El Ministerio de Justicia rechazó la recusación presentada por la AFA contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), confirmando su continuidad en el expediente. Esta decisión frustró la estrategia de Claudio Tapia para demorar el proceso, reactivó el análisis de ocho balances consecutivos y devolvió el foco al control contable de la entidad.
El expediente avanzó durante varias semanas fuera del foco mediático que suele rodear a la Asociación del Fútbol Argentino. La resolución del Ministerio de Justicia, que rechazó la recusación contra el Inspector General de Justicia, expuso el conflicto y cerró una vía administrativa que la AFA había intentado utilizar para cuestionar el procedimiento y retrasar la revisión de sus estados contables. En el centro de esa maniobra se ubicó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien avaló el planteo y quedó vinculado a una estrategia que no prosperó.
La recusación formó parte de la respuesta de la AFA a una intimación de la IGJ para que explicara observaciones sobre ocho balances consecutivos. La entidad argumentó que el titular del organismo de control, Daniel Vítolo, había perdido imparcialidad por declaraciones públicas relacionadas con el expediente. El objetivo inmediato era apartarlo del caso y, de modo indirecto, suspender el avance del control mientras se resolvía el incidente.
Esta maniobra se enmarcó en una serie de respuestas defensivas de la conducción de la AFA ante los requerimientos del organismo. Desde que la IGJ intensificó la revisión de los estados contables, la relación se tornó tensa. La gestión de Tapia sostuvo que la información presentada era consistente, que las observaciones no habían sido debidamente notificadas y que existía un trato desigual. La IGJ, en cambio, insistió en que los balances presentaban inconsistencias y que la AFA no respondió en los plazos administrativos establecidos.
El rechazo de la recusación alteró ese escenario. La resolución, firmada por el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, confirmó la continuidad de Vítolo al frente del expediente y devolvió el proceso a su cauce. Desde ese momento, la discusión se centró nuevamente en el contenido de los balances y en la conducta de la AFA ante los requerimientos estatales.
Para dimensionar el alcance de la decisión, es preciso repasar el recorrido del expediente. La IGJ había observado partidas relevantes en los estados contables correspondientes a varios ejercicios. Entre los puntos señalados figuraban rubros que requerían mayor desagregación, créditos sin composición explícita y demoras reiteradas en las respuestas. Ante este contexto, el organismo intimó a la AFA a brindar explicaciones.
La respuesta de la AFA, firmada por Tapia, incluyó aclaraciones contables y el planteo de recusación. En ese escrito, la dirigencia afirmó que las observaciones habían sido respondidas y que la información presentada “guarda estricta concordancia con los importes expuestos en los estados contables”. Además, objetó la actuación del titular de la IGJ y pidió su apartamiento por supuesta falta de imparcialidad.
El planteo se basó en disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sobre causales de recusación de funcionarios. La AFA argumentó que Vítolo había emitido opiniones previas sobre el expediente y que eso afectaba su objetividad. Sin embargo, en ámbitos oficiales el planteo fue interpretado desde el inicio como una estrategia para ganar tiempo en un expediente que avanzaba con ritmo sostenido.
El trámite siguió los pasos previstos por la normativa administrativa. Una vez presentada la recusación, Vítolo elaboró un informe en el que respondió punto por punto a las acusaciones. Ese documento, fechado el 27 de enero, resultó clave para la resolución posterior del Ministerio de Justicia.
En su informe, el titular de la IGJ negó expresamente cada una de las causales invocadas. Dejó constancia de que no tiene parentesco con autoridades de la AFA, que no mantiene vínculos económicos ni profesionales con la entidad y que no ha recibido beneficios ni mantiene pleitos con ella. También rechazó haber emitido opiniones jurídicas anticipadas sobre el fondo del caso.
Uno de los pasajes más relevantes del informe abordó las declaraciones públicas objetadas por la AFA. Vítolo sostuvo: “El suscripto no ha emitido opinión o dictamen acerca del pleito, ni ha dado recomendaciones acerca del presente caso administrativo, antes o después de comenzado”. Explicó que sus intervenciones públicas se limitaron a describir hechos objetivos, como la existencia de balances observados y la falta de respuesta dentro de los plazos.
El informe también abordó el sistema de notificaciones utilizado por la IGJ. La AFA había sostenido que no fue notificada de manera fehaciente sobre determinadas observaciones, lo que habría afectado su derecho de defensa. Vítolo respondió que el régimen de notificaciones de la IGJ contempla la notificación tácita y automática de las vistas contables, vigente desde hace más de veinte años y aplicado a todas las entidades bajo control.
El funcionario señaló que la normativa que regula ese sistema fue dictada antes de su designación y que no se trata de un procedimiento creado para este caso. Con ese argumento, buscó desactivar la idea de un trato diferencial hacia la AFA y reforzar el carácter institucional del control.
El informe incorporó además una referencia a un antecedente incómodo para la conducción del fútbol argentino. Vítolo mencionó actuaciones vinculadas con la Superliga, una asociación civil que mantuvo una relación estrecha con la AFA y cuya dirigencia compartió, en distintos momentos, nombres y estructuras con la entidad presidida por Tapia. En ese caso, según el documento, la propia entidad reconoció la validez del sistema de notificaciones de la IGJ y admitió que la falta de respuesta oportuna fue consecuencia de errores propios.
Con ese antecedente, el informe sugirió una conducta contradictoria: cuando el procedimiento administrativo no genera conflicto, es aceptado sin cuestionamientos; cuando se convierte en un obstáculo, es impugnado. Este elemento quedó incorporado al expediente como parte del contexto.
Las actuaciones fueron elevadas a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que intervino como autoridad competente para resolver la recusación. La disposición final rechazó el planteo por improcedente, remarcó el carácter restrictivo del instituto de la recusación y señaló que las manifestaciones atribuidas a Vítolo no configuraban causal suficiente para apartarlo. La resolución ordenó comunicar la decisión y archivar el incidente.
El rechazo tuvo efectos inmediatos. En lo administrativo, confirmó la continuidad del titular de la IGJ al frente del expediente. En lo político, frustró la estrategia de la AFA y de Claudio Tapia para desplazar el conflicto hacia una discusión procedimental. La instancia que había permitido suspender el análisis de fondo quedó cerrada.
Para Tapia, el resultado representó un límite concreto. El presidente de la AFA avaló el planteo, firmó los escritos y sostuvo públicamente la posición de la entidad. Con la decisión del Ministerio de Justicia, esa línea defensiva se agotó y el expediente retomó su curso normal.
El foco regresó a los balances. Las aclaraciones presentadas por la AFA no disiparon todas las dudas de los técnicos de la IGJ. Persistieron observaciones sobre la falta de detalle en determinados rubros y sobre la consistencia de algunas partidas. En ese contexto, la continuidad del control quedó asegurada y el organismo está en condiciones de avanzar con nuevas intimaciones o pedidos de información.
Este episodio evidencia una relación compleja entre la conducción del fútbol argentino y el Estado. Durante años, la AFA operó con un alto grado de autonomía y bajo control externo limitado. La revisión de los balances de los últimos ocho ejercicios marca un cambio en ese escenario y coloca a la gestión de Tapia bajo una lupa que excede el ámbito deportivo.
El intento de recusación debe leerse en ese marco. No se trató únicamente de un cuestionamiento personal a un funcionario, sino de una estrategia para ralentizar un proceso de control sobre una entidad con fuerte peso simbólico y político. El rechazo del planteo dejó claro que esa vía no tendrá recorrido.
A partir de ahora, la AFA deberá responder a las observaciones contables y aportar la información solicitada. Para Tapia, el desafío es sostener su conducción en un contexto de mayor escrutinio y con un expediente abierto que genera tensión institucional.
El AFAGate, lejos de cerrarse, ingresa en una etapa decisiva. Con la recusación rechazada, el proceso se ordena en torno a su núcleo: la revisión de los balances y el cumplimiento de las obligaciones legales de la AFA. El intento de ganar tiempo fracasó. El control continúa y el expediente sigue su curso, con Tapia nuevamente en el centro de la escena.