Durante las primeras horas de aplicación del toque de queda focalizado decretado por el Gobierno ecuatoriano, al menos 253 personas fueron aprehendidas, principalmente por incumplir la restricción de movilidad nocturna y por otros delitos, según informó el Ministerio del Interior.
Las detenciones sucedieron el marco de operativos de seguridad desplegados en cuatro provincias consideradas estratégicas en la lucha contra el crimen organizado.
La medida comenzó a regir el 15 de marzo de 2026 en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, donde el Gobierno dispuso la suspensión del derecho a la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00, en aplicación del Decreto Ejecutivo 329, firmado por el presidente Daniel Noboa. El objetivo de la restricción es facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad y reducir los niveles de violencia asociados a estructuras criminales que operan en estos territorios.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el dispositivo de seguridad contempla un despliegue masivo de personal policial y militar en las zonas bajo la medida. Según detalló, 35.000 agentes de la Policía Nacional se encuentran desplegados en las cuatro provincias intervenidas. Además, señaló que “se han movilizado más de 75.000 miembros de Policía y Fuerzas Armadas para estos operativos”, con el propósito de reforzar los controles y ejecutar acciones coordinadas contra organizaciones delictivas.
Reimberg indicó que el despliegue incluye la instalación de centros de mando en cada una de las provincias afectadas por el toque de queda, desde donde se coordinan las operaciones de seguridad. Según explicó, estas unidades tienen la tarea de articular el trabajo de la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para identificar y desarticular estructuras criminales vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y homicidios.
El ministro advirtió que las personas que incumplan la restricción de movilidad nocturna pueden enfrentar consecuencias penales. Según explicó, la violación del toque de queda puede configurarse como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que puede ser sancionado con penas de entre uno y tres años de prisión. Reimberg añadió que el Gobierno realiza un monitoreo permanente de los operativos y que el propio presidente de la República sigue de cerca el desarrollo de las intervenciones de seguridad.
Las operaciones también cuentan con participación activa de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) informó a través de sus canales oficiales que desplegó personal y medios adicionales para reforzar los operativos en el cantón Durán, uno de los territorios identificados por las autoridades como críticos en términos de violencia criminal. En un comunicado difundido en la red social X, la institución señaló que el despliegue responde al cumplimiento del Decreto Ejecutivo 329 y a las disposiciones del estado de excepción vigente.
Durante el inicio de estas operaciones, el brigadier general Mauro Bedoya Avilés, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, destacó el rol del personal militar asignado para apoyar las acciones de control en el cantón. Según indicó, los efectivos desplegados tienen la misión de contribuir al mantenimiento del orden, la seguridad y la paz en el territorio durante la vigencia de las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo.
Bedoya también hizo un llamado a la ciudadanía para que respete las restricciones establecidas en el decreto, entre ellas la prohibición de circulación en el horario del toque de queda. El oficial subrayó que las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de su misión constitucional y aseguró que las operaciones se desarrollarán “siempre respetando los derechos ciudadanos”.
La decisión del Gobierno de imponer un toque de queda focalizado responde, según las autoridades, a patrones de criminalidad que se concentran en horas de la noche en las provincias incluidas en la medida. Informes de seguridad elaborados por la Policía y las Fuerzas Armadas indican que una proporción significativa de homicidios y actividades relacionadas con economías criminales ocurre durante el horario restringido.
Las provincias donde se aplica la restricción forman parte de corredores estratégicos utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Guayas, particularmente el cantón Durán y zonas del área metropolitana de Guayaquil, ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales focos de violencia vinculada a bandas delictivas.
El Gobierno ha señalado que el toque de queda forma parte de una estrategia más amplia dentro del estado de excepción vigente en el país y de las operaciones contra grupos armados organizados que el Ejecutivo ha identificado como actores centrales del conflicto de seguridad. Según las autoridades, el despliegue conjunto de policías y militares busca recuperar el control territorial en zonas afectadas por la expansión de estas estructuras criminales.