El Senado brasileño dio este miércoles un paso crucial en la revisión de las penas del ex presidente Jair Bolsonaro y los responsables de los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, con la aprobación de una ley que facilita reducciones en el tiempo de prisión y acelera la transición a regímenes menos restrictivos.
La norma, avalada por 48 votos a favor y 25 en contra, llegó al pleno tras un acuerdo de procedimiento entre oficialismo y oposición para agilizar su votación antes del cierre del año legislativo.
El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa al despacho del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podrá sancionarlo o vetarlo, en una decisión que tendrá fuertes repercusiones políticas y jurídicas. Si es promulgada, la ley aún puede enfrentar demandas ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).
La ley modifica los criterios de cálculo de penas cuando hay más de un crimen cometido en el contexto de los disturbios de 2023. A partir de ahora, los jueces podrán aplicar solo la pena más grave, con aumentos proporcionales, en lugar de sumar automáticamente condenas por cada delito.
El texto también permite que quienes estén presos por primera vez progresen a regímenes más benignos después de cumplir aproximadamente el 16% de la sentencia y no el 25% requerido hasta ahora. En el caso de Bolsonaro, condenado como líder en la intentona golpista, podría salir de prisión cerrada en poco más de tres años, si se aplican todos los descuentos previstos.
El proyecto establece penas más severas para quienes ejercieron funciones de liderazgo o financiación durante los ataques, pero abre la puerta a reducciones para participantes que no tuvieran mando ni aportaran recursos. Además, considera como tiempo cumplido los estudios y trabajos realizados bajo arresto domiciliario.
La iniciativa fue impulsada inicialmente por grupos de la oposición que pretendían una amnistía general, pero fue reformulada en el Congreso para limitar los efectos exclusivamente a crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, subrayó que no se trata de un perdón universal, sino de ajustar la proporcionalidad y evitar la sobrecarga de penas.
“La intención siempre fue corregir las distorsiones para condenados por los acontecimientos del 8 de enero”, explicó durante la sesión.
La tramitación generó disputas dentro del gobierno. Mientras algunos legisladores buscaron atrasar el debate y endurecer la respuesta penal, otros admitieron la necesidad de aprobar el texto para avanzar en temas fiscales y tributarios que requerían apoyo parlamentario.
El líder del gobierno en el Senado, Jaques Wagner, reconoció el acuerdo de procedimiento pero negó que fuera un respaldo al mérito de la ley. Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció que recurrirá al Supremo Tribunal Federal si Lula decide promulgar la ley, bajo el argumento de que el cambio afecta el debido proceso legislativo y puede beneficiar a condenados por delitos violentos.
El siguiente paso depende de la decisión presidencial. Lula puede sancionar o vetar total o parcialmente la ley. Cualquiera sea el desenlace, el tema podría terminar bajo evaluación del Supremo Tribunal Federal, manteniendo abierto el debate sobre la proporcionalidad de las penas tras una crisis que puso a prueba la institucionalidad brasileña.
El nuevo marco legal refleja el difícil equilibrio entre responder a la presión de grupos que reclaman amnistía, evitar el perdón indiscriminado a quienes atacaron los poderes públicos y ajustar la proporcionalidad del castigo en línea con el principio de legalidad.