El Consejo de Estado de Francia confirmó este lunes la destitución inmediata de Marine Le Pen como consejera del departamento de Pas-de-Calais, después de que la dirigente ultraderechista apelara una sentencia que la inhabilita durante cinco años para ejercer cargos públicos por un caso de malversación de fondos europeos.
La decisión implica que la figura más prominente de Agrupación Nacional (RN), ya apartada de su cargo municipal desde abril pasado, pierde la capacidad de desempeñar funciones en la administración local, aunque conserva su escaño como diputada nacional.
La resolución del Consejo de Estado pone fin a una serie de recursos impulsados por Le Pen contra la ejecución automática de la pena, vigente desde que el prefecto del departamento aplicara la orden de inhabilitación, tras la condena penal dictada en marzo.
El máximo órgano administrativo francés determinó que “las disposiciones del código electoral que establecen la destitución automática de los consejeros condenados por un tribunal penal e inhabilitados con efecto inmediato son compatibles con el derecho europeo e internacional”.
La condena original, dictada por el Tribunal Penal en París, incluyó cinco años de inhabilitación, cuatro años de prisión —de los cuales dos serían cumplidos bajo vigilancia electrónica— y una multa de 100.000 euros.
Le Pen fue considerada la principal responsable de una trama que, entre 2004 y 2016, desvió cerca de cuatro millones de euros provenientes del Parlamento Europeo. Según la acusación, los fondos asignados para el pago de asistentes parlamentarios fueron utilizados para financiar su partido y remunerar a empleados de Agrupación Nacional.
Marine Le Pen, que aspiraba a disputar las elecciones presidenciales francesas en 2027, había alegado que la ley electoral establece diferencias injustificadas entre los cargos electos municipales o departamentales y los de índole nacional, ya que la pérdida inmediata del cargo solo se activa para los primeros. El Consejo de Estado, sin embargo, consideró que la destitución automática en casos de condena por delitos graves está plenamente justificada para garantizar el cumplimiento de la ley y la integridad de la función pública.
Tras la notificación de la decisión, Le Pen sigue pendiente de la apelación de su condena, cuyo juicio comenzará en enero de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones de París. El proceso, que está previsto entre el 13 de enero y el 12 de febrero, podría extenderse varios meses hasta que se publique una sentencia definitiva.
La propia Le Pen reconoció la semana pasada que, si la Justicia ratifica la inhabilitación, “obviamente” no podrá presentarse a los próximos comicios presidenciales.
La inhabilitación representa un golpe para la líder de la extrema derecha, cuya agrupación se consolidó en la última década como alternativa principal al oficialismo francés. En sus recursos, la dirigente de RN había solicitado que la cuestión sobre la constitucionalidad de la norma se elevara al Consejo Constitucional, alegando discriminación, pero el Consejo de Estado respondió que no era necesario plantear esa cuestión en el caso concreto.
La trama de contratos irregulares, según las investigaciones, consistió en la utilización de empleados contratados formalmente como asistentes parlamentarios, pero que en la práctica desempeñaron tareas partidarias para Agrupación Nacional.
La suma desviada durante más de una década puso a la formación bajo investigaciones judiciales a nivel nacional y europeo. Los fondos europeos implicados en el caso representaban dietas asignadas a los eurodiputados franceses, que debían destinarse estrictamente a labores de apoyo en el Parlamento.
Pese a su destitución departamental, Le Pen mantiene su posición como diputada en la Asamblea Nacional de Francia, debido a que la inhabilitación sólo afecta cargos locales en tanto la condena no es firme en segunda instancia para su puesto parlamentario.
El caso constituye uno de los escándalos más notables de financiamiento político y uso indebido de fondos públicos en el panorama político francés reciente y podría tener implicaciones duraderas sobre el futuro de la extrema derecha en el país.
(Con información de Europa Press y EFE)