Mientras los sectores productivos reclaman por los altos costos asociados a la falta de infraestructura, el Gobierno profundizó el ajuste en el gasto durante el último año, reflejado en una contracción significativa de los recursos asignados a obras públicas. Esto provocó la virtual paralización de algunos programas nacionales, con efectos directos sobre la competitividad, según un informe del CEPA.
En primer lugar, al analizar el gasto total agregado de la Administración Pública Nacional (APN), el reporte verificó que el año pasado la ejecución total tuvo una caída real cercana al 29% en comparación con el mismo período de 2023, medida a valores actuales, y una contracción interanual del 4% en términos reales.
Si se analiza por función, se observa que la Seguridad Social concentró la mayor participación en el gasto total, con el 58% de la ejecución. Además, se destacaron los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 8% del gasto.
En contraposición, aparecen funciones con una incidencia menor, como Salud (6%), Educación y Cultura (5%), Energía, Combustibles y Minería (4%), Transporte (2%) y Promoción y Asistencia Social (2%). El resto de las partidas explicó menos del 2% de la ejecución total.
En materia de transporte y obra pública, “se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas”, alertó el CEPA.
Infraestructura en Municipios no registró ejecución en relación con 2023. Programas como Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98%, a la vez que el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo cayó un 92% y la Construcción de Túneles y Puentes descendió un 95%.
En el mismo sentido, las Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional mostraron una retracción del 95%, Desarrollo de Obra Pública, del 93%; y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios, un 75%.
Por su parte, las Obras de Seguridad en Rutas Nacionales presentaron un ajuste del 93%, seguido por Construcción de Rutas Seguras (-89%) y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-85%).
Ligado a este rubro, la motosierra pasó también por el gasto en Vivienda y Urbanismo (-98%) y Agua Potable y Alcantarillado (-92%).
“El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental y una condición esencial para el desarrollo sostenible de cualquier país. Sin embargo, la infraestructura que soporta estos servicios en Argentina enfrenta un desafío creciente: el envejecimiento de las redes, la falta de inversión en mantenimiento y la necesidad de expansión en un contexto de cambio climático y creciente demanda poblacional”, había destacado un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).
Según el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, para crecer 4% anual durante un período prolongado, los gobiernos nacional, provinciales y municipales deberían destinar alrededor del 3% del PBI a la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente, y otro 3% adicional a la realización de nuevas obras.
Las empresas privadas que operan servicios de infraestructura —como energía, agua y saneamiento— tendrían que invertir un 3% del PBI adicional. En total, 9% del producto.
En los organismos vinculados al transporte y la obra pública, el CEPA advirtió también un notorio ajuste en la ejecución presupuestaria. La Dirección Nacional de Vialidad enfrentó una disminución del 72%, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos cayó un 43%.
En menor medida, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sufrió un recorte del 34%, la Agencia Nacional de Seguridad Vial del 40% y la Administración de Bienes del Estado del 27%
IDESA había señalado que “la costosa y deficiente infraestructura de transporte” y el deterioro de las rutas son factores que disminuyen la competitividad, generando condiciones adversas para la producción.
A su vez, a raíz del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, Martín Rappallini, presidente de la UIA; sostuvo que el tratado interpela a la Argentina hacia adentro y que su aprovechamiento real dependerá de la corrección de asimetrías estructurales, entre ellas, los altos costos logísticos y las deficiencias de infraestructura y energía.
“A través de inversiones en infraestructura, energía, educación técnica, transferencia tecnológica y asociatividad productiva, esta integración puede ayudarnos a construir un nuevo contrato productivo basado en la competitividad”, dijo el industrial.