Luego de haber sorprendido a propios y ajenos con el fin del déficit fiscal en su primer año de gestión, el punto pendiente en las conversaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría en la acumulación de reservas. El organismo históricamente pidió un dólar que permita esa tarea, mientras que el equipo económico aspira a un esquema que no interfiera con la reducción de la inflación.
Una misión técnica del FMI está por estos días en la Argentina, donde se están llevando adelante las conversaciones para concluir en un nuevo programa que refinancie la deuda por US$43.000 millones que el país mantiene con el Fondo. Será el tercero que se firme en los últimos siete años, después del stand-by arrangement (SBA) que negoció el exministro de Economía Nicolás Dujovne (2018) y el programa de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) que acordó Martín Guzmán (2022).
Si bien en la jerga económica, al Fondo se le suele decir It’s mostly fiscal (es principalmente fiscal, por sus siglas en inglés, IMF), las dudas alrededor del resultado fiscal se disiparon para 2025, pese a ser un año electoral y a que el Gobierno anunció ayer una baja de retenciones al sector agrícola, que tiene un costo fiscal, según estimaciones oficiales, de US$800 millones (0,12% del PBI).
Las negociaciones con el FMI, por lo tanto, estarían centradas en las reservas del Banco Central (BCRA), donde según proyecciones privadas, las netas están en terreno negativo en más de US$6000 millones. Esto se debe a que, pese a que la entidad monetaria compró más de US$22.000 millones en el último año, la imposibilidad de refinanciar las deudas por el alto nivel del riesgo país obligó al Tesoro a que se paguen todos los vencimientos al contado.
Esta situación se podría empezar a revertir en el corto plazo con los dólares que comenzarían a entrar la semana próxima con la baja de las retenciones temporales, que permite abaratar los costos de los productores sin necesidad de recurrir a una devaluación de la moneda. A su vez, a diferencia de otros años, el Estado ahorrará divisas por la caída en la importación de gas, que se sustituirá con producción local. Para este año, de hecho, se espera que el sector energético aporte más de US$8000 millones netos.
De esta forma, el Gobierno conseguiría un puente financiero que le permita mantener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones. El aumento de las exportaciones generará, a su vez, un mayor flujo de dólares a los tipos de cambios paralelos, ya que el 20% de las liquidaciones se hacen a través del contado con liquidación (CCL). Esto ayudará a mantener la brecha cambiaria contenida, sin necesidad de que sea el propio Banco Central el que intervenga, como hizo en las últimas semanas, cuando vendió US$619 millones solo en la primera quincena de enero.
Según exfuncionarios que negociaron con el FMI, el organismo permitiría avanzar con un nuevo programa sin obligación de unificación cambiaria en el corto plazo. Un precedente, de hecho, es el acuerdo que diseñó Guzmán, en el que no hubo una quita del cepo. Sucede que, a diferencia del programa que negoció Dujovne, el acuerdo que podría firmar el ministro de Economía, Luis Caputo, no implicaría una ampliación de la línea de financiamiento con el FMI.
El Gobierno, en cambio, buscaría que se le anticipen ahora los desembolsos necesarios para pagar los vencimientos con el propio FMI que comienzan a mediados de 2026. Sería otro puente financiero para transitar el año electoral.
“El Fondo tiene muchas ganas de ayudar, están favorablemente sorprendidos por el esfuerzo de la Argentina. Tenían mucho temor a fines de 2023 por cómo era la dinámica de la inflación. Hay buena predisposición de los accionistas del FMI a ayudar [los países miembros], además de la colaboración del equipo técnico”, dijo en reserva un exfuncionario económico.
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo, aflojaría también las exigencias del organismo. El cepo podría mantenerse unos meses, pero se podría avanzar con medidas que converjan en la unificación cambiaria, como la eliminación del parking para operar en los dólares paralelos o la reducción del dólar blend (que el esquema de 80-20 cambie a 90-10 con el tiempo), por caso.
La salida posterior del cepo podría ser con una política cambiaria administrada o sucia, donde el Banco Central interviene para evitar volatilidades del dólar, según explican quienes en el pasado negociaron con Washington.
Ya en el último informe que hizo el FMI para analizar el programa anterior que firmó con la Argentina en 2022, el organismo mencionó que hay países bimonetarios en donde se justifica que se tenga en cuenta la idiosincrasia local para que haya más intervencionismo cambiario. Sin embargo, eso no quita que la entidad vaya a sugerir acumular reservas para que las promesas de intervención sean creíbles.
“El FMI no debería presionar mucho con la salida del cepo, pero hace ruido que el tipo de cambio esté atrasado y que el Banco Central esté interviniendo en el paralelo. Pero si el Gobierno no va a pedir plata nueva, sino un adelanto de los desembolsos, el Fondo puede ser más tolerante, sobre todo porque se solucionó lo fiscal y lo monetario y se quiere avanzar con las reformas estructurales”, opinó otro exfuncionario que fue parte de negociaciones anteriores.
El objetivo del ministro de Economía es firmar el nuevo programa con el FMI en el primer cuatrimestre del año. Una vez concluido, eso podría ayudar a bajar aún más el riesgo país, que se encuentra en 650 puntos. En caso de que logre perforar el piso de 500, el Gobierno podría acudir al mercado internacional para financiar los vencimientos de US$4700 millones de julio para así sacarle presión a las reservas del Banco Central.