Una plataforma integrada por 34 organizaciones y familiares de presos políticos exigió este miércoles a la dictadura de Cuba la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos y la aprobación de una ley de amnistía que despenalice la disidencia y repare las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla.
El Foro Acción por la Amnistía 2026, presentado en La Habana, sostiene que solo una amnistía plena puede responder a la gravedad de la crisis de derechos fundamentales y rechaza medidas que limiten la rehabilitación política y civil de los afectados.
Los promotores de la iniciativa recalcaron en su declaración que “la amnistía no es un favor del poder, sino la rectificación obligatoria de una injusticia sistémica”. El Foro, que agrupa a miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), activistas, ex presos políticos y familiares de encarcelados, subraya que el objetivo no es solo la excarcelación, sino también “la plena rehabilitación política y moral de cada prisionero: borrar los antecedentes penales y restituir sus derechos civiles y políticos”.
Entre los adherentes al Foro figuran organizaciones como Arco Progresista, D’Frente, y reconocidos activistas y opositores históricos como Manuel Cuesta Morúa, Félix Navarro, Carolina Barrero, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, además de familiares de presas políticas como Sissi Abascal y Saylí Navarro.
La plataforma considera que su exigencia es un “imperativo ético y cívico”, y llama al régimen cubano a promulgar una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso que ponga fin de manera “inmediata y definitiva” a la reclusión de quienes han ejercido sus derechos fundamentales.
Además, rechaza “soluciones a medias, licencias extrapenales condicionadas o destierros disfrazados de libertad”, y convoca a la sociedad civil, organizaciones internacionales y la comunidad democrática global a respaldar esta demanda.
El Foro insiste en que la amnistía debe reconocer que los condenados por razones políticas fueron víctimas de procesos que vulneraron las garantías del debido proceso y los principios del Derecho Internacional.
Reiteró que el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación, asamblea, asociación y participación política “jamás podrá volver a ser constitutivo de delito”. “El Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos con plenitud, erradicando para siempre la criminalización de las libertades civiles y políticas”, señala el comunicado, que también exige reparaciones y garantías de no repetición.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió al régimen “tomar nota” de los graves hechos ocurridos recientemente en la prisión de Canaleta, donde un motín de presos por hambre y malos tratos fue respondido con el uso de balas de goma, gas pimienta y violencia física, según testimonios de reclusos y denuncias de ONG. La situación en Canaleta, según el CTDC, “vuelve a poner en evidencia el atroz funcionamiento del aparato represor y penitenciario en Cuba”.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), con sede en México, ha documentado al menos 40 incidentes de violaciones de derechos humanos en esa prisión desde 2023, incluyendo golpizas, celdas de castigo, traslados violentos, falta de atención médica y muertes por negligencia. De acuerdo con sus registros, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, al menos 60 personas murieron en cárceles de la isla, la mayoría por problemas de salud no tratados o violencia física directa.
A nivel nacional, la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, contabiliza actualmente 1.207 presos por motivos políticos en Cuba, cifra que ilustra la magnitud del problema y la urgencia de una solución integral. El CTDC ha denunciado también el hacinamiento y la persecución de quienes protestan o intentan sobrevivir en condiciones precarias, así como la aplicación de sanciones disciplinarias y traslados arbitrarios dentro del sistema penitenciario.
El Foro Acción por la Amnistía 2026 demanda un cambio de paradigma en la política penal cubana y el fin de la criminalización de la oposición. La exigencia de una amnistía y la despenalización del disenso se ha convertido en bandera común de la sociedad civil y los familiares de los presos políticos, que reclaman justicia, reparación y un compromiso firme del Estado con los derechos humanos y las libertades fundamentales.
(Con información de EFE)