Un informe reciente de McKinsey & Company advierte que Panamá, a pesar de figurar entre los países de mayor ingreso de América Latina y el Caribe, sigue enfrentando desafíos estructurales en la calidad educativa que podrían limitar su crecimiento económico en el mediano plazo.
El análisis plantea que la combinación de tecnología educativa y filantropía estratégica podría convertirse en un motor clave para transformar los sistemas de aprendizaje en la región.
El estudio ubica a Panamá junto a economías como Chile y Uruguay, destacando avances en cobertura educativa, especialmente en el nivel secundario.
Sin embargo, señala que los resultados de aprendizaje del país aún se mantienen por debajo de los estándares de la OCDE, lo que evidencia una brecha entre acceso y calidad que persiste en gran parte de la región.
A nivel regional, el informe presenta cifras contundentes sobre la llamada “pobreza de aprendizaje”. Actualmente, el 79% de los estudiantes de sexto grado no logra comprender textos básicos, mientras que el 75% de los jóvenes de 15 años no alcanza niveles mínimos en matemáticas.
Además, un 55% presenta dificultades en lectura, lo que refleja un rezago estructural en habilidades fundamentales que afecta directamente el desarrollo educativo.
Estas brechas no son solo académicas. El documento advierte que las deficiencias en educación impactan directamente en el mercado laboral y en la productividad de los países.
En economías como Brasil y Colombia, hasta un tercio de los jóvenes no estudia ni trabaja, un fenómeno que supera ampliamente los niveles observados en países de la OCDE y que evidencia las consecuencias de un sistema educativo desconectado de las necesidades del mercado.
El informe subraya que mejorar la calidad educativa no es solo una prioridad social, sino también una estrategia económica. Según McKinsey, reducir en apenas un 10% la cantidad de estudiantes sin habilidades básicas podría aumentar el crecimiento del PIB entre 1% y 2% anual, lo que posiciona a la educación como un factor determinante para la competitividad de países como Panamá.
En este contexto, la tecnología educativa (edtech) aparece como una herramienta con alto potencial para cerrar brechas. No obstante, el informe advierte que su impacto en América Latina y el Caribe sigue siendo limitado.
A pesar de que el mercado podría alcanzar entre $1,000 millones y $1,500 millones hacia 2030, su desarrollo enfrenta obstáculos como la falta de infraestructura digital, capacitación docente y restricciones presupuestarias.
Uno de los problemas más relevantes identificados es el desbalance en el financiamiento educativo. Mientras a nivel global más del 55% de los recursos se destinan a educación básica, en la región solo el 10% llega a este segmento, precisamente donde se concentran las mayores deficiencias.
Este desajuste limita la posibilidad de generar mejoras sostenidas desde las etapas iniciales del aprendizaje.
El informe también pone énfasis en el rol de la filantropía como un catalizador clave para acelerar cambios en el sistema educativo.
Actualmente, América Latina y el Caribe reciben apenas el 7% del financiamiento filantrópico global en educación, a pesar de concentrar más del 10% de la población estudiantil mundial. Esta brecha refleja una oportunidad desaprovechada para impulsar iniciativas innovadoras en la región.
En el caso de Panamá, el documento sugiere que el país podría beneficiarse de una mayor articulación entre el sector público, el privado y organizaciones sociales para canalizar inversiones hacia proyectos educativos de alto impacto.
Esto incluye el fortalecimiento de capacidades institucionales, la adopción de soluciones tecnológicas y la creación de ecosistemas de innovación educativa.
Como hoja de ruta, McKinsey plantea que una inversión estratégica de entre $120 millones y $150 millones podría generar un efecto multiplicador en la región, acelerando la innovación y mejorando los resultados de aprendizaje.
Este enfoque apunta a intervenciones específicas, como la formación de líderes en educación digital, el financiamiento de emprendimientos edtech y el desarrollo de estándares de calidad.
El informe concluye que cerrar la brecha educativa en países como Panamá requerirá una acción coordinada y sostenida en el tiempo.
La combinación de tecnología, financiamiento inteligente y cooperación multisectorial podría marcar la diferencia en una región que, pese a sus avances en cobertura, aún enfrenta el reto de garantizar una educación de calidad para todos.
Reformas a la ley de 1946
En medio de los señalamientos sobre las deficiencias en la calidad educativa y los rezagos en aprendizaje que persisten en Panamá, también avanza un proceso que busca cambiar la base legal del sistema.
La reforma de la Ley Orgánica de Educación de 1946 se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda nacional, con un impulso directo del presidente José Raúl Mulino, quien ha planteado la necesidad de construir un marco que responda a los desafíos actuales y ofrezca estabilidad para las próximas décadas.
La iniciativa no solo es promovida por el Ejecutivo, sino que también avanza en paralelo dentro de la Asamblea Nacional, donde se han planteado mesas de trabajo con participación de docentes, padres de familia, expertos y representantes del sector privado.
El objetivo es construir una propuesta consensuada sobre aspectos como calidad educativa, formación docente y financiamiento, tres temas que aparecen de forma recurrente en los diagnósticos sobre el sistema panameño.
En paralelo, el Ministerio de Educación ya ha comenzado a introducir ajustes que sirven como antesala de esa transformación más amplia, entre ellos la implementación experimental de nuevos contenidos curriculares en 2026, mientras se desarrolla un diagnóstico sobre su impacto.
La apuesta es preparar el terreno para una reforma más profunda de un sistema que todavía se rige por una norma con casi 80 años de vigencia.