La ONG Foro Penal informó este domingo que al menos 670 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero, en el marco de los procesos de liberación vinculados a la promulgación de la Ley de Amnistía.
Alfredo Romero, director presidente de la organización, difundió el balance actualizado y precisó que las excarcelaciones se han registrado tanto antes como después de la aprobación formal de la nueva legislación en febrero.
Romero no detalló cuántos de los beneficiados han obtenido libertad plena ni cuántos permanecen bajo procesos judiciales con medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante tribunales o prohibición de salida del país. Tampoco se especificó el número de personas beneficiadas directamente por la Ley de Amnistía.
“La cifra incluye a presos políticos liberados antes y después de la aprobación de la ley”, indicó.
El proceso de excarcelación ocurre en un contexto de presión por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y activistas, que reclaman la liberación de todos los detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el Foro Penal, 526 personas continúan encarceladas por razones políticas. La cúpula chavista rechaza la existencia de presos de conciencia y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes.
La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Parlamento venezolano, abarca un período de 27 años, desde 1999 hasta febrero de 2026, y contempla beneficios para personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años específicos.
El balance oficial del Legislativo indica que hasta la fecha 7.654 personas han sido beneficiadas, de las cuales 247 estaban privadas de libertad y 7.407 bajo medidas cautelares.
Las excarcelaciones recientes incluyeron la liberación de al menos 12 personas de un centro de detención policial en el este de Caracas, conocido como Zona 7.
Entre los liberados se encuentran activistas y sindicalistas como Renny Chourio, Omar Torres y Gilberto Alcalá, quienes informaron que deberán cumplir presentaciones judiciales periódicas como condición de su libertad.
Torres, tras salir de prisión, expresó: “Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar ni de culpabilizar a ningún sistema”. Alcalá vinculó su detención con reclamos laborales.
La presión social se ha intensificado con familiares de presos políticos acampando en las inmediaciones de los centros de detención y organizando actividades públicas para exigir la liberación total de sus allegados.
Narwin Gil, hermana de un detenido, solicitó a la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, visitar personalmente los calabozos y solidarizarse con las familias.
“Así como usted sale a cumplir con sus labores, puede venir para acá”, reclamó Gil.
Los familiares denunciaron que, pese a las promesas oficiales, aún permanecen más de 30 presos políticos en Zona 7 y que algunas madres han visto deteriorada su salud durante la espera. Los allegados improvisaron un buzón de quejas y pidieron transparencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien visitó el centro hace un mes y prometió la liberación de todos los detenidos tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora del país, cifró en 675 el número de personas excarceladas desde el 8 de enero y exigió procesos “masivos, expeditos, públicos y transparentes” para lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.
El régimen sostiene que no existen presos políticos y defiende la legalidad de las detenciones, mientras la persistencia de decenas de casos sin resolver y las denuncias de detenciones.
(Con información de EFE)