El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó irregularidades en el uso de la figura jurídica de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), tras identificar que miles de ellas fueron utilizadas para evadir impuestos, emitir operaciones ficticias o simular actividad económica. Según el boletín oficial NAC-COM-25-031, al menos 69.000 SAS han sido inscritas en el Ecuador en los últimos cinco años, y más de 20.000 presentan indicios de haber operado fuera del marco tributario legal.
Las SAS fueron creadas en 2020 como un mecanismo para facilitar el emprendimiento y dinamizar la economía, ofreciendo una alternativa simplificada a los modelos societarios tradicionales. Sin embargo, el SRI detectó que esta figura ha sido utilizada de forma indebida por miles de contribuyentes para reducir su carga tributaria de manera artificial, especialmente en sectores vinculados a la comercialización de minerales.
De acuerdo con Damián Larco, director general del SRI, entre los casos revisados se identificaron 23 SAS constituidas en 2023 y 2024 que reportaron exportaciones de minerales por hasta USD 90 millones. No obstante, durante el proceso de verificación, se comprobó que los domicilios registrados en el RUC no correspondían a lugares de operación reales, lo que impidió validar la existencia económica efectiva de dichas empresas.
Ante este hallazgo, el SRI procedió a suspender los RUC de estas sociedades y a iniciar procesos de fiscalización. Además, se identificó que al menos 3.500 SAS con ingresos y actividad económica no emiten comprobantes de venta electrónicos, a pesar de estar obligadas por la ley. Esta omisión genera pérdidas en la recaudación y limita el control sobre sus operaciones.
La entidad también informó que aproximadamente 500 SAS declararon ingresos por varios millones de dólares durante 2023 y 2024, pero no pagaron impuesto a la renta, lo que dejó un vacío tributario estimado en USD 4 millones en esos dos años. Larco señaló que muchos profesionales —anteriormente registrados como personas naturales— se constituyeron como SAS con el único objetivo de tributar bajo una tarifa menor, sin que existiera un cambio real en su estructura operativa.
Además de las acciones administrativas inmediatas, el SRI recalcó que las diferencias detectadas entre lo declarado y lo verificado pueden derivar en sanciones, intereses y procesos administrativos, si no son corregidas a tiempo. La institución ejecuta estas medidas como parte de un programa de control orientado a detectar inconsistencias entre los ingresos reportados y las operaciones efectivamente realizadas.
Estas revelaciones coinciden con investigaciones periodísticas que han expuesto cómo ciertas compañías sin experiencia minera ni antecedentes empresariales lograron realizar exportaciones millonarias de oro y otros minerales en los últimos tres años. Un reportaje de Plan V, ganador del Premio Rey de España de Periodismo, reveló que 56 exportadores ecuatorianos enviaron más de USD 1.385 millones en oro entre 2021 y 2023, sin pagar impuestos proporcionales y, en varios casos, sin que exista evidencia clara de operaciones mineras previas.
El informe de la organización FACT Coalition sobre delitos ambientales también destaca el uso frecuente de empresas de papel o fachada para el lavado de activos a través de minerales. Estas compañías suelen cerrarse tras ser investigadas y se reactivan bajo otros nombres para continuar exportando. En entrevista con Infobae, en junio de este año, Julia Yansura, directora de FACT, advirtió que Ecuador representa un punto estratégico para redes criminales debido a su economía dolarizada y a la debilidad institucional en la supervisión tributaria, minera y financiera.
El propio SRI reconoció en su boletín que esta figura societaria está siendo utilizada por contribuyentes para beneficiarse de tarifas más bajas o para evitar controles más rigurosos. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, desde el 10 de junio de 2025, se prohíbe expresamente que las SAS realicen actividades vinculadas con operaciones financieras, mercado de valores, seguros, minería o sectores estratégicos y actividades con tratamiento especial.
Esta disposición busca frenar el uso de las SAS como vehículos para actividades de riesgo tributario y económico, entre ellas las exportaciones de oro, que han crecido de forma acelerada en Ecuador. De hecho, las exportaciones a India aumentaron un 1.300% y a Emiratos Árabes un 860% entre 2020 y 2023, según cifras oficiales del Banco Central, sin que existan controles sólidos sobre el origen del mineral.
El SRI finalizó su comunicado indicando que continuará ejecutando fiscalizaciones focalizadas para prevenir la evasión tributaria mediante mecanismos societarios diseñados para eludir responsabilidades fiscales. También reiteró que el uso indebido de las SAS puede ser sancionado severamente y que los contribuyentes deben revisar el cumplimiento de sus obligaciones para evitar procesos sancionatorios.