ARCHIVO - El expresidente Álvaro Uribe llega a una conferencia de prensa a la sede de un partido en Bogotá, Colombia, el 29 de junio de 2022. (AP Foto/Lina Gasca, Archivo)

La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, determinó este lunes que el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es penalmente responsable del delito de soborno de testigos en actuación penal, según se conoció en una audiencia que se extendió durante seis horas. La decisión se sitúa en el contexto de un proceso iniciado en 2012 y en el que también están en discusión otras acusaciones, como fraude procesal.

La magistrada señaló que Uribe, fundador y presidente honorario del partido Centro Democrático, ofreció beneficios por medio de emisarios a personas privadas de la libertad, con el fin de favorecer sus propios procesos judiciales. En particular, la jueza expuso que a través de su abogado Diego Cadena, el exmandatario buscó persuadir al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que no declarara sobre los supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en la región de Antioquia, y además, para que incriminara al senador Iván Cepeda en hechos ilícitos.

La jueza Heredia declaró: “El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado”, en alusión a las acciones desarrolladas por Cadena al representar a Uribe y contactar a Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá. Según el expediente, estos beneficios buscaban condicionar los testimonios de personas detenidas en varios de los procesos abiertos contra el exjefe de Estado.

El caso tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por presuntamente obtener testimonios falsos en contra suya acerca de la génesis del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, la recopilación de pruebas modificó el curso del proceso y apuntó a una estrategia para manipular a testigos, lo que llevó a que Cepeda pasara de acusado a víctima y el propio Uribe a ser investigado.

La audiencia aún debe resolver si Uribe es culpable de los otros delitos que le imputa la Fiscalía: fraude procesal y soborno, así como definir una eventual condena. La evolución de este caso sigue generando repercusiones en la vida política y judicial de Colombia.

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