Un ciudadano panameño fue aprehendido en el distrito de Arraiján como parte de la Operación Internacional Córdoba, una investigación coordinada entre Panamá y Argentina que busca desarticular redes vinculadas a delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.
La captura se realizó mediante diligencias de allanamiento y registro en el corregimiento de Nuevo Emperador, donde las autoridades ubicaron evidencias tecnológicas relacionadas con el caso.
De acuerdo con información de la Policía Nacional y el Ministerio Público, el hombre de 30 años es investigado por presuntos delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y extorsión sexual en perjuicio de al menos siete víctimas menores de nacionalidad argentina.
La operación fue ejecutada por la Sección de Delitos Sexuales de Panamá Oeste en coordinación con unidades de la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y especialistas de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con apoyo internacional de Homeland Security Investigations.
Las autoridades indicaron que la investigación comenzó en enero de 2025, tras recibir información remitida por organismos de Argentina que alertaban sobre la posible posesión y circulación de material de abuso sexual infantil vinculado a dos investigaciones abiertas en ese país.
Las pesquisas permitieron determinar que los menores eran contactados inicialmente a través de Instagram y posteriormente mediante WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá.
Durante el operativo fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que ahora forman parte del proceso investigativo. Además, el Ministerio Público informó que el sospechoso mantenía arresto domiciliario en otra causa penal por delitos de violación agravada y corrupción de menores, lo que constituye un elemento agravante dentro de la investigación en curso.
El ciudadano será llevado a audiencia de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y definición de medidas cautelares.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene su compromiso institucional de perseguir delitos que atenten contra la libertad e integridad sexual de niños, niñas y adolescentes mediante investigaciones con debida diligencia y cooperación internacional.
El contexto estadístico refleja que este tipo de delitos mantiene una presencia significativa en el sistema penal panameño. Durante 2025 se registraron 6,273 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 440 correspondieron a corrupción de menores, explotación sexual y conductas relacionadas, según el informe oficial del Ministerio Público.
Dentro de ese mismo periodo se reportaron 55 denuncias por pornografía infantil y 34 por posesión de este tipo de material, cifras que muestran la persistencia del fenómeno pese a variaciones interanuales.
El inicio de 2026 mantiene la tendencia. Solo en enero se registraron 38 denuncias relacionadas con corrupción de menores y explotación sexual, incluyendo tres casos de pornografía infantil y cuatro por posesión de este material.
Las autoridades han señalado que el incremento de investigaciones vinculadas a ciberdelitos refleja el impacto del uso de plataformas digitales en la captación y victimización de menores. En el desglose de ese mes, las 38 denuncias se concentraron principalmente en corrupción de personas menores de edad, con 30 reportes, mientras que no se registraron denuncias por explotación sexual en esa categoría durante enero.
En paralelo, el Ministerio Público contabilizó tres denuncias por pornografía infantil y cuatro por posesión de pornografía infantil. El informe también registra un caso por relaciones sexuales remuneradas con personas mayores de 14 años y menores de 18, y el resto de figuras penales asociadas —como exhibicionismo, exhibición de materiales pornográficos a menores, omisión del conocimiento del delito, turismo sexual y uso de inmuebles para estos fines— no reportaron denuncias ese mes.
Las autoridades han señalado que el incremento de investigaciones vinculadas a ciberdelitos refleja el impacto del uso de plataformas digitales en la captación y victimización de menores.
A nivel internacional, organismos multilaterales han advertido que la explotación sexual infantil en línea se ha expandido significativamente tras la pandemia, impulsada por el acceso masivo a internet y la sofisticación de redes criminales transnacionales.
Informes recientes señalan que millones de imágenes y videos de abuso infantil circulan anualmente en la web, lo que ha obligado a los países a fortalecer la cooperación judicial y tecnológica para identificar víctimas y perseguir a los responsables.
En América Latina, la cooperación policial se ha convertido en un eje clave para enfrentar estos delitos, especialmente en casos donde los agresores y víctimas se encuentran en jurisdicciones distintas. La Operación Córdoba se enmarca precisamente en ese esquema de coordinación transnacional, que combina intercambio de inteligencia, análisis forense digital y ejecución simultánea de diligencias judiciales.
Las autoridades panameñas sostienen que el caso evidencia la importancia de la denuncia y la colaboración internacional para detectar redes de explotación sexual infantil, particularmente aquellas que operan a través de plataformas digitales. También subrayan la necesidad de reforzar mecanismos de prevención, educación y monitoreo en entornos virtuales para reducir la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a estos delitos.
El proceso judicial continuará en las próximas semanas mientras se analizan los dispositivos incautados y se profundiza la cooperación con Argentina para identificar posibles nuevas víctimas y determinar la magnitud de la red investigada.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas diligencias en territorio nacional o internacional en función de los hallazgos obtenidos durante el análisis forense de los equipos decomisados.