La desaparición de 16 pescadores ecuatorianos en aguas del Pacífico tras la explosión e incendio de su embarcación ha abierto una investigación marcada por la incertidumbre, las versiones contrapuestas y la presión de sus familiares, que denuncian falta de información y exigen respuestas en un caso que podría escalar desde un accidente marítimo hasta una posible violación grave de derechos humanos.
El barco pesquero Negra FCA Duarte II zarpó el 2 de marzo de 2026 desde el puerto de Manta, en la costa central de Ecuador, con una tripulación de 16 hombres, la mayoría provenientes de la parroquia San Mateo, una comunidad históricamente ligada a la pesca artesanal. Durante más de dos semanas, la faena se desarrolló sin reportes anómalos, hasta que el 17 de marzo la embarcación fue interceptada en altamar por el guardacostas ecuatoriano “San Cristóbal”, que realizó una inspección rutinaria y autorizó su continuidad al no encontrar irregularidades.
Horas después de ese control, cerca de las 23:30, se emitió una alerta por un incendio en alta mar. La última ubicación conocida sitúa el incidente a unas 385 millas de Manta y 235 millas de la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, una zona de tránsito frecuente tanto para embarcaciones pesqueras como para operaciones de control marítimo vinculadas al combate del narcotráfico. Videos difundidos posteriormente muestran la embarcación y al menos una lancha auxiliar envueltas en llamas en medio de la oscuridad.
Desde entonces, no se ha encontrado rastro de los tripulantes. La Armada del Ecuador activó el protocolo de Búsqueda y Salvamento (SAR), pero hasta el cierre de esta edición no se han recuperado cuerpos, sobrevivientes ni restos significativos de la nave, un elemento que ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido.
La versión oficial sostiene que se trató de un incendio en aguas internacionales, cuya causa aún no ha sido determinada. Sin embargo, esta explicación es cuestionada por los familiares de los pescadores y por su abogado, quienes aseguran que el hecho habría ocurrido dentro de las 200 millas marítimas que conforman la zona económica exclusiva ecuatoriana, lo que implicaría responsabilidades estatales directas en materia de vigilancia y respuesta.
El abogado de las familias, Jorge Chiriboga, ha planteado una hipótesis más grave en medios locales: que la embarcación no sufrió un accidente, sino que fue atacada. Según su versión, basada en testimonios recogidos en el entorno de la investigación, en la zona del incidente habría habido presencia de un submarino, un avión, un dron y una embarcación tipo guardacostas. En ese contexto, sostiene que se habría producido el uso de armamento, incluso misiles, contra la nave pesquera, lo que, de confirmarse, configuraría una posible desaparición forzada.
Hasta ahora, ninguna autoridad ecuatoriana ha confirmado esa hipótesis ni ha presentado evidencia pública que respalde un ataque externo. Tampoco se han divulgado datos técnicos sobre la causa del incendio, como peritajes, registros satelitales o análisis de los patrones de combustión observados en los videos que circulan en redes sociales.
El caso ocurre en un contexto regional marcado por el aumento de operaciones militares y de control en el Pacífico oriental, una zona estratégica en las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Centroamérica y Estados Unidos. Ecuador, que desde 2024 mantiene un conflicto armado interno declarado contra organizaciones criminales, ha intensificado la presencia de sus Fuerzas Armadas en distintos frentes, incluyendo el marítimo. Este escenario ha incrementado la sensibilidad sobre posibles errores operativos o daños colaterales en actividades civiles como la pesca.
Para los familiares de los desaparecidos, sin embargo, la discusión no es geopolítica sino humanitaria. En Manta, han organizado protestas frente a la Capitanía del Puerto, vigilias y actos religiosos mientras exigen claridad sobre lo ocurrido. Denuncian contradicciones en la información oficial y cuestionan la falta de resultados en las labores de búsqueda. “No nos dicen qué pasó”, es una de las frases que más se repite entre los allegados de las víctimas.