El Gobierno presentó este jueves el paquete de medidas que flexibilizan los controles del uso de los dólares “bajo el colchón”, denominado por los libertarios como Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Esta se instrumentará en dos etapas, una mediante desregulaciones y adecuaciones que se harán efectivas con un decreto presidencial y una segunda instancia que constará de un proyecto de ley que buscará blindar estos cambios normativos para evitar que puedan ser modificados fácilmente por futuras administraciones nacionales.
De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá hacer el grueso de las transformaciones según su parecer, porque están a tiro de decreto, resoluciones o disposiciones de cada una de las áreas intervinientes, sean la Agencia de Recaudación y Control Tributario (ARCA) o el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todo esto ya fue comunicado y tendrá aplicación a partir del 1 de junio de este año.
En tanto, aún restan detalles por conocer de la segunda fase. El proyecto de ley que quiere presentar la Casa Rosada tiene modificaciones de la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario, dos cuestiones que solo pueden ser retocadas por la vía del Congreso.
“Expresamente, va a ser una reducción de los plazos de prescripción y va a blindar los derechos de los argentinos que se adhieran a este régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias”, explicó en conferencia de prensa esta mañana el titular del ARCA, Juan Pazo; quien estuvo acompañado en la explicación de la medida con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli.
“Aún no está lista, pero lo estará pronto”, ratificaron otras fuentes de la Presidencia de la Nación. En rigor, la medida comunicada esta mañana no la conocían en profundidad ni siquiera altos mandos del Poder Ejecutivo. Tampoco en detalle quienes la deberán negociar en la Cámara de Diputados, ni siquiera los bloques aliados al oficialismo.
El proyecto no requiere un tratamiento acelerado. Es decir, a los ojos del Gobierno sería deseable que se apruebe lo antes posible, pero son conscientes que con el acercamiento de las elecciones nacionales la actividad legislativa irá mermando cada vez más.
Es algo que reconoció días atrás el propio presidente de Diputados, Martín Menem, en el Amcham Summit, al referirse que el Gobierno no podrá imponer por este año legislativo algunas de las reformas más importantes que tiene en mente; por caso, la laboral, la previsional y la impositiva.
A pesar de esa apreciación, desde ese mismo sector alegan que para este proyecto las probabilidades son diferentes. “Estamos bien con los números en este tipo de cosas”, alegan. Por su parte, una altísima fuente de Casa Rosada reconocía que ve “muy probable” que tenga probabilidades de éxito y que, en caso contrario, se volverá a intentar después del recambio legislativo.
La relación entre La Libertad Avanza con el PRO y la UCR volvió a acercarse luego de las elecciones porteñas, donde los libertarios fueron reconocidos -en aquella elección nacionalizada por el mismo Gobierno- como el espacio conductor del espectro que va del centro a la derecha. Tal y como informó Infobae, los líderes de bancada de ambos espacios, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, se comprometieron a darle apoyo a la Casa Rosada en las propuestas que pretendan impulsar en el recinto.
Al día de hoy es un misterio cuánto esfuerzo le darán y cuál es el margen para que lo puedan llegar a aprobar en ambas cámaras. Desde los bloques aliados reconocen que la medida es mucho más “pasable” de la que se estipulaba en la previa, pero que esperaban que el Ejecutivo les presentaran los borradores de la iniciativa porque no estaban enterados de que los libertarios estaban elaborando un proyecto de ley. “No sabemos qué tiene adentro”, afirma un importante alfil de la cámara baja.
Con el apoyo de los amarillos y los radicales no alcanza para conseguir mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y es que el foco para la aprobación está en lo que puedan llegar a acordar los libertarios con los gobernadores, que ayer fueron clave para que la oposición intransigente con el Gobierno no consiga quórum para tratar leyes previsionales (que ponían en riesgo el objetivo de superávit fiscal que tanto pondera Economía) y el nombramiento de los directivos de la Comisión Investigadora $Libra.
El Gobierno hace alianzas con los opositores dialoguistas y gobernadores para tres tipos de decisiones: para movilizar iniciativas, para rechazarlas o para que no se consiga el quórum para el inicio de la sesión. Algunos suelen acordar en casi todos los casos, mientras que otros solo se disponen a colaborar según la circunstancia.
Por ejemplo, quienes colaboraron a no dar quórum el miércoles fueron diputados cercanos a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba). El número ha demostrado ser más extenso en otras iniciativas consideradas clave para el oficialismo, como la Ley Bases o el sostenimiento de diferentes vetos presidenciales.
“Muchos gobernadores tienen bien visto acompañar o ayudar al gobierno para darle gobernabilidad, y mucho más con una medida económica que les puede dinamizar las economías regionales”, afirman desde Diputados, desde donde agregan que mientras no sea una iniciativa que les toque la coparticipación “difícilmente tengan presión social”. Incluso, perciben que será más caro para la oposición plantear una negativa a este tema.
En una de sus aclaraciones de esta mañana, Pazo afirmó que las provincias “van a tener incentivos para que salga” debido a los eventuales beneficios que podría traer el regimiento de la nueva normativa tributaria. Cerca de varios gobernadores se limitan a responder que ninguno de ellos sabía nada: “Están más preocupados por la caída de la recaudación, porque están viendo un panorama bastante jodido con la baja de la Coparticipación”.