“O bien el gobierno finalmente ha visto la luz y está buscando motivos para rechazar este plan desastroso, o está intentando mostrarse firme y ha llegado a un acuerdo con Beijing”. Así resumió Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China, el dilema que enfrenta el Reino Unido ante la controvertida propuesta de una nueva embajada china en Londres. La declaración, recogida por el Financial Times, refleja la creciente presión política y social sobre el proyecto, que ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país.
La noticia central gira en torno a la exigencia de la viceprimera ministra Angela Rayner y su departamento de vivienda, que han solicitado a China información adicional sobre los planes para la construcción de una “mega” embajada en la capital británica. El requerimiento, formalizado en una carta enviada el miércoles y citada por el Financial Times, demanda que la embajada entregue planos sin censura o, en su defecto, identifique de manera precisa y completa las áreas ocultas y explique la justificación de dichas omisiones. El plazo para responder es de solo dos semanas, ya que el gobierno británico debe tomar una decisión definitiva antes del 9 de septiembre.
El documento oficial señala que dos de los edificios proyectados —el Edificio de Intercambio Cultural y la Casa de la Embajada— aparecen “sombreados” en los planos, con la anotación de que han sido “redactados por razones de seguridad”. Según la carta, esto parece referirse principalmente a la disposición interna de los espacios, aunque otros edificios también presentan partes censuradas. Además, el texto advierte que el Ministerio del Interior ha solicitado la inclusión de un “perímetro duro” alrededor del sitio, lo que podría constituir una modificación sustancial de la solicitud y requeriría una nueva consulta pública.
El emplazamiento propuesto para la embajada, frente a la Torre de Londres, convertiría al complejo en el más grande de Europa, con una extensión de 2 hectáreas. Diversos críticos han alertado que una instalación de tal magnitud podría albergar un mayor número de agentes de inteligencia y facilitar la vigilancia o el acoso a disidentes chinos en el Reino Unido. En junio, la Casa Blanca expresó su “profunda preocupación” por el proyecto, advirtiendo que la ubicación, en las inmediaciones de la City de Londres, se encuentra sobre una red de cables de comunicaciones esenciales, incluidos aquellos utilizados por bancos estadounidenses. Parlamentarios de los Países Bajos han manifestado inquietudes similares.
El terreno, conocido como Royal Mint Court, fue adquirido por China en 2018 por £255 millones, tras haber sido vendido por la Crown Estate a promotores inmobiliarios en 2010, pese a su relevancia histórica. El proceso de planificación ha estado marcado por la controversia desde el inicio. El año pasado, el gobierno británico asumió el control de la decisión, desplazando la competencia del consejo local de Tower Hamlets al ejecutivo central, después de que se plantearan numerosas preocupaciones de seguridad.
El contexto político añade complejidad al caso. El Reino Unido intenta atraer inversiones chinas sin deteriorar su relación con la administración Trump en Estados Unidos, que considera a Beijing su principal rival estratégico. En junio, el ministro de Estado de Vivienda y Planificación, Matthew Pennycook, recordó ante el Parlamento que solo pueden considerarse “cuestiones materiales de planificación” en la evaluación del caso, aunque reconoció que esto incluye la “seguridad y la protección nacional”. Ese mismo mes, el gobierno británico advirtió que China ha intensificado sus esfuerzos de espionaje y de desestabilización de la democracia y la economía británicas, aunque reiteró su interés en fortalecer el comercio bilateral.
La carta enviada por el departamento de Rayner subraya que el análisis del caso se encuentra en una fase inicial y que aún no se ha adoptado una postura definitiva. No obstante, la objeción de última hora eleva la posibilidad de que los ministros rechacen el proyecto, una opción que ha sido bien recibida por sectores críticos. De Pulford manifestó su escepticismo sobre la capacidad de China para cumplir las condiciones impuestas, ya que la exigencia de un nuevo perímetro de seguridad implicaría la presentación de una solicitud de planificación completamente nueva.
En el plano diplomático, China ha acusado en ocasiones a “fuerzas anti-chinas” de obstaculizar el proceso de aprobación de la embajada. La representación diplomática china en Londres no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el miércoles. Mientras tanto, activistas contrarios al proyecto han expresado su temor de que el gobierno británico aproveche el receso parlamentario del verano para anunciar la aprobación de la embajada.
El Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local declinó hacer declaraciones, argumentando que la decisión sigue en trámite ante el departamento.