“Mecon [el Ministerio de Economía] está de gira por Londres con fondos de inversión. Empieza la estrategia para que los inversores abran sus carteras. Solo hay un problema: la Argentina sigue desafiando la sentencia de un tribunal británico de 1.500 millones de euros sobre warrants del PIB. Argentina, respeten los tribunales británicos si planean recaudar dinero en Londres”, lanzaron el martes los demandantes en el juicio por el “cupón PBI” a través de un posteo en su cuenta oficial de X en el que mencionaron los avatares del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La publicación en redes sociales provino de Argentina Exchange Bondholders, una agrupación que representa a un conjunto de fondos que litigan contra el Estado argentino por el esquema financiero vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y el efecto de la manipulación de las estadísticas públicas durante el kirchnerismo sobre el pago de esos título.
En el Ministerio de Economía no respondieron todavía la consulta de Infobae sobre si hubo funcionarios en Londres que se contactaron con fondos de inversión y si hay alguna estrategia para pagar el fallo pendiente con los demandantes.
Los tribunales británicos fallaron en favor de los bonistas, que reclaman el pago de USD 1.500 millones por parte de la Argentina. Se trata de uno de los tantos fallos adversos que tiene el Estado y que suman cerca de USD 30.000 millones según los cálculos del especialista Sebastián Maril. Esos litigios también representan un riesgo contingente que puede afectar la reputación del país y la vuelta a los mercados de deuda que espera el Gobierno para antes de fin de año.
Los instrumentos vinculados al PBI, también conocidos como GDP warrants, se incluyeron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 como incentivo para los bonistas. La mecánica establecía que si la economía argentina crecía por encima de un determinado umbral —con base en el índice del PBI a precios constantes—, el Estado debía realizar un pago adicional a los tenedores de estos títulos. El punto de conflicto surgió en 2013, cuando el entonces gobierno nacional, mediante el Indec, modificó la base de cálculo del PBI. Según los demandantes, esta alteración impidió el pago del cupón correspondiente a ese ejercicio, a pesar de que el crecimiento real habría superado el umbral del 3,22%.
En sus argumentos judiciales, los bonistas señalaron que con la base anterior el crecimiento económico en 2013 alcanzó el 4,9%, cifra que hubiera activado el pago. Sin embargo, el índice oficial, modificado ese año bajo la intervención del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno y con el respaldo del ministro de Economía Axel Kicillof, mostró un crecimiento del 3,2%, apenas por debajo del umbral contractual.
Este cambio generó una controversia que derivó en una demanda ante la Justicia del Reino Unido, donde se emitieron parte de esos títulos. Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited encabezaron el reclamo. Su representación legal estuvo a cargo del estudio del abogado Dennis Hranitzky, conocido por su rol en el embargo de la Fragata Libertad en 2012.
Los tribunales británicos fallaron a favor de los bonistas. El dictamen estableció que la Argentina debía pagar 1.500 millones de euros por no haber respetado las condiciones de los contratos de los warrants. Como parte de ese proceso, el Estado argentino depositó 313 millones de euros en una cuenta de garantía, pero el resto del monto continúa pendiente de cumplimiento.
En paralelo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente USD 20.000 millones incluyó este litigio entre los elementos a considerar en la sostenibilidad de la deuda argentina. Según documentación oficial, el FMI tomó nota del fallo judicial y de su impacto en las cuentas públicas. Este reconocimiento técnico fortaleció la posición negociadora de los bonistas, que ahora insisten en el cumplimiento del fallo como condición para el retorno argentino a los mercados.
“Hasta el momento, Argentina no presentó ninguna propuesta concreta ni respondió específicamente a nuestras ofertas. Solo se indicó que el país estaría dispuesto a negociar, pero no antes de cerrar sus acuerdos con el FMI”, afirmaron los bonistas.
Sin embargo, el panorama para una emisión de deuda es complejo. El contexto internacional continúa adverso, con tasas de interés elevadas en Estados Unidos y un entorno de alta aversión al riesgo hacia países emergentes. Además, la Argentina enfrenta un escenario de reservas netas limitadas, que condiciona su capacidad de pago e intervención en el mercado cambiario a futuro.
Otro factor que influye es la incertidumbre política. Aunque el oficialismo logró una victoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la atención está puesta en las elecciones legislativas de octubre. El resultado de esa contienda será clave para definir el respaldo parlamentario a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y, por ende, para delinear el rumbo económico hacia 2026.