A contracorriente del mensaje oficial que insiste en que Ecuador no enfrentará cortes de energía este año, una advertencia técnica vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad del sistema eléctrico. En una entrevista concedida a Infobae, el analista energético José Alvear sostuvo que, si no se producen cambios estructurales inmediatos, el país podría enfrentar apagones desde marzo de 2026, como resultado de decisiones de política pública que, a su criterio, no resolvieron los problemas de fondo y se limitaron a “ganar tiempo”.
Alvear explicó que el riesgo no responde a un solo factor, sino a una combinación de fallas de planificación, improvisación en las contrataciones y un uso recurrente de esquemas de emergencia que resultan costosos e ineficientes.
El experto señaló que en los últimos años se destinaron cientos de millones de dólares a proyectos con proveedores que no cumplían garantías técnicas ni financieras, lo que derivó en procesos caídos y en una mayor dependencia de barcazas y compras externas de energía. Según el especialista, ese patrón no solo no resolvió el déficit estructural, sino que consolidó una lógica de dependencia que vuelve a dejar al sistema expuesto ante el estiaje.
Uno de los puntos centrales de su crítica fue el discurso oficial sobre nuevas licitaciones. Alvear cuestionó los anuncios de grandes proyectos fotovoltaicos y termoeléctricos como soluciones de corto plazo. Explicó que, en el caso de la energía solar, la capacidad instalada no equivale a la energía efectivamente disponible para el sistema, y que presentar esas cifras como si fueran intercambiables genera expectativas que no se condicen con la realidad técnica.
En cuanto a la generación térmica, advirtió que los plazos anunciados no consideran los tiempos reales de elaboración de pliegos, adjudicación, cierre financiero y fabricación de turbinas, procesos que, en condiciones normales de mercado, pueden extenderse por varios años.
Desde esa perspectiva, el analista sostuvo que la situación actual del parque termoeléctrico tampoco permite un margen de maniobra amplio. Afirmó que buena parte de las centrales tiene décadas de antigüedad y que no se ejecutó un plan sostenido de renovación ni de transición hacia combustibles más eficientes, como el gas natural. Esa falta de inversión estructural, dijo, mantiene altos los costos de generación y reduce la confiabilidad del sistema en momentos de alta demanda o baja hidrología.
En ese contexto, Alvear planteó que, de mantenerse las condiciones actuales, los apagones podrían reaparecer a partir de marzo, cuando los niveles de los embalses comienzan a resentirse y la oferta regional también se vuelve más restrictiva. “Dependemos del clima y de la compra externa, y cuando el estiaje es regional, cada país prioriza su propia demanda”, señaló, al advertir que Colombia podría limitar exportaciones si enfrenta escenarios similares.
El contraste con la versión oficial quedó marcado este miércoles 8 de enero. En una entrevista con Teleamazonas, la ministra de Gobierno Natalie Morillo afirmó que no habrá apagones durante 2026 y que el Ejecutivo está ejecutando los procesos necesarios dentro del sector energético para garantizar el suministro. Morillo respaldó públicamente la gestión del Ministerio de Energía y reiteró que los anuncios realizados por el Gobierno apuntan a asegurar estabilidad y confianza en el sistema eléctrico, en línea con un mensaje más amplio de optimismo sobre el desempeño económico del país.
Sin embargo, Alvear sostuvo que el problema no es solo de comunicación, sino de conducción técnica. A su juicio, uno de los primeros pasos para corregir el rumbo sería un cambio en la cabeza del Ministerio de Energía, acompañado de la incorporación de equipos especializados con experiencia en planificación y operación de sistemas eléctricos complejos. Argumentó que la magnitud del desafío requiere decisiones técnicas de largo plazo y no únicamente respuestas coyunturales ante la presión política y social que generan los apagones.
El impacto potencial de un nuevo ciclo de cortes, advirtió, sería significativo. Recordó que los apagones anteriores afectaron de manera desproporcionada a pequeños comercios y servicios, provocaron cierres anticipados, pérdidas económicas millonarias y un deterioro de la confianza en la gestión pública.