A casi un año de que se anunciara la intervención de la Casa de Moneda, el Gobierno nacional anunció que el proceso fue prorrogado al no haberse completado las tareas de reconformación y transferencias de áreas estratégicas necesarias para efectuar el cierre de la entidad.
La medida fue anunciada a través del Decreto 615/2025, que fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. “Dispónese la prórroga de la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y de la designación de su Interventor doctor Pedro Daniel Cavagnaro, ambas dispuestas por el Decreto N° 964 del 30 de octubre de 2024 y prorrogadas por el Decreto N° 295 del 29 de abril de 2025, por el plazo de ciento veinte (120) días corridos», establecieron en la normativa.
La decisión respondería a las dificultades identificadas por el interventor de la entidad, quien presentó un informe el 26 de agosto de 2025 sobre el estado de avance del traspaso del personal y los bienes afectados a las áreas transferidas.
En el documento expuso que la complejidad operativa y la naturaleza de las tareas pendientes volvieron insuficiente el periodo fijado por en el artículo 6 del Decreto 442/25, publicado el 1 de julio de 2025, que fijaba 120 días corridos para la reestructuración.
Por este motivo, las autoridades nacionales consideraron necesaria emitir un nuevo plazo “con el fin de concluir de manera ordenada y efectiva el referido traspaso de las áreas operativas mencionadas a los organismos receptores”.
La transformación de la antigua Sociedad del Estado Casa de Moneda en Casa de Moneda S.A.U. se inició el 20 de diciembre de 2024 durante una asamblea general extraordinaria. En ese encuentro se aprobó un nuevo estatuto social “ad referendum” del Poder Ejecutivo nacional.
Desde el principio, el proceso debió enfrentar una situación empresarial delicada, ya que el propio interventor informó sobre la existencia de “una estructura sobredimensionada en diversas áreas”. Además, señaló que había altos costos operativos en dos establecimientos industriales y una inversión inconclusa que provocó un endeudamiento importante.
De acuerdo con los documentos oficiales, también indicó que había algunos equipos importados que ni siquiera habían sido instalados y que la organización interna presentaba solapamientos y confusión de las funciones a realizar por cada área.
La situación financiera de Casa de Moneda S.A.U. se agravó con la rescisión de contratos clave, como el de producción de dinero circulante formalizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en octubre de 2024.
Por este motivo, el flujo de ingresos resultante no permitió cubrir costos operativos ni mantener las áreas esenciales de la empresa, lo que obligó a recurrir a aportes directos del Tesoro Nacional para evitar la interrupción de servicios.
En un segundo diagnóstico elaborado tras la rescisión de contratos vinculados a la provisión de chapas patente, el interventor advirtió la necesidad de ajustar aún más la dotación de personal y los costos de los sectores productivos. Esta revisión tuvo en cuenta el impacto de la decisión de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente de la Secretaría de Justicia, sobre el negocio de las patentes vehiculares.
Como resultado de esta crisis, el Decreto 442/25 dispuso una reconformación estructural y operativa en los términos de la Ley 27.742 de Bases, por lo que se transfirieron las áreas de “Instrumentos Fiscales de Control y servicio de trazabilidad” a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “Pasaportes” al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y “Billetera Virtual” a la empresa estatal ARSAT S.A.
De esta manera, el nuevo estatuto social de la entidad definió como parte de sus funciones actuales: producir dinero circulante y especies valoradas requeridas por el Estado; asistir en el proceso de atesoramiento, destrucción y disposición final de billetes fuera de circulación; y elaborar toda clase de impresos para organismos públicos y privados nacionales o extranjeros.