Las autoridades del colegio Palermo Chico habían tomado conocimiento de las denuncias por abuso contra el empresario Marcelo Porcel a mediados de 2024, unas semanas después de que fueran realizadas. En ese entonces, desde la Dirección General de la emblemática institución porteña enviaron un comunicado a las madres y padres de la comunidad educativa para informarles acerca de la causa y de la intervención de la Justicia.
El escrito, al que accedió Infobae, data del 10 de agosto del año pasado, cuando los primeros alumnos -que a la vez son compañeros de clase del hijo de Porcel- denunciaron los episodios por los que ahora el abogado de las presuntas víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, pidió su detención.
En el texto, enviado por mail un mes después de las acusaciones, se lee: “Queremos informales que la semana pasada fuimos notificados acerca de una denuncia penal que familias del Colegio realizaron contra un padre, también de la comunidad. Dicho oficio judicial establece la prohibición de acercamiento y contacto de este padre con integrantes de las familias denunciantes”.
Y continúa: “En la causa se investiga/o presunto/s hecho/s delictivo/s ocurrido/s fuera del ámbito escolar. No obstante, y de acuerdo con los protocolos vigentes, hemos dado intervención al Consejo de los Derechos del Niño y a las autoridades escolares de la Ciudad”.
Desde Palermo Chico también señalaron que apoderados de la institución se habían puesto a disposición de las autoridades encargadas llevar adelante la causa y remarcaron que habían tomado las medidas de seguridad correspondientes “en pos de velar por lo expresado en dicha notificación”.
“Les queremos hacer llegar nuestro absoluto compromiso en el cuidado de todos y cada uno de los estudiantes que acuden a nuestro Colegio, siendo esta nuestra principal prioridad siempre”, dice al final del comunicado.
Este concluye: “Según nos han informado, los detalles de la denuncia se encuentran bajo secreto de sumario. Es fundamental tener en cuenta que hay menores involucrados en esta situación y la justicia está llevando a cabo su investigación”.
El contenido del mail enviado a madres y padres del establecimiento va en línea con el que mandaron en los últimos días, cuando la causa tomó estado público. En este, con fecha de diciembre 2025, las autoridades informaron que la familia Porcel fue desvinculada de la institución.
“Nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar”, indicaron desde la Dirección General, haciéndose eco de la repercusión del hecho.
Y anunciaron: “Queremos, asimismo, informar que la familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa. Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución».
Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.
Como consecuencia, la Justicia le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros a las víctimas, la cual lo inhabilitaba a estar presente tanto en el ingreso y egreso de los estudiantes al colegio como a, por ejemplo, actos escolares.
Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.
El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores, ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.