La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.
En el contexto de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Congreso sancionó recientemente, el objetivo del Gobierno es promover la formalización de fondos que hoy permanecen fuera del circuito bancario. Aunque la ley aún no se encuentra promulgada ni reglamentada, las autoridades buscan acelerar su puesta en marcha, mientras el andamiaje operativo se mantiene en proceso de definición.
Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”. Al detallar el mecanismo previsto, agregó que para depositar dólares será suficiente acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que esos fondos podrán ser utilizados “para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”. En la misma intervención, Adorni defendió el nuevo marco normativo señalando: “Con el nuevo esquema los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y afirmó que “Argentina dejó de vivir en el reino del revés”.
El mensaje del Poder Ejecutivo apunta a eliminar trabas para los ahorristas y busca garantizar que los bancos no impongan requisitos adicionales, más allá de lo que establece la ley. La instrucción fue dirigida especialmente al Banco Nación, aunque también alcanzó al resto de las entidades financieras que operan en el país. Según la información oficial, los bancos deberán limitarse a solicitar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias como único requisito para aceptar depósitos de dólares provenientes del ahorro personal.
La Ley de Inocencia Fiscal crea un régimen destinado a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la función de concentrar los controles en los ingresos facturados y las deducciones de cada persona o empresa, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y habilita la realización de operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la presión oficial y utilizó sus redes sociales para advertir públicamente a las entidades financieras. “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, escribió el funcionario, en respuesta a la consulta de un usuario.
Caputo remarcó que quienes cumplan con la adhesión al régimen simplificado tendrán la posibilidad de depositar sus dólares en el banco y disponer de los mismos de inmediato, ya sea para realizar consumos o para conservarlos y obtener intereses, con funcionamiento equiparable al de cualquier sistema financiero internacional.
La ley, que todavía no fue promulgada ni reglamentada, busca modificar el vínculo entre los contribuyentes y el Estado, priorizando la incorporación de ahorros al sistema formal. El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el nuevo régimen permitirá “exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria”. Subrayó que se trata de fondos “bien habidos” y que, de acuerdo con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben considerarse un “principio de inclusión financiera”. “Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema”, sostuvo Pazo, quien pidió transmitir tranquilidad a los ahorristas.
Según Pazo, la renta de fuente extranjera ya puede incorporarse al régimen simplificado, siempre que sea declarada ante ARCA. Además, puntualizó que en caso de que los fondos depositados se vuelquen a la compra de bienes, como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes involucradas. Pazo también analizó el comportamiento del sistema financiero y afirmó que las entidades están actuando con un nivel de cautela aún mayor al recomendado por los organismos internacionales. “Lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado”, evaluó.
La advertencia del Gobierno a los empleados del Banco Nación busca acelerar la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y disipar dudas en torno a la operatoria de depósitos en dólares. Desde el Ejecutivo reconocen que los cambios en la ley penal “no son tan sencillos” de aplicar, pero insisten en que la iniciativa se trata “intensamente” para favorecer la remonetización de la economía.
El texto legal, además de establecer requisitos y límites para quienes adhieran al régimen simplificado, actualiza los montos previstos en los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada y habilita mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago en determinadas condiciones. También reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo, con esquemas de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento fiscal del contribuyente.
Mientras tanto, los bancos aguardan definiciones y han hecho llegar sus inquietudes al Banco Central. De acuerdo con lo que trascendió, el sistema financiero se encuentra “bastante confundido” y espera precisiones sobre la operatoria definitiva que regirá una vez que la norma sea promulgada y reglamentada por ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). La postura oficial es que las entidades deben evitar cualquier traba adicional y ceñirse de manera estricta a la letra de la ley.
La medida busca impulsar la formalización de divisas actualmente fuera del circuito, en línea con recomendaciones internacionales y bajo el argumento de que la inclusión de esos fondos contribuye al fortalecimiento del sistema financiero nacional. El Gobierno remarcó que, con la nueva ley, los ciudadanos ya no serán tratados como “potenciales sospechosos” y podrán disponer de su dinero sin rendir cuentas adicionales al Estado, siempre que cumplan con los requisitos previstos.
En el escenario actual, la consigna oficial es que cualquier exigencia de documentación extra por parte de los empleados del Banco Nación será causal de despido inmediato. Las autoridades insisten en que el cumplimiento del régimen simplificado de Ganancias será la única condición para acceder a los beneficios de la operatoria, mientras la reglamentación definitiva avanza en los organismos correspondientes.
La presión del Gobierno sobre el sistema financiero apunta a garantizar que los ahorristas puedan incorporar sus fondos de manera ágil y sin obstáculos, al tiempo que se promueve un nuevo marco de relación entre los contribuyentes y el Estado. La implementación plena de la Ley de Inocencia Fiscal permanece sujeta a la promulgación y reglamentación, pero las directivas a nivel oficial ya anticipan un cambio de paradigma para quienes buscan ingresar dólares al circuito formal.