El Gobierno de Bolivia denunció este lunes un presunto daño económico de 2.595 millones de dólares, con afectación directa a las reservas internacionales netas (RIN), como consecuencia del desempeño de empresas y plantas industriales estatales que no resultaron sustentables durante casi 20 años de las administraciones de Evo Morales y Luis Arce, según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
En una exposición ante la prensa, Lupo afirmó que “el costo total de la corrupción” asciende a 1.463 millones de dólares, destinados a empresas que calificó como “inviables”, la mayoría creadas durante la gestión de Morales (2006-2019), y otros 1.132 millones de dólares utilizados en la construcción de plantas industriales impulsadas durante el Gobierno de Arce (2020-2025) dentro de la política de sustitución de importaciones.
“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro, quien remarcó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos.
De acuerdo con los datos oficiales presentados por Lupo, entre 2006 y 2024 el Estado boliviano creó 67 empresas, con una inversión total de 7.550 millones de dólares. Sin embargo, indicó que “solamente se ha recuperado el 18%” de ese monto, mientras que el resto corresponde a recursos que no podrán ser recobrados.
El ministro precisó además que el 28% de los créditos provenientes de las RIN “fueron para crear 14 empresas inviables”, las cuales se convirtieron en un “instrumento de corrupción”. Según detalló, de ese grupo cuatro empresas cerraron y cinco se encuentran en quiebra técnica.
Entre las entidades observadas por el Ejecutivo figuran dos empresas de producción de alimentos, una cementera, una azucarera, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), además de otras compañías estatales.
Lupo explicó que, de las 67 empresas analizadas, nueve existían antes de 2006, 45 se crearon como nuevas y 22 se constituyeron como subsidiarias de empresas estratégicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Otra parte del presunto daño económico corresponde a las plantas industriales impulsadas durante el Gobierno de Arce bajo la política de “industrialización con sustitución de importaciones”. En ese marco, el Estado planificó la construcción de 174 plantas, con una inversión proyectada de 3.164 millones de dólares.
Según el informe presentado, 40 plantas fueron entregadas, 134 permanecen en construcción, 19 se encuentran en funcionamiento, 41 están en una situación no ejecutable y 60 fueron calificadas como inviables. Lupo indicó que esos proyectos abarcan sectores como biocombustibles, manufactura, fertilizantes, agroinsumos, farmacéutica, litio, minería, alimentos y química básica.
“Son áreas que el sector privado puede realizar”, afirmó el ministro, al referirse a la pertinencia del rol estatal en ese tipo de inversiones.
Lupo sostuvo además que el “desfalco” total supera los 7.750 millones de dólares, o incluso “casi el doble”, si se incorporan recursos adicionales provenientes de créditos internacionales que no se encuentran cuantificados dentro de las RIN.
Ante este escenario, el funcionario adelantó las líneas de acción del Ejecutivo. “¿Qué vamos a hacer? Lo primero es cerrar el grifo y auditar cada centavo que se ha gastado; para esto es necesaria una reingeniería fiscal, parar el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas y garantizar la viabilidad fiscal”, señaló.
La presentación del informe sobre el presunto daño económico coincidió con el anuncio de la conformación de la denominada Comisión de la Verdad, instancia que investigará supuestos hechos de corrupción en el sector de los hidrocarburos durante los Gobiernos de Morales y Arce.
(Con información de EFE)