Dominique Serrano, el legislador más joven de la Asamblea Nacional de Ecuador, enfrentará un proceso disciplinario luego de haber sido captado dibujando durante una sesión de fiscalización en el Legislativo. El hecho ocurrió la noche del 2 de julio de 2025, mientras la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social sesionaba para analizar los contratos entre el Gobierno ecuatoriano y la empresa estadounidense Progen.
Serrano, de 19 años y miembro del oficialismo por Acción Democrática Nacional (ADN), desató polémica luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se le ve garabateando durante la comparecencia del exgerente de la Unidad de Negocios Termopichincha, Byron Orozco.
La escena, que duró poco más de un minuto, muestra a Serrano dibujando mientras Orozco explicaba los motivos de su renuncia. La grabación fue ampliamente difundida en redes sociales y provocó múltiples reacciones, incluyendo críticas por la falta de seriedad del legislador durante un acto de fiscalización clave para el control político. Mientras que algunos han defendido que hay personas que “se concentran” al dibujar. No obstante, todos coinciden en que una persona tan joven y sin preparación previa no debería ocupar una curul en el principal ente representativo del Estado.
La jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, reaccionó con rapidez y presentó una solicitud formal al Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano encargado de sancionar las faltas de los legisladores. En el documento, Centeno pidió que se inicie el proceso correspondiente para determinar si Serrano incurrió en una infracción ética o disciplinaria por su comportamiento en la comisión.
Aunque Centeno pertenece al mismo movimiento político que Serrano, justificó su pedido señalando que “la ética no puede ni debe ser optativa”, y aseguró que el caso será tramitado “con total imparcialidad”. La legisladora insistió en la necesidad de preservar el decoro parlamentario, incluso cuando se trate de asambleístas del bloque oficialista.
La bancada opositora Revolución Ciudadana también intervino en el debate, al denunciar lo que califican como una incoherencia en la aplicación de sanciones dentro de la Asamblea. Recordaron que anteriormente uno de sus legisladores fue suspendido por 60 días por utilizar un megáfono en el Pleno, mientras que en el caso de Serrano, aseguran, no hubo una respuesta inmediata del oficialismo: “Mientras a nuestros asambleístas se los sanciona por opinar políticamente o exigir la palabra, con el oficialista Dominique Serrano no pasa nada cuando se lo encuentra dibujando durante una sesión clave de fiscalización”, declaró la bancada en un comunicado.
Dominique Serrano fue elegido legislador por el Distrito Centro Sur de Pichincha en las elecciones generales de 2025 y tomó posesión de su cargo el 14 de mayo del mismo año. Su ingreso a la Asamblea Nacional fue celebrado como un hito generacional, al convertirse en el asambleísta más joven en la historia del país. Sin embargo, su falta de experiencia y la atención mediática que ha generado su comportamiento en el Parlamento lo han convertido en una figura controvertida.
Serrano no registra un título universitario en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y cursa actualmente el primer semestre de Derecho, al tiempo que estudia Gastronomía. Su carrera política comenzó dentro de las juventudes de ADN y es hijo de Paulina Molina Coro, exasesora legislativa, lo que también ha generado cuestionamientos por posibles vínculos familiares en la estructura del poder legislativo.
El Consejo de Administración Legislativa deberá ahora evaluar si lo ocurrido constituye una falta conforme al Código de Ética y al Reglamento de la Asamblea Nacional. De ser considerado responsable, Serrano podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión temporal de sus funciones.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre el rol de los jóvenes en la política ecuatoriana, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor profesionalismo y compromiso en el ejercicio de la función pública.