La administración de Trump ha desarrollado una variedad de opciones para una acción militar en Venezuela, incluidas acciones directas contra unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y movimientos para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.
El presidente Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si proceder. Los funcionarios señalaron que Trump se mostraba reacio a aprobar operaciones que pudieran poner en riesgo a tropas estadounidenses o que pudieran convertirse en un fracaso embarazoso. Sin embargo, muchos de sus asesores principales presionan por una de las opciones más agresivas: sacar a Maduro del poder.
Los asesores de Trump han solicitado al Departamento de Justicia orientación adicional que pueda proporcionar una base legal para cualquier acción militar más allá de la campaña actual de ataques a embarcaciones que, según la administración, trafican narcóticos, sin aportar pruebas. Dicha orientación podría incluir una justificación legal para atacar a Maduro sin que sea necesario obtener autorización congresional para el uso de la fuerza militar, y mucho menos una declaración de guerra.
Aunque la orientación aún está siendo redactada, algunos funcionarios del gobierno esperan que sostenga que Maduro y sus principales responsables de seguridad son figuras centrales en el Cartel de los Soles, al que la administración ha designado como grupo narcoterrorista. Se espera que el Departamento de Justicia argumente que esa designación convierte a Maduro en un objetivo legítimo a pesar de las antiguas prohibiciones legales estadounidenses contra el asesinato de líderes nacionales.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Pero el esfuerzo para justificar el ataque contra el señor Maduro constituiría otro intento de la administración por ampliar sus facultades legales. Ya ha llevado a cabo asesinatos selectivos de presuntos traficantes de drogas que, hasta septiembre, eran perseguidos y detenidos en el mar en lugar de ser ejecutados mediante ataques con drones. Cualquier intento de derrocar al señor Maduro colocaría a la administración bajo un mayor escrutinio respecto de la justificación legal que presente, dado el confuso conjunto de argumentos que ha esgrimido hasta ahora para enfrentarlo. Entre ellos figuran el narcotráfico, la necesidad de garantizar el acceso estadounidense al petróleo y las afirmaciones del señor Trump de que el gobierno venezolano liberó presos hacia Estados Unidos.
El señor Trump ha emitido una serie de mensajes públicos contradictorios acerca de sus intenciones, así como sobre los objetivos y las justificaciones de cualquier posible acción militar. En las últimas semanas ha señalado que los ataques contra lanchas rápidas en el mar Caribe y el Pacífico oriental —que han dejado al menos 65 muertos— se expandirían hacia ataques terrestres. Sin embargo, eso aún no ha ocurrido.
Cuando se le preguntó en CBS News si Estados Unidos se dirigía hacia una guerra con Venezuela, el señor Trump respondió el domingo: “Lo dudo. No lo creo, pero nos han tratado muy mal, no solo en lo relacionado con las drogas”. Repitió su acusación sin fundamento de que el señor Maduro abrió sus prisiones e instituciones mentales y envió a miembros de la banda Tren de Aragua a Estados Unidos, un señalamiento que Trump ha hecho desde su campaña presidencial del año pasado.
Al ser consultado sobre si los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, añadió: “Creo que sí, sí.”
El apoyo a las opciones más agresivas proviene del secretario de Estado, Marco Rubio, quien también funge como asesor de Seguridad Nacional interino, y de Stephen Miller, vicejefe de gabinete de Trump y asesor en materia de seguridad interior. Según varios funcionarios estadounidenses, ambos han dicho en privado que creen que Maduro debería ser obligado a dejar el poder.
Sin embargo, asesores señalan que Trump ha expresado repetidamente reservas, en parte por el temor de que la operación pueda fracasar. Trump no tiene prisa por tomar una decisión y ha preguntado en varias ocasiones qué podría obtener Estados Unidos a cambio, con un enfoque específico en cómo extraer parte del valor del petróleo venezolano para beneficio estadounidense.
“El presidente Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: deje de enviar drogas y criminales a nuestro país”, afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El presidente ha dejado claro que continuará atacando a los narcoterroristas que trafican narcóticos ilícitos —cualquier otra cosa es especulación y debe tratarse como tal”.
Lo más probable es que Trump no se vea obligado a decidir al menos hasta que el Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno de Estados Unidos, llegue al Caribe a mediados de este mes. El Ford transporta alrededor de 5.000 marineros y cuenta con más de 75 aeronaves de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18.
Ha habido un incremento constante de tropas estadounidenses en la región desde finales de agosto. Incluso antes de la llegada del portaaviones, ya se encuentran desplegados alrededor de 10.000 efectivos militares estadounidenses en el Caribe, aproximadamente la mitad a bordo de buques de guerra y la otra mitad en bases en Puerto Rico.
El Pentágono también ha enviado en las últimas semanas bombarderos B-52 y B-1 desde bases en Luisiana y Texas para realizar vuelos cerca de la costa venezolana, en lo que funcionarios militares describen como una demostración de fuerza. Los B-52 pueden transportar decenas de bombas guiadas de precisión, mientras que los B-1 pueden cargar hasta 75.000 libras de municiones guiadas y no guiadas, la mayor carga convencional de cualquier aeronave en el arsenal de la Fuerza Aérea.
Además, el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales 160 del Ejército —una unidad de élite que llevó a cabo extensas operaciones con helicópteros contra el terrorismo en Afganistán, Irak y Siria— realizó recientemente ejercicios que el Pentágono calificó como maniobras de entrenamiento frente a la costa venezolana.
El despliegue militar ha sido tan rápido y tan público que parece formar parte de una campaña de presión psicológica contra Maduro. De hecho, Trump ha hablado abiertamente de su decisión de emitir una “autorización presidencial” que permite a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela —el tipo de operación sobre la que los presidentes casi nunca hablan por adelantado.
Si Trump finalmente ordena la intervención dentro de Venezuela, supondría un riesgo militar, legal y político considerable. A diferencia de los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares en Irán en junio, esta operación implicaría un esfuerzo directo para derrocar o reemplazar al gobierno venezolano.
Si Trump opta por ese camino, no hay garantía de que tenga éxito ni de que pueda asegurar que surja un nuevo gobierno más favorable a los Estados Unidos. Sus asesores señalan que se ha dedicado mucho más tiempo a planificar cómo golpear al gobierno de Maduro que a definir lo que sería necesario para gobernar Venezuela en caso de que la operación prospere.
Y algunos de los aliados políticos más leales de Trump han estado advirtiendo en contra de atacar a Maduro, recordándole al presidente que fue elegido para poner fin a las “guerras eternas”, no para desencadenar otras nuevas.
Un plan militar en tres partes
La autorización de Trump para que la CIA opere dentro de las fronteras de Venezuela podría permitir a la agencia llevar a cabo una variedad de actividades, desde operaciones informativas para construir oposición contra Maduro hasta el saboteo activo de su gobierno —e incluso la captura del propio líder. Pero los responsables de seguridad nacional sostienen que, si tales operaciones realmente pudieran apartar a Maduro del poder, él ya habría desaparecido hace años. Por eso la Casa Blanca está considerando una acción militar, y las propuestas sobre la mesa se agrupan en tres grandes categorías.
La primera opción implicaría ataques aéreos contra instalaciones militares, algunas de las cuales podrían estar involucradas en el facilitamiento del narcotráfico, con el objetivo de colapsar el apoyo militar venezolano a Maduro. Si éste llegara a creer que ya no está protegido, podría intentar huir —o, al moverse por el país, volverse más vulnerable a ser capturado, según dicen los funcionarios. Los críticos de este enfoque advierten que podría tener el efecto contrario, reforzando en cambio el apoyo en torno al líder acorralado.
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