La administración de Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial que exige la reincorporación de empleados del Departamento de Educación afectados por despidos masivos, enmarcados dentro de su plan para desmantelar dicha agencia.
En una apelación de emergencia presentada ante el máximo tribunal, el Departamento de Justicia argumentó que el juez federal de distrito Myong Joun, con sede en Boston, sobrepasó los límites de su autoridad al emitir una orden preliminar el mes pasado que anulaba el despido de cerca de 1.400 trabajadores y frenaba el avance del plan general de cierre del departamento.
En un escrito presentado ante la Corte, los abogados del gobierno argumentaron que el fallo del juez federal impide al Ejecutivo “despedir a cualquier persona”. La Administración ha expresado duras críticas contra el Poder Judicial, acusando a los tribunales de actuar con un sesgo “activista” y calificando a algunos jueces incluso de “comunistas”.
Dicha orden representa un freno significativo a una de las principales promesas de campaña del presidente republicano y, en la práctica, ha congelado los esfuerzos del gobierno para desmantelar el Departamento de Educación.
Un tribunal federal de apelaciones ya había rechazado suspender la medida mientras se resolvía la apelación interpuesta por la administración. El juez Joun fundamentó su decisión señalando que los despidos “probablemente paralizarán el departamento”.
Por su parte, el procurador general D. John Sauer acusó al juez de haber reemplazado las prioridades políticas del gobierno con las suyas propias. Sauer defendió que los despidos forman parte de una estrategia orientada a aplicar la “política de simplificación del departamento y eliminación de funciones discrecionales que, en opinión de la administración, es mejor dejar a los estados”.
En abril, la Corte Suprema —por estrecho margen de 5 a 4— ya había bloqueado una orden previa de Joun que intentaba mantener en vigor ciertas subvenciones para programas de formación docente administrados por el Departamento de Educación.
Dos demandas contra el cierre del Departamento
El litigio actual gira en torno a dos demandas consolidadas, que alegan que el plan del gobierno equivale a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una de estas demandas fue interpuesta por los distritos escolares de Somerville y Easthampton, en Massachusetts, junto con la Federación Estadounidense de Maestros y otras organizaciones educativas. La otra fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Ambas acciones legales sostienen que los despidos dejaron al departamento incapaz de cumplir con responsabilidades clave impuestas por el Congreso, como el respaldo a la educación especial, la distribución de ayuda financiera a estudiantes y la supervisión del cumplimiento de las leyes de derechos civiles.
Además, los demócratas han rechazado enérgicamente el presupuesto propuesto por el gobierno de Trump para el Departamento de Educación, que contempla una reducción del 15%, incluyendo un recorte de 4.500 millones de dólares en fondos destinados a la educación básica, como parte de su estrategia para reducir la influencia federal en el sistema educativo.
Trump promete “devolver la educación a los estados”
Trump ha criticado fuertemente al Departamento de Educación, argumentando que ha sido dominado por intereses liberales y que ha fracasado en mejorar el rendimiento académico del país. Ha prometido “devolver la educación a los estados”. Los críticos, por su parte, señalan que la educación básica —desde el jardín de infantes hasta el grado 12— ya es administrada en su mayoría por los gobiernos estatales y locales.
Aunque Trump ha reconocido que el Congreso es el único con autoridad formal para clausurar el Departamento de Educación, ha dejado claro que el cierre del organismo es una prioridad. En marzo, emitió una orden ejecutiva instruyendo a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a desmantelar la agencia “en la medida máxima apropiada y permitida por la ley”.
El presidente ha declarado que las funciones del departamento deberían ser redistribuidas a otras entidades gubernamentales. Por ejemplo, propuso que la Agencia Federal de Pequeños Negocios gestione los créditos estudiantiles, y que los programas para estudiantes con discapacidades sean absorbidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, hasta la fecha, estos cambios no han sido implementados.
(Con información de AP/EFE)