La diputada nacional de PRO, Silvana Giudici, presentó este martes un proyecto de ley para excluir a los condenados por delitos de corrupción del beneficio del indulto o la conmutación de penas. La iniciativa, registrada bajo el número 3233-D-2025 y acompañada por otros referentes de la bancada, apunta a impedir que, a futuro, el Poder Ejecutivo pueda perdonar o reducir las penas impuestas a funcionarios públicos sentenciados por graves delitos contra el Estado.
La propuesta surge tras la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión domiciliaria en la llamada “Causa Vialidad”. “El objetivo es ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados y que la pena que reciban deberá ser totalmente cumplida”, afirmó Giudici al explicar el espíritu del proyecto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del PRO como Sofía Brambilla, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia De Sensi, Gerardo Millán, María Sotolano y Germana Figueroa Casas. El texto busca cerrar la posibilidad de que decisiones políticas -como el indulto presidencial- anulen, conmuten o dejen sin efecto sentencias firmes por hechos de corrupción cometidos por funcionarios.
“Este proyecto excluye del instituto del indulto presidencial a quienes hayan sido condenados por delitos graves contra la administración pública, como abuso de autoridad, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción cometidas desde el Estado”, explicó la diputada durante la presentación. “Esos delitos y sus autores fueron los responsables de haber sumido a la Argentina en la pobreza y la decadencia, por eso los consideramos tan graves para los derechos humanos como la traición a la patria”, amplió Giudici en los fundamentos del proyecto.
El articulado del proyecto modifica la ley 27.156 para establecer que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga, las penas o procesos penales sobre los delitos cometidos contra la Administración Pública y aquellos relacionados con hechos de corrupción”. Entre los delitos alcanzados se incluyen abuso de autoridad, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, detallados en el Título XI del Código Penal.
Giudici fundamentó la iniciativa al señalar que “las diversas causas de corrupción que se tramitan en los tribunales argentinas, desde la Causa Vialidad hasta los casos ‘Cuadernos’, ‘Hotesur’, ‘Los Sauces’ y los llamados ‘Bolsos de López’, demuestran la urgencia de evitar que futuros gobiernos utilicen el indulto como herramienta política para garantizar la impunidad”. La diputada resaltó que la transparencia, la ética pública y el respeto a la división de poderes son pilares fundamentales para reconstruir la confianza en la democracia argentina.
La iniciativa también toma como antecedente el artículo 36 de la Constitución Nacional, que ya prohíbe el indulto para autores de delitos contra el orden institucional, y propone igual tratamiento para los crímenes de corrupción administrativa. La propuesta se alinea además con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción y defensa del interés público.
“La sociedad exige que los hechos de corrupción tengan consecuencias reales; con esta reforma, ningún presidente podrá volver a perdonar a los responsables”, concluyó Giudici.