El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo que anule un fallo judicial que impide deportar a varios inmigrantes a Sudán del Sur sin brindarles la oportunidad de defender sus casos legalmente.
Ocho personas de distintas nacionalidades permanecen retenidas en una base militar estadounidense en Yibuti, luego de que la administración Trump intentara deportarlas a Sudán del Sur. Sin embargo, una orden judicial frenó el traslado, al considerar que las expulsiones violaban garantías fundamentales.
El juez federal Brian Murphy, del estado de Massachusetts, dictaminó que el gobierno republicano incumplió una orden previa que prohíbe deportar a personas a países donde puedan enfrentar tortura, sin antes garantizarles un proceso legal adecuado.
Ante el fallo del juez Murphy, la administración Trump elevó el caso al Tribunal Supremo, solicitando que se suspenda de inmediato la orden judicial. Según el gobierno, los migrantes detenidos han cometido crímenes extremadamente graves, razón por la cual sus países de origen se niegan a recibirlos.
“El mundo entero se negó a aceptarlos porque sus delitos son excepcionalmente monstruosos y bárbaros”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una publicación en X, la semana pasada, al anunciar las más recientes deportaciones. Sudán del Sur sería, según el Ejecutivo, el único país dispuesto a aceptarlos.
De los ocho migrantes involucrados, solo uno es ciudadano sursudanés. Los demás son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. Se trata de hombres acusados de delitos graves como homicidio, robo a mano armada y agresión sexual, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.
La legislación estadounidense prohíbe explícitamente deportar a individuos a terceros países donde exista un riesgo creíble de tortura o malos tratos. A pesar de ello, la administración Trump defendió la deportación a Sudán del Sur, un país que el propio Departamento de Estado considera extremadamente peligroso debido a su conflicto armado. En mayo, Washington evacuó al personal diplomático no esencial del país africano y recomienda a sus ciudadanos no viajar allí.
Como alternativa, el juez Murphy ofreció al gobierno la posibilidad de realizar las audiencias migratorias en la base militar en Yibuti, adonde habían sido trasladados los migrantes antes de su intento de deportación.
Este caso se suma a una serie de enfrentamientos entre el poder judicial y la administración republicana por las políticas migratorias de línea dura implementadas durante el mandato de Trump. Bajo el lema de “deportaciones masivas”, el gobierno buscó acelerar los procesos de expulsión y firmar acuerdos con terceros países dispuestos a recibir a migrantes rechazados por Estados Unidos.
Entre esos acuerdos, figura un controvertido pacto con El Salvador, mediante el cual más de 200 personas fueron enviadas a una megacárcel en ese país. Allí permanecen incomunicadas de sus familias y abogados. El acuerdo, cuya letra no ha sido divulgada al público, fue negociado entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluye una compensación de seis millones de dólares a cambio de acoger a los migrantes durante al menos un año.
(Con información de EFE)