El gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof no adherirá al blanqueo, cuya primera etapa terminó el viernes pasado con un ingreso de dinero efectivo superior a los US$20.000 millones. La decisión ya produce ruidos para los que -dentro de los siete millones de contribuyentes que aportan al fisco provincial- ingresaron a la exteriorización de capitales o pretendían hacerlo, ya que deja una sentencia firme: la amnistía impositiva no será total.

La decisión fue confirmada por LA NACION con funcionarios provinciales, y fue ratificada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en una entrevista con Ámbito Financiero. Ni en el presupuesto 2025 ni en la ley impositiva 2025 que llevarán a la legislatura hay un artículo que proponga sumarse a la exteriorización. No habrá ningún proyecto del Ejecutivo en ese sentido y parece difícil que prospere alguno de la oposición en una cámara dividida, como la actual.

La decisión de no sumarse a los contribuyentes deja a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) las manos libres -como hasta ahora- para pedirles a quienes ingresaron al blanqueo lo que corresponde tanto por Ingresos Brutos, sellos, como por los gravámenes patrimoniales (inmobiliarios urbano y rural, embarcaciones y patentes).

Desde PBA dijeron a este medio que “el blanqueo de Milei es una amnistía para evasores”. Allí recalcaron que, “siempre que se disponga de la información, se avanzará con fiscalizar a todos los contribuyentes que declaren bienes o fondos ante la exAFIP (ahora ARCA) para corroborar la existencia de impuestos provinciales omitidos, y en su caso, perseguir coactivamente su cobro; además aseguraron que se avanzará en el incremento de perfil de riesgo fiscal de los contribuyentes e indicaron que, “ante indicios de blanqueo, se harán fiscalizaciones”.

“Si en eventuales fiscalizaciones, el contribuyente alega que los ingresos bancarios o registros contables que generen inconsistencias son producto del blanqueo, ello no sería oponible ante la Agencia”, explicaron. Además, alegaron que se avanzarán en determinaciones de Ingresos Brutos, entre otros tributos, intereses, multas y hasta denuncias penales.

La provincia de Buenos Aires no es la única que adhirió al blanqueo. Por ahora, todavía tampoco se sumaron la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Formosa, Catamarca o Santiago del Estero.

“No estamos cazando blanqueadores”, aclararon fuentes del gobierno provincial. Y afirmaron que la no adhesión no modifica la conducta ni las políticas que desplegó ARBA desde que llegó Kicillof hasta la actualidad: “Fiscalizar con progresividad y reorientar los esfuerzos hacia los sectores de mayor capacidad contributiva”.

El artículo 42 del paquete fiscal aprobado meses atrás rezaba: “Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.

Para poder tener una amnistía total, el Gobierno requería una adhesión de todas las jurisdicciones y municipios. El objetivo era que el contribuyente que decidiera entrar no sólo no pagara las multas por los impuestos nacionales, sino que -tabula rasa mediante- tampoco pudiera tener problemas con los gravámenes provinciales o las tasas municipales. Para eso, se plantó un anzuelo a las jurisdicciones: se fijó que los frutos del blanqueo sean coparticipables.

Ya había habido una señal de alerta al comienzo de la exteriorización. Muchos contribuyentes que blanqueaban dinero en efectivo y los depositaban en sus cuentas especiales en el banco veían una retención de alrededor del 3% de todo lo depositado por una percepción del impuesto a los ingresos brutos. Esto pasaba gracias al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), que es un régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias sobre aquel impuesto. No pasaba con todos, sino con las personas que aparecían en el listado del Sircreb. A mediados de septiembre pasado, la Comisión Arbitral (Comarb) aclaró a los bancos que frene esas retenciones.

El viernes pasado terminó la primera etapa del blanqueo, aquella que había sido prorrogada dos veces y en la que se podía exteriorizar efectivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, actualizó entonces la cifra conseguida: “Hoy se termina la primera etapa del proceso de Regularización de Activos. El monto declarado en efectivo hasta el día de ayer [por ese jueves] fue de US$20.085 millones. Adicionalmente, se declararon US$2432 millones por otros conceptos”.

“Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo”, posteó el presidente Javier Milei hace una semana cuando un usuario de X le recomendó borrar los datos de quienes blanquearon. Es que la lista del blanqueo que hizo el gobierno de Mauricio Macri terminó publicada en 2017 en los medios de comunicación por Horacio Verbitsky. Los especialistas arguyen que es difícil que se pueda avanzar en eliminar esos datos por temas de “respaldos” necesarios.

La opinión de los expertos

Las opiniones acerca del acceso que tendrá ARBA a los datos de quienes blanquearon son disímiles. Algunos especialistas afirman que será muy restrictivo, mientras otros aseguran que los intercambios de información son recurrentes.

“Al no adherir la provincia, ARBA podría llegar a investigar si se evadieron tributos provinciales, como ingresos brutos, sellos o algún tributo patrimonial. Pero no es muy lineal el tema, porque más allá de que las acciones podrían encaminarse sobre contribuyentes de la provincia, puede que se trate de ingresos o activos fuera de esa jurisdicción y que se generaron por actividades fuera de la provincia”, afirmó el abogado y socio de Expansión Holding, Diego Fraga.

“El primer desafío para ARBA va a ser detectar a los contribuyentes que blanquearon de esa jurisdicción. No va a ser fácil, porque para acceder a esos datos de manera masiva debería acudir al intercambio de información con ARCA. Es altamente improbable que ARCA comparta esos datos”, dijo el profesor de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral. Aclaró que con las cuentas CERA rige el secreto bancario previsto en la Ley de Entidades Financieras, por lo que no podría pedir la información a los bancos de manera masiva y sólo podría acceder en casos muy puntuales.

“Al no aprobarse el blanqueo en la provincia de Buenos Aires, lo que sucede es que los impuestos que corresponden por los bienes no declarados siguen vigentes”, dijo el Socio de Lisicki, Litvin y Asociados, Martín Caranta. “Entonces el fisco va a poder reclamarle a un sujeto que tuvo ingresos no declarados y que entró al blanqueo, por ejemplo, ingresos brutos. En algunos casos también se podría reclamar el impuesto inmobiliario que no había sido declarado. Esto se da sobre todo en los casos de construcciones en countries principalmente”, agregó el especialista en impuestos.

“Ante esa situación, acá hay una falta de certeza de parte del contribuyente porque la realidad es que la ley nacional invitó a las provincias a adherir y la provincia de Buenos Aires, recién ahora, después de finalizada la primera etapa de blanqueo, se manifiesta en el sentido de que no va a adherir al blanqueo”, cuestionó Caranta.

Se produce también una doble percepción de la recaudación de parte de la provincia de Buenos Aires. Porque, como todas, se las coparticipa con el impuesto especial de blanqueo cuando se ingresa, y además va a recibir la recaudación por los impuestos que puede reclamar”, agregó y dijo que esto puede ser contraproducente para las dos etapas que quedan.

Caranta contó que la Provincia de Buenos Aires puede enterarse de que un contribuyente blanqueó. “El fisco nacional intercambia bases de datos con la Provincia de Buenos Aires. Entonces, supongamos que el día de mañana un inmueble blanqueado genera alquileres, que está gravado en el impuesto a las ganancias. A partir de ello, la Provincia de Buenos Aires se entera y pretende el reclamo de ingresos brutos por esos alquileres no declarados, pero también se da cuenta de que el contribuyente exteriorizó inmuebles. Entonces, si no hubiera operado la prescripción respecto al momento de adquisición de ese inmueble, podría reclamar el impuesto sobre los ingresos brutos por los valores no declarados”, cerró.

El tributarista Sebastián Domínguez afirmó que, con relación a personas jurídicas, ARBA va a decir que los bienes que se exteriorizaron en el blanqueo surgen de tenencias o bienes no declarados, y va a presumir que eso fue por una actividad gravada por Ingresos Brutos. Ahí dependerá que actividad ejerza (y la alícuota a pagar) y en qué provincias. “En el caso de personas humanas, ahí puede ser diferente la cuestión, hay que ver si la persona humana puede demostrar, por ejemplo, que eso que blanqueó no está vinculado a su actividad”, afirmó el especialista, que dijo que siempre se advirtió a los clientes esta posibilidad de que algunas provincias decidieran no adherirse a la exteriorización.