Ecuador comenzó gestiones para actualizar su marco jurídico de extradición con Argentina, con el objetivo de reemplazar el instrumento vigente desde 1933. Según informó la embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar Méndez, ya existió “un primer acercamiento con las autoridades argentinas” y también con las ecuatorianas para avanzar hacia “la suscripción de un nuevo tratado de extradiciones”.
La iniciativa, comentada por Salazar en entrevista con El Universo, se enmarca en la agenda bilateral de cooperación en seguridad y combate a la delincuencia organizada, un campo en el que la diplomática, quien asumió la representación en Argentina en mayo de 2025, ha señalado que el intercambio de información y las herramientas legales compartidas son determinantes para enfrentar redes criminales con operación transnacional. En esa línea, sostuvo que la cooperación internacional es un “puntal fundamental” y que la misión en Buenos Aires ha impulsado instrumentos para compartir buenas prácticas y experiencias, además de fortalecer canales de intercambio de información.
El punto específico de las extradiciones aparece, en palabras de la embajadora, como un tema “sensible” pero de “mucha importancia” para Ecuador y para la comunidad ecuatoriana residente en Argentina, al tiempo que subrayó que los casos en trámite hoy se sustentan en un convenio antiguo: “las cinco que están activas” se basan en el acuerdo que data de 1933, por lo que el objetivo es modernizar ese paraguas legal.
En la práctica, el avance de los procesos depende de la justicia argentina. La embajadora explicó que actualmente existen cinco casos “en resolución”, y que dos de ellos ya fueron apelados ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que la misión está a la espera de lo que resuelva ese organismo para continuar con las siguientes etapas. En ese contexto, remarcó que el seguimiento es diario por disposición de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, a la que identificó como autoridad central y encargada de impulsar estos temas.
La funcionaria también hizo una precisión institucional: las extradiciones “dependen única y exclusivamente” del Poder Judicial en Argentina y no del Ejecutivo, “como se podría pensar”, lo que implica que, aunque la cooperación política y técnica puede facilitar condiciones y coordinación, el resultado de cada solicitud se decide en sede judicial. Bajo esa lógica, consideró que los instrumentos suscritos, incluidos memorandos de entendimiento, y un eventual nuevo tratado aportarían a una lucha regional “contra la delincuencia organizada” que, señaló, afecta a ambas naciones.
El anuncio sobre la revisión del tratado ocurre mientras Ecuador busca consolidar una relación bilateral con varias capas. De acuerdo con la embajadora, tras la visita del presidente Daniel Noboa a Argentina en 2025 se fortalecieron los lazos de cooperación, particularmente en seguridad, además de comercio e inversiones. En ese marco, detalló la suscripción de acuerdos con el Ministerio de Seguridad argentino, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría Anticorrupción y el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, la representación diplomática ecuatoriana ha situado el trabajo consular y comunitario como un componente de su gestión. La embajadora mencionó que en Argentina residen cerca de 30.000 ecuatorianos, según datos oficiales, y que la misión busca visibilizar su aporte en distintos ámbitos.
En el plano de objetivos para 2026, la embajadora proyectó nuevas metas vinculadas a cooperación en ciberseguridad y ciberdefensa, así como esfuerzos para reducir el déficit comercial y promover el turismo, dentro de una agenda que combina la dimensión económica con la de seguridad. La actualización del tratado de extradición aparece como una pieza jurídica clave en un intento de adecuar reglas y procedimientos a una cooperación contemporánea que, según la propia embajadora, se ha vuelto central para enfrentar delitos complejos en el espacio regional.