La reciente decisión de la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) de modificar drásticamente los precios del servicio de internet ha detonado un movimiento estudiantil sin precedentes en la isla. Lo que comenzó como una protesta por el costo de los datos móviles derivó en una movilización organizada y sostenida que desafía estructuras de poder consolidadas desde 1959.
Según escribió la historiadora y activista cubana Carolina Barrero en un artículo publicado en el Journal of Democracy, “por primera vez en más de seis décadas, los estudiantes universitarios cubanos están recuperando su voz”. La autora sostiene que el aumento de precios no fue solo una carga económica, sino un detonante político: “representó más que una dificultad económica; constituyó lo que los estudiantes denominaron ‘apartheid digital’”.
El nuevo esquema tarifario anunciado el 30 de mayo incluía un plan básico de seis gigabytes por 360 pesos cubanos, pero cada recarga adicional de tres gigabytes costaría 3.360 pesos —una cifra que supera el salario mínimo mensual del país, fijado en 2.100 pesos— y sólo podía adquirirse en dólares estadounidenses. Este salto abrupto desde los anteriores 125 pesos por gigabyte provocó una respuesta inmediata en la comunidad estudiantil.
La Facultad de Matemática y Ciencias de la Computación de la Universidad de La Habana fue la primera en convocar a una huelga académica. Al poco tiempo, estudiantes de Filosofía, Sociología y Letras se sumaron con acciones coordinadas que incluyeron declaraciones formales dirigidas a las autoridades universitarias, reuniones interfacultativas, cartas abiertas y un compromiso explícito con la no violencia, a pesar de las amenazas de expulsión y represalias por parte de funcionarios respaldados por la Seguridad del Estado.
“La respuesta [de los estudiantes] fue rápida y sin precedentes”, escribe Barrero. A diferencia de otras protestas como las de 2021 y 2024, centradas en la escasez de alimentos y medicinas, esta movilización se articuló con una estrategia política clara, enfocada en la defensa de derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad académica.
Las protestas se extendieron desde La Habana a otras universidades del país, en Santiago de Cuba, Bayamo, Holguín y Santa Clara. A pesar de que ETECSA ofreció, el 3 de junio, una concesión de seis gigabytes adicionales para estudiantes, estos rechazaron la medida por considerarla insuficiente. “Todos los cubanos deberían tener la misma oportunidad que nosotros para comunicarse con sus familias”, declaró Andrea Curbelo, estudiante de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, a la agencia Reuters.
Una ruptura histórica
Barrero señala que este movimiento representa una ruptura con la tradición de pasividad estudiantil impuesta desde la revolución de 1959. En la primera mitad del siglo XX, las universidades cubanas eran centros de activismo político, pero tras el ascenso de Fidel Castro al poder, el régimen desmanteló la autonomía universitaria, convirtiendo a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en un órgano subordinado al Partido Comunista.
“La estructura estudiantil fue convertida en una correa de transmisión ideológica”, escribe Barrero, utilizando el término con el que el Partido describe a las organizaciones diseñadas para adoctrinar y controlar. Los líderes de la FEU eran elegidos por su lealtad política, no por su representatividad, lo que, según la autora, permitió que las universidades produjeran “profesionales obedientes, no ciudadanos críticos”.
La protesta actual marca un cambio en ese patrón. “Por primera vez desde 1959, los estudiantes cubanos actúan como ciudadanos jóvenes con demandas legítimas y el coraje de articularlas públicamente”, sostiene Barrero. Al exigir el derecho a organizarse y acceder a información sin restricciones, los estudiantes están desafiando las bases del monopolio estatal sobre los servicios y la vida pública.
Internet como catalizador político
Para esta generación, nacida en la era digital, el acceso a internet representa una vía de escape frente al aislamiento informativo impuesto por el Estado. A diferencia de sus padres y abuelos, que crecieron en una Cuba cerrada y dependiente de medios oficiales, los jóvenes han encontrado en las redes un espacio de expresión y aprendizaje autónomo. “Han visto cómo viven, estudian y se expresan sus pares en otros países”, explica Barrero, y saben que el aislamiento cubano es una política deliberada, no una necesidad inevitable.
El encarecimiento del acceso a internet, argumenta Barrero, busca restringir esa ventana al mundo exterior, perpetuando el control informativo y económico del régimen. “El modelo autoritario moderno enfrenta una contradicción central: necesita ciudadanos educados y conectados para desarrollarse, pero esa educación y conectividad generan expectativas de libertad que minan su autoridad”, señala.
Estrategia de cooptación
Ante la magnitud de las protestas, el gobierno optó por una estrategia de control más sutil que la represión abierta. Según Barrero, las autoridades universitarias identificaron a los líderes del movimiento, les hicieron advertencias privadas y presionaron a sus familias. Paralelamente, se organizó una “mesa de diálogo” con un grupo reducido de estudiantes seleccionados, quienes terminaron emitiendo un comunicado en nombre del estudiantado, alineado con el discurso oficial.
“El lenguaje del documento reflejaba los puntos de vista del gobierno y no los de los estudiantes movilizados”, afirma la autora. Este gesto buscó proyectar una imagen de apertura mientras desactivaba la protesta desde adentro. El proceso “proporcionó una salida decorosa a un enfrentamiento potencialmente desestabilizador”, pero también sirvió de advertencia a quienes consideren futuras resistencias.
Barrero identifica esta táctica como una plantilla para gestionar la disidencia: aislar a los líderes auténticos, cooptar a los moderados y presentar una rendición coreografiada como si fuera reconciliación. En esta ocasión, el régimen logró sofocar la protesta sin necesidad de detenciones masivas, pero el costo político puede ser mayor a largo plazo.
El legado de tres semanas
Pese a que las movilizaciones han cesado, las redes de solidaridad y conciencia cívica creadas durante esas semanas persisten. El lema más repetido por los estudiantes fue: “Detrás del miedo está el país que soñamos”. Para Barrero, esta consigna sintetiza el momento político: el temor sigue presente, pero también una nueva conciencia de ciudadanía y resistencia.
Durante tres semanas, concluye la autora, los estudiantes actuaron “no como sujetos pasivos del Estado, sino como ciudadanos que exigen responsabilidades a las instituciones”. La experiencia ha dejado una marca indeleble en una generación que, a pesar de la represión, ha comenzado a imaginar un futuro distinto.