Luego de los anuncios de este jueves, el Gobierno avanzará primero en la publicación de los primeros decretos que cambiarán el sistema con el que ARCA accede a información automática para fiscalizar a los contribuyentes y la creación del nuevo régimen simplificado de Ganancias.
Quedarán pendientes dos medidas: las nuevas normas de la UIF vinculadas a la prevención de lavado de dinero y una ley que cambie dos normas decisivas y que el oficialismo plantea como una suerte de “blindaje” para quienes ingresen al nuevo esquema de declaraciones juradas.
Los próximos pasos de la presentación hecha este jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de ARCA, Juan Pazo, será la publicación de las primeras resoluciones por parte del organismo tributario. Serán “tres o cuatro”, estimaron fuentes oficiales y luego de que se conozcan la Unidad de Información Financiera adaptará su propia normativa.
A grandes rasgos, los decretos establecerán la creación del nuevo régimen simplificado de Ganancias, que hará que las declaraciones juradas que se presenten el año próximo ante ARCA por el año fiscal 2025 tengan menos información que las actuales. Así, un contribuyente pasaría a tener que registrar solo ingresos, gastos y deducciones personales, sin incluir información sobre rentas o patrimonio.
El sentido de esta medida es que, de esa forma, el fisco tendrá menor acceso a información de manera automatizada. Es el mismo espíritu que persigue otro de los anuncios: que los montos a partir de los cuales ARCA obtendrá datos solo a pedido puntual.
Por otro carril corren las modificaciones por ley que buscará el oficialismo en el Congreso, una segunda etapa de esta reforma que no tiene todavía plazos determinados. El Poder Ejecutivo redacta todavía cambios para dos leyes: la penal tributaria y la de procedimiento tributario. Las dos se complementan con los anuncios por decreto y son postulados como un “seguro” legal para quienes ingresen al régimen simplificado de Ganancias.
Con ese proyecto de ley el Gobierno buscaría dos cosas. Por un lado, cambiar el monto a partir del cual existiría evasión fiscal. Desde 2017 ese número está fijado en 1,5 millones de pesos para el caso de evasión simple, algo que solo ajustado por inflación hasta la actualidad debería convertirse en unos 100 millones de pesos, estimó el tributarista Sebastián Domínguez. “En ningún país del mundo te acusan por evasión fiscal por 15 mil dólares”, comentó un funcionario.
Un contribuyente pasaría a tener que registrar solo ingresos, gastos y deducciones personales, sin incluir información sobre rentas o patrimonio
Y por otro, un cambio en la ley de procedimiento tributario versaría sobre los plazos de prescripción, es decir, el período durante el cual el Estado puede iniciar acciones penales contra una persona por un supuesto delito tributario, como evasión fiscal u otros como fraude tributario. Actualmente, ese plazo es de 5 años y podría ser reducido.
La discusión en el Congreso, con sus tiempos políticos y su dinámica particular, queda por el momento fuera del alcance de los funcionarios del equipo económico que diseñaron las medidas, aunque consideran que “provincias deberían tender a apoyar porque implicaría una mayor recaudación de impuestos que se coparticipan”.
El sentido de los reajustes de las dos leyes es “dar un blindaje ante un eventual futuro cambio de gobierno por las nuevas declaraciones simplificadas de Ganancias”, comentaron desde el Gobierno. Fuentes del sector privado con contacto permanente en ARCA aseguraron que esta medida en particular tuvo alguna resistencia en la línea técnica del fisco.
“En Estados Unidos funciona como lo quieren hacer ahora, consideran rentas y gastos. Informar patrimionio, consumido y donaciones no es propio del impuesto, es lógico. Pero una vez que estaba determinado así el impuesto, delegar y no tenerlo es difícil porque es una herramienta muy poderosa”, ampliaron desde un importante estudio jurídico.
Con todo, en el Gobierno creen que hay argumentos para que tanto monotributistas como autónomos pasen a adherirse al régimen simplificado de Ganancias. El sistema será habilitado en ARCA en los próximos días y entrará en vigencia desde el 1° de junio. La posibilidad de ingresar permanecerá a lo largo del año.
El ministro Caputo consideró, en conferencia de prensa, que la salida de los dólares desde el circuito informal hacia el formal debería suceder como una consecuencia de estos cambios estructurales. Un informe de Adcap Grupo Financiero lo relativizó: “No existe una agenda específica para fomentar el uso de dólares no declarados -estimados por el gobierno en hasta 200.000 millones de dólares-. Con las medidas actuales, cualquier remonetización en dólares será probablemente marginal en el corto plazo”.
“Si bien no hay incentivos explícitos para los tenedores de dólares no declarados, un régimen de información más laxo combinado con mayores rendimientos en los depósitos en dólares podría ofrecer un modesto incentivo, aunque el impacto probablemente será limitado por ahora”, amplió Adcap.
“Las medidas anunciadas son relevantes y simplificaran la forma en que las personas y empresas operaran con los bancos” (Bolzico)
En el sector privado hubo una buena recepción de las medidas. La Cámara de Comercio (CAC) consideró que “impulsará el dinamismo de la economía nacional, al favorecer que dólares que actualmente permanecen ociosos se apliquen al consumo y la inversión”.
Por su lado, Javier Bolzico, presidente de Adeba, indicó: “Las medidas anunciadas son relevantes y simplificaran la forma en que las personas y empresas operaran con los bancos”. “Contribuirán a fortalecer la confianza mutua entre los bancos y sus clientes”, dijo. En un comunicado, Adeba destacó que “la eliminación de exigencias del Estado de procesos, regímenes informativos y regulaciones inconducentes, pero gravosos, permitirá a los bancos a aplicar controles con un enfoque en base a riesgos. De esta forma, los controles y recursos sólo se focalizará en las operaciones riesgosas, lo que promoverá la seguridad e integridad del sistema financiero”.
Entre las pymes, CGERA aseguró que “permitirá solucionar la situación económica, financiera y de acceso a los insumos importados de las empresas” y que “es necesario un impulso para reactivar la economía local”.