Ecuador volvió a dar una señal de firmeza en su guerra contra el crimen organizado al extraditar a dos de los narcotraficantes más buscados de la región. Omar Auseno B., alias Llanero, y Nirama Ch.G., alias Nirama, fueron entregados el jueves a Estados Unidos, acusados de liderar una red de tráfico de cocaína hacia Centroamérica, México y el propio mercado estadounidense. Las autoridades los presentan como los herederos de Édison Washington Prado, alias Gerard, el capo ecuatoriano conocido como el “Pablo Escobar” del país, arrestado en Colombia en 2017 y extraditado poco después.
La noticia la confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, quien escribió en la red X: “La Policía Nacional entregó hoy a los Estados Unidos a Omar Auseno B., alias ‘Llanero’ y Nirama Ch.G. alias ‘Nirama’, dos de los más grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos”. En la misma publicación incluyó una fotografía de los detenidos de rodillas, esposados y rodeados de agentes.
Según Reimberg, los dos hombres habían tomado el lugar de Prado en la ruta internacional de la cocaína y habían consolidado alianzas estratégicas. “Alias ‘Llanero’ estaría vinculado al Frente 48 de las FARC, con quienes manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia”, afirmó el ministro. El Frente 48 es una facción disidente de la antigua guerrilla colombiana que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016 y hoy opera como un actor clave en la cadena del narcotráfico en la región andino-amazónica.
El operativo que permitió capturarlos se realizó el 27 de febrero de este año. Desde entonces permanecían bajo custodia hasta que se completaron los trámites judiciales para su traslado a Miami, donde enfrentarán cargos por narcotráfico. Su destino judicial será ahora una corte federal estadounidense, en un proceso que podría revelar más conexiones entre el narcotráfico ecuatoriano y las redes transnacionales que lo sostienen.
La entrega de Llanero y Nirama marca la segunda gran extradición desde que Ecuador habilitó nuevamente esta figura, tras décadas en las que la Constitución impedía entregar a nacionales a otros países. El mecanismo volvió a estar disponible en abril de 2024, cuando un referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa aprobó once reformas legales, entre ellas la reanudación de la extradición en casos de crimen organizado transnacional. La propuesta obtuvo un respaldo mayoritario cercano al 64%, reflejo del temor ciudadano frente a la violencia que asfixia al país.
En ese plebiscito, los ecuatorianos también apoyaron el endurecimiento de sentencias, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas acompañen a la policía en operativos de seguridad interna sin necesidad de decretar un estado de excepción y el uso de armas incautadas al crimen organizado. Noboa interpretó ese resultado como un mandato claro para intensificar su ofensiva contra los carteles.
El primer extraditado bajo esta nueva norma fue Adolfo Macías, alias Fito, considerado el capo más poderoso del país y líder de Los Choneros. Su captura y envío a Estados Unidos en julio pasado constituyeron un golpe de alto impacto simbólico: Macías había escapado de prisión y su recaptura fue presentada por el Gobierno como la demostración de que ningún criminal está fuera del alcance del Estado.
El envío de Llanero y Nirama a Estados Unidos amplía esa estrategia y refuerza el mensaje de que los principales cabecillas ya no podrán refugiarse en el sistema penitenciario local. Durante años, las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operaciones de las bandas, donde proliferaron motines, asesinatos masivos e incluso fugas. Extraditar a los jefes significa también intentar cortar el control que ejercían desde las celdas sobre las calles.
El desafío, sin embargo, va más allá de las figuras visibles. Ecuador vive una espiral de violencia sin precedentes. Según Insight Crime, el país alcanzó en 2024 una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. Guayaquil, Esmeraldas y Manabí son los principales escenarios de esa violencia, alimentada por la disputa de bandas locales aliadas a carteles mexicanos y colombianos.
La extradición es vista por analistas como un gesto de cooperación internacional y un intento de recuperar autoridad en un Estado desgastado por la infiltración del crimen. Al trasladar a los líderes a tribunales estadounidenses, Ecuador confía en reducir la capacidad de estos para seguir dirigiendo operaciones desde prisión. A la vez, estrecha sus vínculos con Washington en materia de seguridad, un punto sensible en la relación bilateral.
Las comparaciones con Colombia en los años noventa son inevitables. Al igual que el vecino del norte, Ecuador enfrenta hoy un ecosistema criminal en expansión, capaz de corromper instituciones, imponer miedo y generar zonas bajo control paralelo. La extradición, en ese contexto, se convierte en un instrumento de choque, aunque no garantiza la desarticulación completa de las redes.
La pregunta que surge es si estas medidas tendrán un efecto duradero. La experiencia de la región sugiere que cuando un capo cae, otro ocupa su lugar. Sin políticas sociales que acompañen la represión y sin reformas judiciales que aseguren procesos ágiles y transparentes, los espacios que dejan Fito o Gerard podrían ser ocupados rápidamente por otros nombres.
El presidente Noboa, que asumió el poder en 2023 tras la crisis política que precipitó la salida de Guillermo Lasso, se juega gran parte de su legitimidad en esta cruzada contra el narcotráfico. Su apuesta por la extradición refuerza su perfil de líder pragmático, dispuesto a apoyarse en el voto popular para legitimar medidas de mano dura.
Mientras tanto, las familias ecuatorianas siguen viviendo con el temor diario de la violencia: asesinatos selectivos, extorsiones, secuestros exprés y atentados con explosivos forman parte de la cotidianidad en varias ciudades. La extradición de Llanero y Nirama ofrece un respiro simbólico, pero la guerra continúa en los barrios, los puertos y las fronteras.
En el tablero regional, Ecuador se presenta como un aliado dispuesto a actuar con determinación. La escena de los dos hombres esposados, enviados a Miami, busca consolidar la idea de un país que ha dejado atrás la tolerancia y la inacción. Pero la verdadera prueba será si esa imagen logra traducirse en seguridad en las calles.