Nadie oyó el crujido inicial sobre la tierra empapada. Fue un segundo —un chasquido húmedo— antes de que la estructura improvisada cediera y decenas de cuerpos se precipitaran al agua turbia. En la provincia de Lualaba, en el sur de la República Democrática del Congo (RDC), al menos 32 mineros murieron el sábado al derrumbarse un puente clandestino que utilizaban para colarse en una concesión privada situada en la localidad de Mulondo.
Las cifras preliminares hablaban de más de cuarenta fallecidos, pero el Gobierno regional ha fijado por ahora un balance oficial de 32 víctimas mientras continúan las operaciones de búsqueda.
El ministro provincial de Interior, Roy Kaumba, explicó que el acceso estaba “estrictamente prohibido” debido a las fuertes lluvias y al alto riesgo de derrumbes. Aun así, decenas de mineros ilegales lograron forzar la entrada durante la madrugada del sábado.
“Se han recuperado 32 cuerpos sin vida, de los cuales siete fueron trasladados a la morgue del hospital general de referencia de Mukanja y 25 a la del hospital general”, detalló en una rueda de prensa recogida por medios congoleños.
Kaumba, que se desplazó al lugar de la tragedia para contener la creciente tensión entre grupos de mineros, agregó que los fallecidos murieron por ahogamiento tras caer a una zanja de seguridad cavada alrededor de la concesión.
La empresa que explota la mina —de origen chino— había excavado una amplia trinchera perimetral, que durante los últimos días se había llenado de agua de lluvia. Sobre ese foso, los mineros habían colocado un frágil entramado de tablas para sortear la barrera y acceder al yacimiento.
El colapso se produjo cuando decenas de trabajadores intentaban huir tras escuchar disparos. Según un informe enviado al director del Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE), los tiros habrían sido efectuados por guardias de seguridad sorprendidos por la irrupción masiva de mineros clandestinos.
La estructura, incapaz de soportar el peso y los movimientos de la multitud en pánico, cedió de forma súbita. Los cuerpos se amontonaron unos sobre otros dentro del agua lodosa.
Las autoridades no han esclarecido aún si la actuación de los agentes privados se ajustó a los protocolos de seguridad, una cuestión especialmente sensible en una región donde la coexistencia entre minería industrial y explotación artesanal suele provocar episodios de tensión.
Organizaciones congoleñas de derechos humanos llevan años denunciando que los principales yacimientos del cinturón de cobre y cobalto —donde operan grandes compañías extranjeras— se encuentran rodeados de barreras físicas y controles armados que empujan a miles de personas a asumir riesgos extremos para sobrevivir.
El ministro provincial de Minas visitó la zona este domingo y se reunió con familiares de las víctimas y representantes comunitarios. Las autoridades han prometido una investigación formal para determinar responsabilidades, tanto por la construcción del foso como por la actuación del personal de seguridad.
De momento, el Gobierno local ha pedido calma a los mineros artesanales, que en varios puntos de Lualaba se han movilizado en protesta por lo ocurrido.
La minería artesanal en la RDC constituye el sustento de cientos de miles de personas, pero opera casi siempre al margen de regulaciones básicas. La ausencia de medidas de seguridad, el uso de pozos inestables y la presencia de grupos armados en algunas regiones han convertido al sector en un foco recurrente de tragedias.
En junio de 2019, por ejemplo, un derrumbe en una concesión cercana a Kolwezi dejó al menos 43 muertos.
Lualaba, epicentro del auge mundial del cobalto —mineral imprescindible para baterías de vehículos eléctricos— concentra también algunos de los episodios más graves de mortalidad laboral. Las lluvias estacionales, que saturan el terreno y erosionan túneles improvisados, elevan aún más los riesgos.
Pese a los avisos, la falta de alternativas económicas y la caída del precio que las empresas pagan por el mineral empujan a los trabajadores informales hacia zonas prohibidas.
El Gobierno provincial ha reiterado que mantendrá la prohibición de acceso a la mina de Mulondo hasta que concluya la investigación y se refuercen las medidas de seguridad. Equipos locales continúan las labores de búsqueda para determinar si aún hay cuerpos atrapados bajo el agua y el lodo acumulado en el foso perimetral.