Cuatro hombres —tres policías en servicio activo y un militar en servicio pasivo— fueron detenidos en Ecuador por su presunta participación en una red de tráfico de armas que operaba en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, en un caso que vuelve a poner en evidencia la penetración del crimen organizado en estructuras estatales de seguridad.
La aprehensión se produjo durante un operativo de la Policía Nacional en el sector de Bella Rica, una zona montañosa de este cantón, donde se allanaron al menos dos inmuebles que, según las autoridades, funcionaban como centros de acopio de armamento destinado a actividades delictivas.
En el lugar se incautaron tres fusiles, un lanzagranadas, chalecos antibalas, radios de comunicación y municiones, un arsenal que, de acuerdo con información oficial, habría sido utilizado en delitos como extorsión, robos y asesinatos por encargo.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de sus canales oficiales que los detenidos serían presuntos integrantes de una estructura criminal conocida como “Los Lobos Sao Box”, una facción asociada a Los Lobos, considerada una de las organizaciones delictivas más grandes y violentas del país en la actualidad.
Las detenciones se realizaron en flagrancia, lo que implica que los sospechosos fueron capturados mientras presuntamente cometían el delito o en circunstancias que los vinculan directamente con la actividad ilícita. Tras su aprehensión, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial correspondiente.
El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado, especialmente en cuerpos de seguridad. En los últimos años, Ecuador ha experimentado un deterioro sostenido de sus indicadores de violencia, en gran parte vinculado al narcotráfico y a la disputa territorial entre bandas criminales.
Desde enero de 2024, el país se encuentra bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, una figura adoptada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra organizaciones criminales, a las que ha catalogado como “terroristas”. Esta estrategia ha implicado el despliegue conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en operativos de seguridad a nivel nacional.
Sin embargo, episodios como el registrado en Ponce Enríquez evidencian que el desafío no se limita a la acción de grupos externos, sino que también involucra riesgos internos relacionados con corrupción, cooptación o colaboración de agentes estatales con estructuras delictivas.
El cantón Ponce Enríquez, ubicado en una zona estratégica del sur del país, ha sido señalado en varias ocasiones como un punto sensible debido a su actividad minera, en muchos casos informal o ilegal, y su conexión con rutas utilizadas para el tráfico de drogas y armas. Estas condiciones lo convierten en un territorio de interés para organizaciones criminales que buscan controlar economías ilícitas y corredores logísticos.
El decomiso de armamento de uso militar, como fusiles y un lanzagranadas, refuerza la hipótesis de que estas redes no solo operan en actividades de bajo perfil, sino que están equipadas para sostener niveles elevados de violencia, similares a los observados en escenarios de crimen organizado transnacional.
De acuerdo con cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con más de 9.200 homicidios, el registro más alto de su historia, lo que ha llevado al Gobierno a anunciar una “nueva fase” en su estrategia de seguridad, con énfasis en operaciones más agresivas contra las estructuras criminales y con apoyo internacional, particularmente de Estados Unidos.
En este contexto, la detención de miembros activos de la Policía Nacional y de un exintegrante de las Fuerzas Armadas plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno, los procesos de depuración institucional y la necesidad de reforzar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia.
Las autoridades no han detallado, hasta el momento, si existen más personas involucradas en esta red ni el alcance completo de sus operaciones. Tampoco se ha informado si el armamento incautado estaba destinado a un grupo específico o si formaba parte de una cadena de suministro más amplia.
