El patrón común histórico de funcionarios nacionales es un pasado común en la función pública. Su pertenencia a la “casta política”, en palabras de Javier Milei. Si bien se trata de un concepto amplio que los libertarios esgrimen para denostar a sus críticos, lo cierto es que la mayoría de quienes integraron los diferentes ministerios y secretarías nacionales en las últimas cuatro décadas provinieron de algún cargo en la administración pública o una banca legislativa, tanto en la órbita nacional como local. La alternancia en cargos en distintos niveles estatales fue una constante en la política argentina.
La llegada de Milei cambió con esa lógica de preferencia por cuadros con trayectoria en el aparato estatal. En la actual gestión libertaria, el 67% de funcionarios públicos jerárquicos viene de ocupar cargos en la actividad privada, tanto como profesionales independientes como en relación de dependencia. Sólo el 27% tiene antecedentes inmediatos en otro cargo público.
En el gobierno de Alberto Fernández era al revés: el 72% provenía de la función pública y sólo el 28% restante había trabajado como independientes o en la esfera privada. Así surge del análisis de Infobae de la base de datos de las declaraciones juradas de actividades anteriores a la función pública, publicadas por la Oficina Anticorrupción (OA), con datos al 31 de diciembre de 2025.
Hasta diciembre de 2023, la excepción había sido el Gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión estuvo integrada por CEOs del mundo empresario, un cuestionamiento que le hicieron desde las huestes opositoras. Esta situación fue producto de la falta de cuadros políticos en el PRO para cubrir cargos a nivel nacional, provincial y en el Ejecutivo porteño a la vez con el triunfo de la ola amarilla en 2015. También, de la poca disposición del líder del partido amarillo a abrir espacios a sus aliados radicales.
Las declaraciones juradas de actividades anteriores a la función pública, que deben completarse ante la OA, fueron implementadas en 2022 en el marco del Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), para evitar posibles conflictos de interés.
Busca prevenir la llamada “puerta giratoria” – como se conoce al ingreso y egreso de altos cargos públicos desde y hacia el sector privado-, y la toma de decisiones desde el ámbito público que puedan perjudicar el interés general, en beneficio de intereses privados, ya sea mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio.
Si bien en las declaraciones patrimoniales que deben presentar los funcionarios al asumir -y luego actualizar anualmente- deben consignar los trabajos inmediatamente anteriores, no siempre lo hacen.
La obligación de presentación de ese formulario al acceder a un cargo en la Administración Pública alcanza a las autoridades políticas jerárquicas, como jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios. También a funcionarios de entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, entes reguladores de servicios públicos, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad social del sector público, y bancos y entidades financieras oficiales.
Del análisis de los datos publicados por la OA revela que 767 funcionarios que ingresaron a la función pública en el actual gobierno completaron el trámite. No se informa cuántos son los incumplidores.
Infobae consultó, el jueves pasado, a voceros de la Oficina cuántos no presentaron esta declaración como exige la norma, y qué pasa con los que no lo hacen. Al cierre de esta nota, pese a la reiteración del pedido, la respuesta prometida no había llegado. Se trata de una información básica para que la OA pueda intimar a aquellos funcionarios que la adeudan.
La OA es un organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación que está a cargo de Alejandro Melik, un abogado penalista y ex secretario judicial cercano al actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El nombre del tiutlar se hizo conocido en los años ‘90 por haber sido el defensor de Guillermo Cóppola en la causa del jarrón, por “droga plantada” a Diego Maradona. Fue también abogado del club River.
Los ministros
De los 10 ministros actuales, sólo uno consignó como cargo previo la función pública: el nuevo titular de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien declaró ser oficial del Ejército Argentino. Asumió el 12 de diciembre en reemplazo de Luis Petri, ex diputado nacional que ahora regresó a la Cámara baja a ocupar una banca por Mendoza
El resto detalló trabajos previos en la actividad privada, en forma independiente o bajo relación de dependencia.
El jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró sólo trabajo independiente para distintos medios de comunicación. De profesión contador, informó haber sido conductor y columnista en Radio Rivadavia, Infobae, la agencia NA y los canales A24 y LN+.
El titular de Economía, Luis Caputo, informó que hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada, era presidente de la consultora en macroeconomía y temas financieros Anker Latinoamericana SA, fundada en 2020. Caputo ya había sido secretario y ministro de Finanzas, y presidente del Banco Central en la gestión de Macri. Con anterioridad, se había desempeñado en el sector privado, en el JP Morgan Chase, y como asesor en finanzas.
Su socio, Santiago Bausili, fue designado titular del Banco Central, en esta gestión. Sucesor de Caputo en la Secretaría de Finanzas durante el gobierno macrista, también informó ser vicepresidente de Anker ante la OA. En su sitio web, la consultora informó a sus clientes que suspendió sus servicios a partir del 1 de diciembre.
El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, declaró su trabajo independiente como abogado penalista: desde 1989 tiene un estudio privado junto a sus hermanos Rafael, Matías y Cristian. También informó haber tenido relación de dependencia previa en la Universidad del Museo Social Argentino desde 2017 – donde era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales antes de llegar al Ministerio – y en la Universidad Nacional de La Matanza desde 2006. A su vez, consignó servicios ad honorem desde 2021 para la Asociación Civil Racing Club.
El ministro de Salud, Mario Lugones, sólo declaró trabajo independiente como médico, sin más precisiones pese a que tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la salud privada y la docencia. Cardiólogo y especialista en Salud Pública, estuvo a cargo del Sanatorio Güemes y fue fundador y presidente de la Fundación de esa entidad médica.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sólo consignó trabajo independiente como periodista y productora, sin mencionar tampoco dónde desempeñó esas actividades.
El titular de Interior, Diego Santilli, es contador de profesión y cumplió distintos cargos en el gobierno porteño y fue diputado nacional por el PRO. Declaró tareas como profesional independiente en la constructora familiar Sanfor Invesment SA, de la que es accionista.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó ante la OA como actividad anterior tener relación de dependencia desde 2029 como profesor en la Universidad de San Andrés. Economista de profesión, tuvo varios cargos en la función pública. Fue secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando de la Rúa; luego fue presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional por el PRO; y en el gobierno de Macri, titular del Banco Central.
Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que asumió el 2 de diciembre en reemplazo de Patricia Bullrich, declaró trabajo independiente como investigadora y consultora. Es politóloga y, entre septiembre y diciembre de 2013, fue ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba. En el gobierno de Macri, y con Bullrich en Seguridad, había sido directora Nacional de Operaciones de Seguridad. Antes de sucederla, en la actual gestión, era su segunda.
El actual canciller de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, figura en la web de la OA “sin información”. Economista, hasta reemplazar a Gerardo Werthein en octubre pasado, era secretario de Finanzas de la Nación. Ya había estado en esa Secretaría, como coordinador general en 2016, y luego como jefe de Gabinete. Pasó al directorio del Banco Central, cuando Luis Caputo asumió su presidencia, en el gobierno de Cambiemos.
Los secretarios
Karina Milei, la hermana presidencial y secretaria General de la Presidencia, informó tareas anteriores de manera independiente como licenciada en Relaciones Públicas y asesora – ad honorem – en Campo La Ponderosa SA entre 2010 y 2023, una empresa de sus padres. No informó otras actividades privadas anteriores como directiva en otras firmas controladas por su progenitor, como Neumáticos Acassuso SRL, una empresa de servicios de gomería y lubricentro donde figuró como “socia gerenta”, o Dusho SA, dedicada a la venta de productos químicos para el campo.
Sebastian Amerio, actual secretario de Justicia, declaró haber sido funcionario del Poder Judicial de la Nación. Antes de asumir en esa cartera, se desempeñaba en la Secretaría 3 de la Corte Suprema de Justicia.
El secretario de Trabajo, Julio Córdero, consignó entre sus actividades previas a acceder a la función pública actividades independientes como abogado laboralista, y en relación de dependencia para la empresa FINMA SA, del Grupo Techint Fue responsable del departamento jurídico del holding conducido por Paolo Rocca, de quien era un abogado de extrema confianza. También se desempeñó como vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El secretario de Política Económica, Jose Luis Daza, consignó ante la OA haber trabajado previamente en forma independiente como miembro del directorio de Moneda Asset Management, una administradora de fondos de inversión con sede en Chile, y asesor para Oriente Medio de Fintech Advisory, una de las accionistas de Telecom Argentina, cuyo fundador y CEO es el mexicano David Martínez. Economista de origen chileno, a finales del año pasado había trascendido que la mano derecha de Caputo en Economía dejaría el Palacio de Hacienda para sumarse al gabinete del presidente electo en el país trasandino, José Antonio Kast. Aunque la posible designación de Daza no fue confirmada.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, consignó como trabajo anterior haber sido director de análisis fiscal tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.
Luis Giovine, secretario de Obras Públicas, declaró haber mantenido relación de dependencia como presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, y ser profesor adjunto para la Universidad Nacional de Córdoba.
Luis Lucero, secretario de Minería, informó trabajo independiente como abogado para Marval O’ Farrell Mairal. En una comunicación de febrero de 2011 de este estudio jurídico, uno de los más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, se informó su incorporación como socio con una larga experiencia en derecho minero.
María del Carmen Tettamanti, secretaría de Energía, declaró haber sido directora – en relación de dependencia – de las empresas Camuzzi Gas del Sur SA y NRG Argentina SA, una firma dedicada a producción y suministro de arenas de fracturación hidráulica y otros insumos para la industria del petróleo y gas. También consignó trabajo independiente en el directorio de la empresa La Cruz Agro S.A.
Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, declaró su cargo anterior en la función pública durante el gobierno de Alberto Fernández, como embajador en Brasil y como ex ministro de Desarrollo Productivo.
Carlos Torrendell, secretario de Educación, informó tener relación de dependencia como profesor titular ordinario de la Fundación Universidad Católica Argentina, y trabajo independiente como docente y conferencista.
Alejandro Ciro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, informó relación de dependencia en el Senado de la Nación, donde integra actualmente la planta permanente, y desempeñarse como profesor – actualmente de licencia – en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de la Matanza.
Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, informó haber trabajo en forma independiente como periodista en distintos medios de comunicación.
Según el relevamiento realizado por Infobae, no aparecen en la base de datos la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; ni el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
Tampoco figura Cristian Auguadra, nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado desde diciembre pasado, quien fuera contador personal del padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Hasta ese momento, Auguadra era inspector general de la División de Asuntos Internos de la SIDE.
A diferencia del jefe de los espías, Caputo no está obligado a presentar la declaración jurada de actividades anteriores a su rol de principal consejero del Presidente, ya que tiene un contrato de locación de servicios. Pese al enorme poder que acumula, bajo esa modalidad de contratación, no tiene las obligaciones de ética y transparencia que deben cumplir los funcionarios públicos.
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