El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmaron el Decreto 525/2025 que designa a Carlos María Curci González como nuevo interventor de Radio y Televisión Argentina y de Contenidos Artísticos e Informativos. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, acepta la renuncia de Eduardo Roberto González, quien ocupaba el cargo desde julio de 2024.
El cambio de responsables se produce luego de que González presentara su renuncia motivada por un viaje al exterior de larga duración, allanando el camino para que Curci, que hasta este momento se desempeñaba como vocero de la Sociedad Rural, asuma el cargo.
El nombramiento de Curci —mano derecha en comunicación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural— se consolidó tras el acto celebrado en la exposición de Palermo, donde el presidente Milei fue recibido con ovaciones en varias ocasiones.
Curci cuenta con una trayectoria consolidada como periodista en el ámbito agropecuario y mantiene una buena relación con Javier Lanari, subsecretario de Prensa, quien también proviene del mismo sector.
La llegada de Curci estaría orientada a profundizar la reducción de la inversión dedicada a los medios públicos. Uno de los mayores recortes se implementó en la ex agencia Télam, ahora transformada en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), donde más de 400 empleados aceptaron un retiro voluntario.
La decisión afecta a las principales empresas estatales de medios audiovisuales, responsables de la administración y operación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado nacional, así como de señales educativas y culturales como Encuentro, Paka Paka y DeporTV.
El proceso de intervención y transformación de estas empresas estatales comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y dispuso una reorganización profunda del sector público. En ese marco, el artículo 48 del decreto ordenó la transformación de las sociedades del Estado en sociedades anónimas sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Posteriormente, el Decreto 117/2024 dispuso la intervención de Radio y Televisión Argentina y de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, con el objetivo de llevar adelante su transformación societaria y optimizar su funcionamiento. En un primer momento, el proceso se extendería un año, pero la situación fue prorrogada.
En ese momento, dentro de los objetivos que se establecieron en el proceso de intervención se encuentran los siguientes: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo; modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo; y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva; presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas; designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades.
En julio de 2024, el ingeniero Eduardo Roberto González fue designado interventor de ambas sociedades.
Ahora, con estos cambios, el decreto establece que Curci González ejercerá el cargo de interventor en Radio y Televisión Argentina Sociedad Anónima Unipersonal y, con carácter “ad honorem”, en Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal.
El decreto se fundamenta en la necesidad de continuar con el proceso de transformación y reorganización de las empresas públicas de medios, en línea con la política de eficiencia y optimización del sector público impulsada por el Gobierno nacional. El documento recuerda que la intervención de estas sociedades fue prorrogada por un año mediante la Decisión Administrativa N° 5/2025, en los términos del Decreto 117/2024.
El servicio de asesoramiento jurídico del Estado intervino en el proceso, y la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al presidente por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional.