El sacerdote español Jordi Bertomeu, experto en delitos de abusos y comisario apostólico designado por el Papa Francisco para la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), anunció este lunes que el Vaticano ha decidido trasladar el caso a la justicia estadounidense, tras la liquidación de este grupo apostólico.
En diálogo con la emisora catalana RAC1, el enviado de la Santa Sede indicó que Washington investigará la trama económica que, según sus pronósticos, involucra hasta mil millones de dólares. “La justicia norteamericana pondrá su atención en este caso. La decisión es clara: el Vaticano no tiene interés en esconder esta trama”, declaró Bertomeu, quien añadió que no se trata solo de un escándalo de abuso espiritual o psicológico, sino de una red de corrupción financiera con repercusiones internacionales.
“Cuando te enfrentas a un grupo que, además de ser abusador, es mafioso, y no a un nivel pequeño —estamos hablando de mil millones de dólares robados—, las dificultades son mayores”, explicó el religioso, quien también señaló que ha enfrentado personalmente amenazas y presiones debido a su rol en la investigación. “Insisto: la justicia norteamericana pondrá su atención en este caso… estamos trasladándoles toda la información relevante”, dijo.
El comisario apostólico reveló además que parte de los fondos vinculados al Sodalicio están en manos privadas y fuera del control de la Iglesia Católica. “Es absolutamente imposible recuperarlos. Eso sí, quienes los tengan tendrán que rendir cuentas”, afirmó.
“En Sudamérica, en estos países, uno puede ser un delincuente económico y, con ciertos privilegios, salir adelante porque puedes comprar un fiscal, un juez, o alguna ventaja. Sin embargo, Estados Unidos —insisto— tiene una justicia imperial que puede bloquear cuentas en cualquier parte del mundo”, añadió.
El anuncio de la supresión del Sodalicio coincidió con el inicio de la Semana Santa y, para Bertomeu, este paralelismo tiene un valor simbólico, sobre todo cuando el Papa Francisco se ha recuperado de salud. “Si hubiera muerto, habría quedado pendiente que el nuevo Papa tuviera que intervenir para proveer de manera específica. Es una coincidencia feliz que esta firma coincida con una semana donde Cristo abrazó la vulnerabilidad y demostró su poder. Su poder es el de ser víctima y vulnerable”, señaló.
Mencionó que el núcleo central del SVC estaba compuesto por entre 450 y 500 personas consagradas, entre hombres y mujeres. Sin embargo, el movimiento alcanzó a más de 25 mil simpatizantes con presencia en Perú, Colombia, Ecuador, México y Brasil, países donde, bajo su mirada, las instituciones “son débiles” y las investigaciones locales han mostrado pocos avances.
“En Perú, por ejemplo, se presentaron denuncias por abusos de conciencia en 2018 y por delitos económicos en 2019. Como suele pasar allí, las investigaciones avanzan de manera muy lenta… Confiamos más en la justicia norteamericana, donde las instituciones funcionan a pesar de los problemas políticos, porque allí hay una separación de poderes efectiva”, señaló.
También se refirió a las trabas estructurales en América Latina: “La corrupción se multiplica donde hay menos reglas, mientras que los procedimientos efectivos ayudan a reducirla al establecer límites claros. Sin estos, todo resulta más fácil de manipular”, dijo.
Operación
El enviado papal describió cómo la organización religiosa habría utilizado su influencia política y eclesial para establecer negocios encubiertos y lavar dinero a través de cementerios privados. “En un país como Perú, con grandes carencias económicas, resulta preocupante. Un 80% de la economía es informal, hay mucha minería ilegal, narcotráfico, dinero negro o blanqueado. Ahora bien, ¿cómo lograron introducir este incipiente negocio de los cementerios privados?”, preguntó.
Según Bertomeu, entre 1994 y 1999, el SVC logró que estos camposantos fueran declarados como “cementerios de iglesia” bajo concordatos, lo que les permitió operar exentos de impuestos. “Incluso consiguieron que un presidente corrupto aprobara estas condiciones”, señaló, sin precisar nombres.
Refirió que “el Sodalicio, desde su influencia económica y política, utilizó estas empresas como plataformas para que estos cementerios y sus ingresos estuvieran protegidos”. Añadió que “en un país ya corrupto, comenzaron a utilizar estos nexos con la iglesia como fachada para lavar dinero de grandes potentados”.
La supuesta estrategia incluía la declaración de estas entidades como instituciones sin ánimo de lucro, lo que les otorgaba beneficios tributarios y permitía “el blanqueo mediante empresas pantalla y estructuras complejas”.
“Algunos movimientos financieros detectados inicialmente se redirigieron a Panamá y Denver, Colorado, y acabaron invertidos en inmobiliarias, empresas agropecuarias y educativas”, mencionó.
En 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz destaparon casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de esta organización “sectaria” creada en 1971 por el laico Luis Fernando Figari. Posteriormente, el Vaticano coordinó una investigación en el lugar, junto con Bertomeu y el arzobispo de Malta, Charles Scicluna. Como resultado, Figari fue expulsado junto con otros 15 miembros.