangel (Venezuela) y Guido Añez (Bolivia).
El ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, advirtió sobre la consolidación de un modelo de dictaduras dominado por el crimen organizado en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Durante su intervención en la conferencia, expuso un diagnóstico sobre la situación de las Américas y sostuvo que el paso de la dictadura a la democracia solo es posible mediante la eliminación de la estructura jurídica dictatorial, el fin de la impunidad y la ilegalización de los instrumentos criminales de control político.
Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, propuso como punto de partida una precisión conceptual. Explicó que denomina “medidas esenciales” a las decisiones y actuaciones fundamentales para una transición de régimen, que definió como el paso de una situación de autoritarismo a otra distinta basada en la Carta Democrática Interamericana.
Citó los cinco elementos esenciales que, según este instrumento continental, deben garantizarse: libertad y derechos humanos, Estado de derecho, independencia de poderes, libre organización política y elecciones periódicas y libres.
El expositor subrayó que en la actualidad existen cuatro dictaduras identificadas en la región: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Afirmó que estos regímenes han eliminado todos los componentes teóricos de la democracia e imponen su dominación a través del “terrorismo de Estado”, definido como uso sistemático del miedo y la violencia gubernamental para someter a la ciudadanía.
El director del IID describió la expansión de las dictaduras como la ejecución de un solo modelo bajo jefatura cubana y control geopolítico desde Venezuela. Señaló que la consolidación de estas estructuras ha contado con la colaboración de gobiernos paradictatoriales en México, Brasil, Colombia, Chile y Honduras, a quienes consideró extensiones políticas de los regímenes autoritarios. Asoció el nacimiento y permanencia de estos sistemas con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y su alianza estratégica con Fidel Castro, que permitió el rescate económico de Cuba y la financiación de la internacionalización del modelo castrochavista.
Resaltó el papel del crimen organizado y el narcotráfico como ejes de sostenimiento financiero y estructural de estos regímenes. “El crimen suplanta a la política”, enfatizó, y detalló que líderes políticos han sido desplazados por líderes criminales y jefes de bandas parapolíticas. Como ejemplo, indicó que en Venezuela el “Cartel de los Soles” opera como autoridad de facto, mientras que en Bolivia los productores de coca se han institucionalizado como fuerza política.
Sánchez Berzaín describió la imposición de un “orden jurídico infame” en las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Afirmó que, mediante reformas constitucionales y legales, estos países han institucionalizado la violación de derechos humanos, eliminado la igualdad ante la ley y restringido garantías como la propiedad privada y el debido proceso.
En Cuba se registra el mayor número de presos políticos —más de 1.200—, según organismos internacionales. Venezuela mantiene alrededor de 1.000 reclusos por motivos políticos, Nicaragua cerca de 150 y Bolivia unos 320. Todos procesados bajo estructuras judiciales alineadas con la represión del disenso, lo que el expositor denominó “jueces sicarios”.
El abogado boliviano advirtió que el control total de medios de comunicación, el sistema judicial y fuerzas de seguridad refuerza la institucionalización dictatorial. Denunció que estas dictaduras impulsan leyes que transforman a las víctimas en victimarios y a los perpetradores en sujetos empoderados, lo que calificó como legitimación del crimen a través de instrumentos legales.
En el plano económico, identificó la administración de la pobreza y la generación de dependencia como mecanismos esenciales de control ciudadano, así como el uso de las remesas provenientes del exilio forzado como fuente de ingresos millonarios para estos Estados.
Durante su ponencia, Sánchez Berzaín expresó que “para devolver la democracia, hay que restituir los cinco elementos esenciales de la democracia: libertad y derechos fundamentales, Estado de derecho, separación de poderes, libre organización política y un sistema de elecciones libres basado en el sufragio universal”.
En cuanto a la transición concreta, el director del IID propuso tres acciones imprescindibles. En primer lugar, eliminar la estructura jurídica de la dictadura, lo cual implica derogar constituciones y leyes que institucionalizan la desigualdad y la persecución política. Puso como ejemplo la Constitución de Bolivia, la cual, señaló, consagra la desigualdad ciudadana y elimina la irretroactividad legal en casos de traición a la patria o corrupción, abriendo paso al uso arbitrario de la justicia como mecanismo de dominación. Además, relacionó la mutilación de derechos económicos con la prohibición de inversiones extranjeras, agravada por restricciones que disuaden la llegada de capitales foráneos.
El segundo eje propuesto es el fin de la impunidad. Sostuvo que no se puede restaurar un orden democrático si se preservan fiscales, jueces y funcionarios que favorecieron la persecución y la acumulación autoritaria de poder. Insistió en la necesidad de depurar sistemas de justicia y remover a quienes perpetuaron el modelo autoritario.
El tercer pilar de la transición incluye la ilegalización de los instrumentos de suplantación política utilizados por el crimen organizado, refiriéndose a la conversión de organizaciones criminales en partidos políticos o grupos de poder económico. Como muestra, apuntó al vínculo sistemático entre la expansión del narcotráfico y la captura del aparato estatal en países como Bolivia, donde la ley 1008 sobre lucha antidrogas fue suplantada para permitir la proliferación de cultivos ilegales.
Sánchez Berzaín remarcó que esta estructura ha convertido a los cuadros de represión y operadores judiciales en elementos “transformers”, que se adaptan a quien controle el poder y permiten la supervivencia del sistema mafioso, incluso tras eventuales cambios en la cúpula dirigente. El caso de Jeanine Áñez en Bolivia, reconocida como presidenta por los mismos jueces que luego la encarcelaron y posteriormente liberaron, ilustró este fenómeno.
Finalmente, el ex ministro boliviano planteó que la clave para la transición es la desarticulación integral del andamiaje jurídico, judicial, económico y mediático que sostiene las dictaduras, y consideró inminente el inicio de procesos de cambio en Bolivia y Venezuela, lo que podría, a su juicio, abrir el camino para una transición similar en Cuba y Nicaragua.