El gobierno de Javier Milei negocia con el de Donald Trump un acuerdo para que los argentinos ya no necesiten visa para ingresar a los Estados Unidos, un beneficio que el país ya tuvo en la década del 90.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en las próximas horas se definirá si se trata de un memorándum de entendimiento o de una carta de intención. La diferencia no es menor, ya que la segunda posibilidad implica una serie de requisitos que el país debe cumplir antes de obtener el beneficio.
La negociación coincide con la llegada al país de Kristi Noem, secretaria del Homeland Security, el departamento de Seguridad de Estados Unidos. Funcionaria clave para Trump, tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Noem es quien encabeza la lucha contra los inmigrantes irregulares en su país y está a cargo de la detección y deportación de los mismos, que es uno de los principales pilares de la gestión Trump y es ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Puntualmente, el objetivo final es que la Argentina vuelva a ingresar al Programa Visa Waiver, que les permite a los ciudadanos de un determinado lugar ingresar a los Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin que tengan que contar en el pasaporte con este documento.
En 1996, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, los países ya habían alcanzado un acuerdo similar, en ese caso con la gestión de Bill Clinton, pero el beneficio se suspendió en el 2002, en medio de la crisis económica que surgió a nivel local.
“Apreciamos el liderazgo de Argentina en seguridad regional, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, y la trata de personas. Hoy tuve el gusto de reunirme con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para conversar sobre cómo EEUU y Argentina pueden profundizar nuestra cooperación en estas áreas para avanzar la seguridad y la prosperidad de Argentina, EEUU, y de toda la región”, escribió hace algunos días en su cuenta de X Heidi Gómez Rápalo, la nueva Encargada de Negocios norteamericana en Buenos Aires.
La negociación para flexibilizar el tránsito migratorio entre los dos países es un nuevo gesto de cercanía entre Milei y los republicanos, que están implementando restricciones más duras en este ámbito para el resto de las regiones.
De hecho, recientemente la administración de Trump informó que una nueva tarifa de 250 dólares será exigida a la mayoría de los solicitantes de visas no inmigrantes para ingresar a los Estados Unidos, tras la aprobación de la ley denominada One Big Beautiful Bill Act, impulsada por su gobierno.
La medida, oficialmente conocida como “visa integrity fee”, fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y aplicará a casi todos los países que no forman parte del Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés).
La tarifa será cobrada en el momento de la emisión de la visa y afectará a quienes soliciten visados de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F-1), trabajo temporal (H-1B) y programas de intercambio (J-1), entre otros. El DHS confirmó que el cobro representa el mínimo legal establecido para el año fiscal 2025, aunque la misma dependencia podrá aumentarlo mediante procesos de reglamentación en el futuro.
Pese a que la legislación contempla la posibilidad de reembolsar el pago al finalizar la vigencia del visado, el procedimiento aún no ha sido definido y está condicionado al cumplimiento de requisitos estrictos, lo que, en la práctica, hace que la tarifa sea no recuperable.
El nuevo visa integrity fee será obligatorio para los solicitantes de países como México, India, Brasil, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Filipinas, China y Pakistán, además de casi todos los países de África y Medio Oriente.
Desde mayo pasado, la embajada estadounidense en la Argentina implementó algunas modificaciones en el trámite para la solicitud de la visa que buscaron optimizar el sistema de entrevistas consulares y desalentar el uso de intermediarios o gestores en un trámite que es estrictamente personal.