Estados Unidos accedió al pedido de consultas de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles del 50% impuestos por Washington sobre productos brasileños. La decisión quedó formalizada en una carta enviada a la sede del organismo en Ginebra, donde la delegación estadounidense señaló: “Estados Unidos acepta la solicitud de Brasil de entablar consultas. Quedamos a disposición para acordar con los funcionarios de la misión de su país una fecha mutuamente conveniente.”
La misiva, fechada el 15 de agosto, advierte, no obstante, que algunas de las medidas señaladas por Brasil “constituyen cuestiones de seguridad nacional que no (…) pueden ser objeto de resolución” en el marco de la OMC.
La controversia comenzó a principios de agosto, cuando Brasil recurrió al sistema de solución de diferencias de la OMC, argumentando que los aranceles de Donald Trump vulneran los compromisos multilaterales asumidos por Estados Unidos. El gravamen del 50% constituye una de las sobretasas más elevadas impuestas por Washington y, según cálculos oficiales, afecta alrededor del 36% de las exportaciones brasileñas hacia ese país, lo que equivale a aproximadamente el 4% del total de ventas externas del gigante sudamericano.
El presidente estadounidense justificó la medida alegando que las políticas de Brasil representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, su gobierno abrió una investigación por supuestas “prácticas comerciales injustas” y por “ataques” a empresas estadounidenses. La Casa Blanca sostiene que estos elementos habilitan la aplicación de sanciones unilaterales bajo la Sección 301 de la Trade Act de 1974, un mecanismo históricamente utilizado para castigar lo que considera prácticas desleales en terceros países.
Brasil, sin embargo, rechaza de plano esa justificación. En una declaración reciente, la misión diplomática brasileña en Washington insistió en que el conflicto debe resolverse en el ámbito multilateral y que no corresponde que un país se atribuya potestades de juez y parte. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, fue más explícito: “Nos pidieron actos jurídicamente imposibles, como suspender un juicio contra un ex presidente. La responsabilidad de destrabar esta crisis recae en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa, en alusión a las exigencias de Trump respecto al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
La mención a Bolsonaro es central. El ex mandatario enfrenta en Brasil un juicio por presunta intentona golpista, y la administración Trump lo ha colocado en el núcleo del diferendo comercial. Trump acusa a Brasil de emprender una “caza de brujas” contra su aliado ideológico, lo que habría motivado la imposición de aranceles. La conexión entre un proceso judicial interno y las sanciones comerciales provocó rechazo tanto en círculos diplomáticos como en sectores empresariales, que advierten sobre la politización de la política comercial estadounidense.
En respuesta, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó un paquete de medidas para proteger a su sector exportador. Anunció créditos por unos 5.500 millones de dólares para las empresas afectadas, además de seguros reforzados, plazos fiscales extendidos e incentivos al mercado interno. El objetivo es contener el impacto inmediato y, al mismo tiempo, diversificar los destinos de exportación hacia la Unión Europea, Asia y países emergentes. Lula, además, ha reiterado que no aceptará condicionamientos externos en asuntos judiciales internos y ha reforzado la agenda de integración con el Mercosur.
El trasfondo es una crisis diplomática más amplia que se ha intensificado en los últimos meses. En abril, la Casa Blanca decretó una “emergencia nacional” vinculada a Brasil, lo que permitió ampliar el margen para imponer sanciones comerciales. Desde entonces, los roces bilaterales se multiplicaron, en medio de acusaciones cruzadas sobre interferencias políticas y tensiones en foros internacionales. Analistas advierten que se trata de la peor disputa diplomática entre ambos países en décadas.
En este marco, las consultas en la OMC se presentan como un paso inicial. El mecanismo permite que, durante 60 días, las partes intenten alcanzar una solución negociada. De fracasar, Brasil podría solicitar la conformación de un panel de arbitraje, que abriría un litigio formal en Ginebra. Sin embargo, Estados Unidos ya dejó claro que considera algunos aspectos del caso como vinculados a su seguridad nacional, un argumento que en el pasado le permitió eludir fallos adversos en disputas comerciales.
La tensión contrasta con la relación económica entre ambos países. A diferencia de otros socios castigados con aranceles punitivos, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Según datos del Departamento de Comercio, en 2024 el saldo positivo superó los 7.000 millones de dólares. Este hecho debilita el argumento de que los aranceles busquen corregir desequilibrios comerciales, y refuerza la percepción de que responden más a motivaciones políticas que económicas.