El Gobierno dispuso esta semana un cambio clave en el régimen de control de armas semiautomáticas, que fueron prohibidas durante casi tres décadas y que ahora podrán volver a estar registradas por particulares bajo un régimen especial. Con la nueva normativa, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) asume la tarea de autorizar y controlar la tenencia de este tipo de armamento, que en adelante quedará reservado a usuarios con fines deportivos.
“El Estado debe saber dónde están las armas”, dijo Juan Pablo Allan, titular de la ANMAC, al comenzar a explicar la necesidad de la medida en diálogo con Infobae.
Hasta ahora, el régimen fijado por el viejo decreto 64/1995 bloqueaba la posibilidad de comprar, vender o transferir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores desmontables, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, derivadas de armas militares de calibre mayor al .22 LR. La excepción quedaba supeditada a una gestión administrativa compleja y solo habilitada en circunstancias excepcionales, bajo el control del Ministerio de Defensa.
Como resultado, una cantidad significativa de armas cuyo uso estaba autorizado antes de 1995 quedó bloqueada en el circuito legal, a nombre de propietarios que, con el correr de los años, fallecieron sin poder transferir la titularidad.
Según Allan, esa prohibición total “empuja hacia la irregularidad y la ilegalidad”, ya que, una vez cerrada la vía administrativa, el destino de esas armas resulta incierto para el Estado.
Con la publicación del Decreto 397/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno también centralizó en la ANMAC la potestad de habilitar la adquisición y tenencia de estos materiales, bajo la condición de que el solicitante cumpla con todas las exigencias previstas y acredite su uso estrictamente deportivo.
El funcionario recalcó que el organismo que encabeza contará con controles rigurosos y que cualquier permiso estará sujeto a una verificación estricta de antecedentes, de medidas especiales de guarda y del cumplimiento efectivo de los requisitos deportivos. “Vamos a tener una mejor información y una mayor trazabilidad”, dijo.
Antes de la modificación, el sistema funcionaba bajo un régimen que Allan califica como “excesivo”, ya que impedía no solo nuevas adquisiciones, sino también transferencias familiares o sucesorias.
“Quien antes del 95 era titular de una tenencia de un arma que luego, por el imperio de la ley, fue prohibida su transferencia, entendemos que eso es violatorio del derecho de propiedad sobre esos derechos”, apuntó.
Esa traba, en la práctica, habilitó un circuito informal, donde las armas continuaron existiendo, aunque fuera del radar de las autoridades.
“Al Estado le conviene saber dónde están, porque esas armas no desaparecen o se esfuman. Alguien las tiene. Entonces, si vos lo cerrabas completamente como hasta ahora, lo único que lográs en definitiva es que terminen en cualquier parte”, explicó el funcionario.
Como se mencionó, la nueva regulación establece que únicamente la ANMAC podrá otorgar autorizaciones especiales para estas armas y solo a legítimos usuarios que acrediten fehacientemente el destino deportivo.
Al respecto, Allan adelantó que en las próximas semanas se definirán detalles finos sobre los requisitos: se prevén certificaciones por parte de clubes de tiro reconocidos, controles sobre la antigüedad y trayectoria intachable de los usuarios, y mayores exigencias para la guarda segura en los domicilios. También remarcó que habrá inspecciones para constatar el cumplimiento de las condiciones.
La decisión de actualizar la normativa fue construida a partir de un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema argentino de control de armas que, según Allan, se había desvirtuado por el endurecimiento burocrático durante años.
“La ley es muy buena en Argentina, tan es así que fue copiada por muchos países de América Latina, pero en la práctica el Estado argentino puso demasiadas trabas, demasiados obstáculos y estableció una distancia muy grande con el legítimo usuario; lo que logró durante 20, 30 años fue que dos tercios de los legítimos usuarios estén en situación de irregularidad”, explicó.
En esa línea, subrayó que desde su gestión se eliminaron trámites innecesarios, se agilizaron procesos y se avanzó en la digitalización, con la inminente puesta en marcha de una credencial de legítimo usuario digital.
El impacto más concreto de la reforma alcanzará a unas 2.000 armas semiautomáticas que, según estimaciones oficiales, actualmente no tienen regularidad registral y, en muchos casos, quedaron en manos de herederos tras el fallecimiento de los titulares originales.
“Se estima, según una reconstrucción estadística, que de los legítimos usuarios que décadas atrás tenían ese tipo de armas alrededor del 30% falleció. Esas armas quedaron para herederos que no podían transferirlas, venderlas o entregarlas legalmente, y esa situación genera riesgos. El Estado necesita sincerar y blanquear esa situación para tener un control real”, insistió Allan antes del cierre de la charla.