Hace unos días, el Gobierno de Javier Milei dispuso lo siguiente: “Créase el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el estado nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que tendrá como objetivo extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”. La letra es del decreto 969, que se publicó en el Boletín Oficial el 1° de noviembre y que lleva la firma del Presidente, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma podría resumirse de la siguiente manera: “Pase y vea; su pregunta no molesta. Mire la mesa de saldos y elija lo que le interesa. No se haga problema por el pago; lo que se lleve será anotado a la cuenta de las deudas pendientes”. Claro que se trata de una simple metáfora, para intentar explicar un régimen que ya vigente y por el cual, desde este mes, los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, podrán mirar el catálogo de bienes que la Nación tiene en sus territorios y, entonces, pedir el pase de jurisdicción. Algo así como mirar el listado y elegir.

La historia del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Nación y provincias tiene un antecedente en épocas de Carlos Menem como presidente. Y se trata de un camino inverso al que se tomó desde el poder central en los últimos años, en los cuales, bajo el paraguas teórico del “Estado presente” la caja nacional sostenía, y sostiene, varios nichos que podrían ser provinciales. Y que las provincias efectivamente quieren tener.

Desde lo formal, se estableció un plazo de 30 días hábiles y administrativos –que puede ser prorrogado–, para que las provincias formalicen su intención de adherir al nuevo sistema. La Secretaría de Hacienda del Ministerio del Interior es el ámbito al cual la máxima autoridad de cada distrito se tiene que remitir para expresar su voluntad de participar en el esquema de intercambio. Desde ese trámite, habrá otros 60 días como para presentar todos los documentos que demuestren la deuda existente de la Nación con la provincia.

Luego, claro está, viene la parte de la compensación de créditos y débitos entre ambas jurisdicciones. ¿Qué entra en ese cálculo de deudas y acreencias? De acuerdo con la norma, podría ser todo, incluso los montos involucrados en los millonarios juicios que varias provincias tienen con la Nación por deudas previsionales, puntualmente por la reclamada cobertura del déficit de las cajas no transferidas. El decreto, de hecho, establece que podrán incluirse acreencias por cuestiones judicializadas. “Se deberán producir los informes técnicos y jurídicos pertinentes sobre la verosimilitud de las obligaciones que se pretenden incluir en el régimen, su cuantificación, la conveniencia de incluirlas, así como toda otra consideración que estime pertinente a efectos de ser evaluada por la autoridad de aplicación”, dice la norma.

Ahora bien, lo que se hizo es un esquema técnico para permitir el traslado de bienes de un lado a otro y además, la consolidación de la deuda. En otras palabras, un esquema para darle forma a lo que los gobernadores y la administración de Javier Milei hablaban en cada una de las conversaciones: como pasar bienes de un lado a otro.

¿Qué hay en esa mesa de saldos? De todo. La Nación, fiel a su mandamiento fundacional del gobierno actual -“achicarás el Estado a como de lugar”- ofrece cualquier bien que les interese a los gobernadores. Por caso, obra pública a medio terminar, terrenos o activos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), concesiones, participación en empresas y hasta corredores nacionales.

“¿Cuál sería la razón por la cual el Estado no puede entregarle el tramo de una ruta a una provincia y que le ponga peaje, la administre o haga doble vía? Eso no se podía hacer porque no había un régimen que lo permitiera. Bueno, este sistema va a llevar a la mesa todas las deudas y créditos y todos los bienes que le puede interesar a un gobernador”, dijo una fuente que participó del diseño del asunto.

¿Quién debe más? ¿La Nación a las provincias o estas al gobiernos central? Justamente, eso es lo que se empezará a discutir en cada caso. Lo que surge a primera vista es que los distritos son los acreedores y que en Balcarce 50 está el deudor.

Pero en el corazón del poder dicen que la cuestión no es tan así. Que si se incluyen algunas acreencias, como por ejemplo la deuda que muchas provincias tienen con Cammesa (la empresa mayorista eléctrica que vende la energía a las distribuidoras de electricidad), más alguna otra obligación que la Nación asumió, por caso con el Club de París, en muchos casos la cuestión se empata.

Solo para entender. Según datos oficiales, a Cammesa le deben 1,5 billones de pesos, y el 41% corresponde a las distribuidoras que dependen de la regulación nacional : Edenor y Edesur.

En la mesa de compensaciones hay activos impensados. Miles de terrenos que están en poder del AABE y que forman parte del patrimonio nacional, ya que se encuentran en zonas ferroviarias o portuarias. En el ámbito de este organismo, además, hay centenares de concesiones impensadas. Por caso, están para concesionarse lugares como el restaurante del Museo Evita, los espacios gastronómicos del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) y un estacionamiento en la ciudad de Rosario, pegado al hotel casino City Center, que se podrá licitar por 10 años a cambio de ofrecer, como base, $2,2 millones por mes. “Entra todo; la idea es tener libertad para poder negociar lo que sea”, dijo una fuente del Ministerio de Economía.

A mirar las góndolas

LA NACION se comunicó con una fuente del gobierno de Córdoba. “Estamos mirando Fadea [Fábrica de Aviones, una sociedad del Estado que repara aviones] para ver si es posible pasarla a la provincia. El punto es cuánto vale esta empresa, como también cuál es el valor de todos los activos que podrían ser parte de este sistema¨, dijo el funcionario.

Córdoba no es la única provincia que ya empezó a mirar qué hay en la góndola. En Santa Fe hubo un sondeo por una ruta nacional, para que se le cambie la jurisdicción en el trayecto que cruza la provincia. Se trata de otro bien muy difícil de cotizar a la hora de compensar créditos.

Hay más. Esta semana el Gobierno disolvió el programa creado en 2012 para el acceso a la vivienda conocido como Procrear. Mediante una norma que se conoció hace un puñado de días, la Nación venderá 18.335 casas que aún no han sido entregadas.

Según se estableció en el Boletín Oficial, el Tribunal de Tasaciones de la Nación les pondrá precio y el Estado podrá transferirlas a provincias, municipios, o directamente volcarlas al mercado inmobiliario. “Todo esto entrará en este sistema de compensación”, sostuvo una fuente de la Jefatura de Gabinete.

“El Ministerio de Economía podrá acordar la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado nacional”. Un comunicado oficial de la cartera dirigida por Luis Caputo fue mucho más específico sobre el destino de las casas. “Se fomentará la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta”, se lee allí.

La provincia de Buenos Aires también mira algunos activos. Por ejemplo, a principios de este mes, el gobernador Axel Kicillof se reunió con intendentes bonaerenses para firmar el convenio de creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón. Además del jefe de la gobernación, firmaron el acuerdo los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ezeiza, Gastón Granados; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y de Merlo, Gustavo Menéndez.

¿Cómo pasar la traza de una jurisdicción a otra? La respuesta no parece compleja si se piensa que se trata de entregar una obra pública inconclusa. El punto se torna mucho más complejo cuando se piensa en ponerle un precio y hacer la entrega a manera de una compensación por deudas. Un enorme desafío.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión es particular. El gobierno porteño inició un juicio cuando, durante la presidencia de Alberto Fernández se quitó un porcentaje de la coparticipación que percibía la Ciudad. Ese planteo fue llevado directamente a la Corte Suprema, jurisdicción originaria para casos en los que dos administraciones estatales dirimen sus diferendos. Por ahora, el máximo tribunal no falló sobre el fondo del asunto, aunque sí ya resolvió una cuestión parcial, y decidió ordenarle a la Nación la devolución de una parte y el pago del flujo.

Esa sentencia, que ya estaba firmada con Fernández pero que el expresidente jamás cumplió, empezó a ejecutarse después de que Luis Caputo y Jorge Macri firmaron un acuerdo. Sin embargo, si la Corte resuelve el asunto, pues es posible que se genere una enorme deuda de la Nación con la Ciudad, por lo que dejó de depositarse desde la decisión de Alberto Fernández. En ese momento, el nuevo esquema será fundamental. Y allí empezará a terciar un activo que desvela al Jefe de Gobierno: el traspaso del puerto. En realidad, se trata de todos los terrenos ribereños, desde la Costanera Norte hasta la Isla de Marchi, en el límite con Avellaneda. Sería un enorme crecimiento territorial para la Ciudad, que hoy no tiene jurisdicción sobre la mayoría de los terrenos que lindan con el Río de la Plata.

Como ya se consignó, el gran problema del régimen es establecer los números. Es decir, documentar deudas y también acreencias. No será fácil el camino. Detrás de este régimen se esconde otro propósito: eliminar la gran mayoría de ventanillas por las cuales la Nación enviaba dinero discrecional a las provincias y dejar en pie la coparticipación y una pequeña porción de obra pública. Todo un cambio en el esquema de favores cruzados que dominó la relación entre las partes.